Ángel Husseim Alonso Gil
Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel Husseim Alonso Gil
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de nueve de enero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos diversos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO... Número de expediente: 28/2019 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Ángel Husseinm Alonso Gil contra el acto reclamado al juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 28/2019. Una vez examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: [.] V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". En forma previa, cabe mencionar que el segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. En ese tenor, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en la parte conducente del acuerdo de doce de diciembre del año pasado, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 38/2018, en el que el juez responsable desechó la prueba de informes a cargo del Fiscal General del Estado, toda vez que la parte demandada, aquí quejosa, no expresó claramente el hecho que trata de demostrar o las razones por las cuales ese medio de convicción guarda vínculo alguno con el asunto. Por tanto, tal determinación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del impetrante una ejecución que sea de imposible reparación. Se afirma lo anterior, porque dicho acuerdo reclamado constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse afecte derechos sustantivos, la cual puede desaparecer si el agraviado obtiene una sentencia favorable, y en caso adverso, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, impugnable a través del juicio de amparo directo, en términos del arábigo 172, fracción III, citado. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, como requisito primordial se requiere que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado; en caso contrario, el mismo se torna improcedente, como acontece en la especie. Lo antes expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página: 53, Núm. 65, Mayo de 1993, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". El criterio judicial que precede resulta aplicable al caso aunque haya sido integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, dado que no se opone a la nueva ley de la materia; incluso, el numeral 159 que interpreta es equivalente al arábigo 172 de la actual norma que regula la tramitación del juicio de garantías. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el arábigo 113 del propio ordenamiento en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados, sin las facultades del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que designa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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