Ángel Husseinm Alonso Gil
Expediente 102/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel Husseinm Alonso Gil
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de ocho de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO... Número de expediente: 102/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos reclamados al juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno y regístrese con el número 102/2019. La demanda de amparo DEBE DESECHARSE DE PLANO por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. En efecto, pues en el caso se estima se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Es así, porque del análisis de la demanda de garantías se advierte, la parte quejosa reclama del juez Cuarto de Distrito en el Estado, el auto de once de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, mediante el cual, se decretó la apertura de la dilación probatoria, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte demandada; asunto donde, como lo refiere el quejoso en el ocurso de cuenta bajo protesta de decir verdad, dada la cuantía reclamada, no procede el recurso de apelación. En ese sentido, al ser parte en el juicio de origen (demandado), se encuentra obligado a agotar el principio de difinitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió impugnar el auto hoy reclamado mediante el recurso de revocación a que se refieren los artículos 1334 y 1335, del Código de Comercio, que disponen: Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. De ahí que al no agotar la parte agraviada previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, incisos a, b y c, de la Ley de Amparo, se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada, y por ende, conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Sin que obste resolver en los términos apuntados, que el precepto 1334, del Código de Comercio, disponga que los autos que no fueren apelables "pueden" ser revocados por el juez que los dictó, pues ello no implica, que sea potestativo para el gobernado interponer dicho recurso, ya que tal optatividad debe entenderse como la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, mas no que pueda elegir entre la vía ordinaria de defensa y la extraordinaria del amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 355, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y si Gaceta, Novena Época, que dice: RECURSOS ARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. La causal de improcedencia invocada se hace extensiva al diverso acto reclamado al actuario adscrito al juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, consistente en la notificación del acuerdo impugnado, pues al ser ********************, parte demandada en el juicio de origen, tiene a su alcance los medios ordinarios para combatir la misma, como en el caso sería el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 319 y 320, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, previo a la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y para los mismos efectos a las personas que refiere, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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