Ángel Lenin Chávez Guzmán

Expediente 833/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
833/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Ángel Lenin Chávez Guzmán
  • Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES.

  4. Principal

    NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 833/2019, promovido por ., contra actos de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2 del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Boca del Río, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS: I. La Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2del Servicio de Administración Tributaria. II. Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en México.. COMO EJECUTORAS: I. Sucursal número 5918 de la Institución Bancaria BBVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA, con domicilio en. Córdoba, Veracruz. ACTO QUE SE RECLAMA: Congelamiento e inmovilización total de la cuenta bancaria de nómina abierta a mi nombre identificada como: BANCO: BBVA S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA. NO. DE CUENTA: . SUCURSAL: . SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el que por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda bajo el número 833/2019; por ende, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. AMPLIACIONES DE DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, . amplió su demanda respecto de las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS: I. La Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2 del Servicio de Administración Tributaria. II. Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en México.. COMO EJECUTORAS: I. Sucursal número 1255 de la Institución Bancaria BANCOPPEL S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, con domicilio en. Cuitláhuac, Veracruz. ACTO QUE SE RECLAMA: Congelamiento e inmovilización total de la cuenta bancaria de nómina abierta a mi nombre identificada como: BANCO: BANCOPPEL S.A. Institución de Banca Múltiple. NO. DE CUENTA: . SUCURSAL: . En auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la ampliación de demanda, por lo que, entre otras cosas, se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados. Por otra parte, en proveído de treinta de enero de dos mil veinte, también se tuvo al quejoso, . ampliando su demanda respecto del oficio . de dos de octubre de dos mil diecinueve, signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2 del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Boca del Río, Veracruz; por ende, se le requirió su informe justificado. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguida la secuela procesal, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y sus ampliaciones se advierte que el quejoso reclama: a) De la 1. Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2, con sede en Boca del Río, Veracruz, y de la 2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México: I) La orden de inmovilización de la cuenta bancaria número ., aperturada en BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, contenida en el oficio ., de seis de agosto de dos mil diecinueve. II) La orden de inmovilización de la cuenta bancaria número ., aperturada en BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, contenida en el oficio . de seis de agosto de dos mil diecinueve. b) De 3. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y de 4. BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple:  La ejecución de las órdenes de inmovilización señaladas en los incisos I) y II). c) De la 5. Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2, con sede en Boca del Río, Veracruz:  El oficio ., de dos de octubre de dos mil diecinueve, en el que, entre otras cosas, se comunicó al inconforme la inmovilización de su cuenta bancaria ., aperturada en BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, 2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, precisados en el inciso a) del considerando anterior, así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y la autoridad de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2, con sede en Boca del Río, Veracruz, 3. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y 5. Administradora Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", con sede en Boca del Río, Veracruz, precisados en los incisos a), b) y c), del considerando segundo del presente fallo, así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de los oficios . , de seis de agosto y dos de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente (que contienen los actos reclamados), remitidas por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2, con sede en Boca del Río, Veracruz; las cuales cuentan con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de un documento documentos público expedido por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por otra parte, se tiene por cierto el acto de ejecución que se reclama de la autoridad responsable, 4. BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, toda vez que fue omisa en rendir su informe justificado no obstante que se encontraba debidamente notificada para ello; por lo que procede presumir cierto el acto que se le atribuye en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; máxime que de las constancias que obran en presente sumario se desprende que la autoridad ordenadora hizo de su conocimiento la inmovilización de la cuenta bancaria de que se trata, para que en el ámbito de sus competencias ejecutara las consecuencias de dicho acto. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden de las constancias remitidas por las autoridades responsables en vía de informe, las cuales cuentan con el valor probatorio precisado en el considerando inmediato anterior, a saber: EN RELACIÓN CON LA CUENTA BANCARIA DE BBVA BANCOMER. 1. Por oficio ., de seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 125-126), emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el Subadministrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2, con sede en Boca del Río, Veracruz, solicitó a BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, entre otras cosas, llevara a cabo la inmovilización y/o transferencia hasta por la cantidad de $86,557.00 (ochenta y seis mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), a favor de la Tesorería de la Federación, sobre alguna cuenta(s) a nombre del deudor, .; lo anterior, se dijo, a fin de garantizar el cobro de diversos créditos fiscales que derivaron de los procedimientos ., seguidos en su contra. 2. Mediante oficio de veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 124), BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, comunicó a la citada autoridad recaudadora que, en atención a lo solicitado, llevó a cabo la inmovilización de la cuenta bancaria ., registrada a nombre del citado . 3. Por oficio ., de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 110 -112), la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", con sede en Boca del Río, Veracruz, comunicó al deudor, ., la inmovilización de la cuenta bancaria de referencia; oficio que le fue notificado al inconforme el ocho de octubre siguiente.  EN RELACIÓN CON LA CUENTA BANCARIA DE BANCOPPEL. 4. Por oficio ., de seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 237- 238), emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el Subadministrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", con sede en Boca del Río, Veracruz, solicitó a BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, entre otras cosas, llevara a cabo la inmovilización y/o transferencia hasta por la cantidad de $86,557.00 (ochenta y seis mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), a favor de la Tesorería de la Federación, sobre alguna cuenta(s) a nombre del deudor, .; lo anterior, se dijo, a fin de garantizar el cobro de diversos créditos fiscales que derivaron de los procedimientos ., seguidos en su contra. 5. Mediante oficio de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 236), BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, comunicó a la citada autoridad recaudadora que, en atención a lo solicitado, llevó a cabo la inmovilización de la cuenta bancaria . registrada a nombre del citado .. 6. Por oficio .de dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 239-231), la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz 2, con sede en Boca del Río, Veracruz, comunicó al deudor, ., la inmovilización de la cuenta bancaria de referencia; oficio que le fue notificado al inconforme el once de noviembre de dos mil diecinueve. SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no haber agotado la parte quejosa, previamente a acudir al amparo, el recurso de revocación o bien juicio contencioso administrativo federal, con el que podía obtener la nulidad de los actos reclamados. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tal principio ordena que antes de promover el juicio de amparo se debe agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión; pues de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en virtud de que a aquél debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse en sede ordinaria. En ese entendido, los requisitos con los que se integra la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; y e) Que para la procedencia de la suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo ni un plazo mayor para otorgarla. Es pertinente indicar que la disposición normativa de mérito, en su párrafo segundo, también prevé excepciones al mencionado principio de definitividad, a saber: cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Precisado lo anterior, en el caso, se cumple la condición requerida en el inciso a), dado que los actos reclamados fueron emitidos por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "2", con sede en Boca del Río, Veracruz y su Titular; de ahí que es evidente que se trata de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En cuanto a la condición exigida en el inciso b), relativa a que contra los actos reclamados proceda algún medio de defensa legal, también se cumple. Es así, toda vez que en contra de los actos reclamados, resulta procedente en forma optativa el recurso de revocación, o bien, el juicio contencioso administrativo. Para corroborar dicha tesis, resulta pertinente citar el contenido de los artículos 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación -aplicables al caso- que establecen: "Del recurso de Revocación Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a). Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c). Dicten las autoridades aduaneras. d). Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c). Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código.... Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." "Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación." Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo." De lo anterior se desprende, en lo que trasciende, que el artículo 116 del código tributario establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal ahí precisados, se podrá interponer el recurso de revocación; y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa; asimismo, establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el numeral 21 de dicho ordenamiento; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley o determinen el valor de los bienes embargados; y afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 del mismo Código. Asimismo, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, siendo por regla general, de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado; lo anterior, salvo la excepción prevista en el artículo 127 del mismo ordenamiento, que establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé como excepción a la mencionada regla general de procedencia, que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Luego, como se advierte del contenido de los numerales invocados, la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en los términos y plazos que ya han quedado precisados, ya que se trata de un acto emitido dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Por tanto, ante la determinación de la autoridad administrativa de inmovilización de las cuentas bancarias, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo; sin embargo, este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se advierte del artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.1 En ambos casos, esto es, en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se invoca a continuación: Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: 1 Artículo 2°. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo anterior se sigue que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse, de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. Es pertinente mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en la Ley de Amparo. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), localizable en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Luego, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios. Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares. En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de ese acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. En tales condiciones, en la vía contenciosa administrativa federal los contribuyentes pueden impugnar las resoluciones de inmovilización de los recursos en sus cuentas bancarias, aun cuando aleguen que no les fueron debidamente notificadas, tal como se desprende del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.2 2 "Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes: I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. Conforme a lo anterior, se concluye que en el caso, a través del recurso de revocación o bien del juicio contencioso administrativo federal, los actos reclamados en este juicio previamente destacados, que se refieren a la inmovilización de la cuenta bancaria de la impetrante, pueden ser modificados, revocados o nulificados, al derivar del ejercicio de facultades de la autoridad para hacer efectivos diversos créditos fiscales a cargo de la quejosa. En cuanto a las condiciones mencionadas en los incisos d) y e), consistentes en que puedan suspenderse los efectos de los actos reclamados y que para la procedencia de la suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo ni un plazo mayor; éstos se cumplen, pues como ya quedó precisado, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, y la diversa reforma de trece de junio de dos mil dieciséis), no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se citan a continuación: La jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), localizable en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida. SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." La jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), localizable en la página 1194, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Finalmente, la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), visible en la página 1377, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. Cabe señalar, además, que en el caso no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la última parte del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues, en principio, los actos reclamados no carecen de fundamentación; en razón de que en ellos se citaron los preceptos legales en los que las responsables basaron sus determinaciones. Tampoco se actualiza la excepción consistente en que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues de la demanda de amparo y sus ampliaciones, se advierte que el inconforme también sostiene la trasgresión de diversas disposiciones secundarias. De igual forma, es pertinente señalar que el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, están previstos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que tampoco se actualiza el último supuesto de excepción de la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Al respecto, se invoca como apoyo la jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución de las ordenes de inmovilización de cuentas bancarias que se atribuyó a las autoridades responsables, 3. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y 4. BanCoppel, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, toda vez que no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia de las citadas órdenes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Finalmente, es pertinente indicar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario analizarlas, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 833/2019 promovido por ., contra los actos y las autoridades precisadas en los resultandos primero y tercero, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo....

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