Ángel Hilario Cruz Zepeda

Expediente 399/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
399/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Hilario Cruz Zepeda
  • Mara Patricia del Bosque Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno único del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno único del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Notifíquese.

  3. Principal

    SÉPTIMO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Son jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En la primera parte del único concepto de violación, el quejoso manifiesta que el juez responsable viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque debió reducir la pensión alimenticia provisional decretada a favor de María Patricia del Bosque Macías, en representación de su menor hijo de iniciales S.D.B.C., pues omitió atender que la actora en su demanda manifestó que el demandado en ocasiones tiene un ingreso que fluctúa entre los setecientos pesos y mil setecientos pesos, por semana, por lo que, dice, si la pensión alimenticia fijada en un salario mínimo, aritméticamente a la semana asciende a mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con ocho centavos, es imposible subsistir con la diferencia de doscientos cuarenta y siete pesos con noventa y dos centavos, para solventar sus gastos personales. Lo expuesto a ese respecto resulta infundado, porque el juez natural sí analizó la constancia referida por el impetrante, pues en relación con ello expresó: "En ese sentido tenemos que el recurrente refiere que es desproporcional la medida pues como lo refiere la accionante sus ingresos del recurrente asciende de setecientos pesos 00/100 M.N. a mil setecientos pesos 00/100 .M.N., del cual es inferior a la medida provisional, sin embargo no exhibe medio de prueba con el cual justifique sus ingresos, pues si bien refirió la accionante que sus ingresos ascendían a las cantidades ya citadas, siendo estos al momento en que vivían juntos, sin embargo no se advierte que los mismos sean por dicha cantidad, pues únicamente el recurrente se limita a referir que labora en Ciudad Guzmán centro del municipio de Zapotlán el Grande del Estado de Jalisco, sin que refiera a cuánto ascienden sus ingresos, por ende no se puede decir que dicha medida sea desproporcional a sus posibilidades económicas." De la transcripción anterior se observa que el juez natural sí analizó el argumento de que la actora, en su demanda, expresó que el demandado tenía un ingreso que fluctúa entre los setecientos pesos y mil setecientos pesos, por semana; respecto de lo cual señaló que esa manifestación de la accionante se refirió al ingreso de cuando vivían juntos, y que el recurrente no indicó a cuánto ascienden sus ingresos ni exhibió prueba con la que justificara, sino que se limitó a indicar que labora en Ciudad Guzmán, Centro del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que no se podía considerar que sus posibilidades económicas sean elevadas. Determinación que se encuentra ajustada a derecho, pues en efecto, la accionante hizo referencia a los ingresos que percibía el recurrente cuando vivían juntos; y el propio inconforme indicó que labora en Ciudad Guzmán Centro del municipio de Zapotlán el Grande del Estado de Jalisco, y que no se conoce a cuánto ascienden sus ingresos, por lo que la autoridad responsable debía fijar discrecionalmente el monto de la pensión, tomando como base, por lo menos, un salario mínimo diario, pues es el que se considera suficiente para sufragar los gastos elementales que comprende el concepto de alimentos, acorde al principio de proporcionalidad, que debe atender a las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor. De ahí que sus argumentos resulten infundados. En lo conducente, se invoca como apoyo la tesis (...) En otra parte del único concepto de violación el quejoso manifiesta que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque la autoridad inobservó que la actora no ofreció gastos alimentarios del menor. Lo expuesto a ese respecto resulta infundado, porque la actora sí ofreció pruebas, las cuales fueron valoradas por el juez responsable, consistentes en el acta de nacimiento y tickets de compra, quien determinó que con ellas se acreditó el vínculo familiar y los gastos que ha realizado. En la última parte del único concepto de violación el quejoso, manifiesta que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque a pesar de que su nombre completo es Ángel Hilario Cruz Zepeta, en autos se hace referencia a él como Hilario Cruz Zepeta. Lo que resulta jurídicamente ineficaz, toda vez que del análisis integral de la resolución reclamada se advierte que es él quien tiene el carácter de padre del menor, y dado que ya compareció al juicio, esta en aptitud de formular la aclaración correspondiente a efecto de que su nombre se asiente de la manera completa. De ahí la ineficacia de su argumento, pues no se advierte que por no asentarse el nombre completo se le hubiere causado agravio alguno. Resulta aplicable, por su sentido, la tesis (...) En consecuencia, al ser jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer, y no advertirse queja deficiente que suplir que amerite la tutela constitucional, lo procedente es negar el amparo solicitado. Cobra aplicación la jurisprudencia (...) OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada, hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tienen por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor, es de resolverse y se RESUELVE. ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a *********, contra el acto reclamado del Juez Sexto de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por las razones expuestas en el séptimo considerando de este fallo. Publíquese esta sentencia con los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada, electrónicamente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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