Angel Humberto Chavez Gastelum

Expediente 1730/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1730/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Angel Humberto Chavez Gastelum

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, la razón mediante la cual la actuaria Judicial adscrita, asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el auto de siete de noviembre del año en curso, por los motivos que expone. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el proveído de siete de noviembre del año en curso y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional y en un lugar visible. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese. AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Agustín Solís en favor de Ángel Humberto Chávez Gastelum, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1730/2022-V. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Incomunicación; Segregación; Aislamiento; Todo tipo de tortura, ya sea física, emocional o psicológica; Malos tratos; Decomiso de objetos personales, incluyendo los de asistencia básica para su persona como son: pasta de dientes, shampoo, cobija para taparse del frio; Negativa a realizar actividades o talleres dentro del centro; y Negativa a visita familiar y de locutorios. Tal precisión se realiza con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." DESECHAMIENTO. En ese orden, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente se hacen consistir en: Incomunicación; Segregación; Aislamiento; Todo tipo de tortura, ya sea física, emocional o psicológica; Malos tratos; Decomiso de objetos personales, incluyendo los de asistencia básica para su persona como son: pasta de dientes, shampoo, cobija para taparse del frio; Negativa a realizar actividades o talleres dentro del centro; y Negativa a visita familiar y de locutorios. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." La causa de improcedencia de mérito es lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de dictar sentencia. Su finalidad es evitar la emisión de resoluciones contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. En síntesis, para que se verifique la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que exista identidad en los amparos respecto de: quejoso, acto reclamado y autoridades responsables. Ahora bien, constituye un hecho notorio para el suscrito que el promovente promovió diverso juicio de amparo contra los mismos actos reclamados, atribuidos a las misma autoridades responsables, registrado bajo el número 1729/2022-IV, del índice de este órgano de control constitucional, el cual se radicó en esta misma fecha. Al caso se invoca la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (junio de 2007), página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Por ende, se pone en evidencia que en el juicio de amparo 1729/2022-IV, del índice de este Juzgado de Distrito, así como en el que se actúa, a saber, 1730/2022-V, existe litispendencia, toda vez que fueron presentados por el mismo promovente Agustín Solís en favor de Ángel Humberto Chávez Gastelum, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" y otras autoridades. Por ello, en el presente asunto 1730/2022-V, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues se insiste, la parte quejosa se duele de los mismos actos que reclamo en el diverso juicio de amparo 1729/2022-IV, del índice de este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo la tesis I.11o.C.31 K (10a.), de la Décima Época, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo II (febrero de 2019), página 3029, que establece: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, ante la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda promovida por Agustín Solís en favor de Ángel Humberto Chávez Gastelum, por notoriamente improcedente. Estimar lo contrario, es decir, de admitir la demanda, motivaría la proliferación de juicios con identidad en sus partes y litis planteada, arriesgando con ello la seguridad de la institución del amparo, debido a la posible emisión de fallos contradictorios respecto del mismo asunto. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de plano de los actos que reclama y respecto de los que procede, en términos de los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, porque esos actos fueron materia del diverso juicio de amparo 1729/2022-IV, y se concedió la suspensión de plano de aquellos. DOMICILIO PROCESAL. Con sustento en el numeral 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el lugar de reclusión del quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mesa VI OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Consultor Jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por el que devuelve el oficio 33817/2022 dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha representación le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por tanto, reenvíese el oficio en comento por conducto del representante del ejecutivo en el sumario en que se actúa; lo anterior para los efectos legales conducentes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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