Angel Humberto Chavez Gastelum

Expediente 1729/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1729/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Angel Humberto Chavez Gastelum

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se tuvo por no presentada y se concedió la suspensión de plano (artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo en cita aplicado por analogía y apartado 7.4 del Manual para la Organización de archivos vigente). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios firmados por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico, Encargada del Área Médica y Director de Custodia Penitenciaria, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, mediante los cuales rinden su informe de cumplimiento a la suspensión de plano; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan. Por otra parte, vista la razón actuarial, en la que la Actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, hace constar la imposibilidad para notificar al quejoso Ángel Humberto Chávez Gastelum, el auto de siete de noviembre del año en curso, en virtud de que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, le informaron éste fue extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica desde el dos de septiembre de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de una funcionaria investida de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fé, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito, lo que se debe considerar como cierto al tratarse de una servidora pública que tiene fé pública. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Información que además se corrobora del contenido del informe a la suspensión de plano que rindió la Directora General y Presidenta del Comité Técnico, Encargada del Área Médica y Director de Custodia Penitenciaria, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en el que precisó lo siguiente: "En atención a los oficios 38019, 38020, 38021, 38022 y 38023, del índice de ese H. Juzgado, dictados en autos del Juicio de Amparo número 1729/2022-IV, promovido por Agustín Solís en favor de ANGEL HUMBERTO CHÁVEZ GASTELUM, contra actos de las suscritas autoridades; con fundamento en los artículos 5°, fracción II; 126 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, en vía de Informe de Cumplimiento a la Suspensión de plano y de oficio, le comunicamos lo siguiente: .estas autoridades señaladas como responsables, NIEGAN TAJANTEMENTE QUE SEA OBJETO DE DICHOS ACTOS. Toda vez que el doliente EGRESÓ de esta Unidad Administrativa en fecha 02 de septiembre de 2021 mediante oficio SSPC/PRS/1179/2021, lo anterior en virtud de ser extraditado al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ." (Sic) En tales condiciones, toda vez que el quejoso no ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre, en virtud de que fue extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica desde el dos de septiembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminado y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se deja sin efectos la suspensión de plano y de oficio concedida en el presente asunto el siete de noviembre del año en curso, una vez que quede firme el presente proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, lo que se deberá informar a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. DOMICILIO. Como lo solicita el promovente, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado. No así el correo electrónico que indica toda vez que no se encuentra previsto en la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de octubre dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La promulgación del artículo 12, segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; con motivo de su aplicación en el oficio DE/DPSH/DFLV/0358/2021, por el que se determinó que la pensión de viudez solicitada se encontraba en situación de "compatibilidad de pensión", así como las retenciones aplicadas en el documento denominado liquidación de pago previa incorporación a la nómina con folio 15000140219103." Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se resolvió el asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Isidra Luisa Ramos García, por las autoridades y actos citados en el resultando primero de esta resolución, para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia" La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: "(.) a) Deje de aplicar en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el artículo 12, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Deje sin efectos el oficio DE/DPSH/DFLV/0358/2021, de veintisiete de enero de dos mil veintidós, así como todos los actos derivados de la norma reclamada. c) Determine las cantidades que se le deben pagar a la parte quejosa, desde la fecha en que se determinó con derecho a cobro, debidamente actualizadas. d) Especifique las cantidades correctas a pagar por pensión por viudez y las entere a la quejosa de manera íntegra, sin aplicar la limitante prevista en el citado precepto. En el entendido de que resulta incuestionable que todos los actos que se funden en un precepto inconstitucional, son actos derivados de otros que están viciados. Con la particularidad de que el cumplimiento de la presente ejecutoria no implica anular las normas que fueron materia de estudio, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, por lo cual el Presidente de la República, queda exento como autoridad responsable de cumplimiento alguno de este fallo. (.)" Mediante, proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número de promoción 16061, en el cual el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comunicó que había dado cumplimiento total a la sentencia dictada en el presente sumario y anexo el oficio SP/VMHO/1653/2022 de veintitrés de agosto del dos mil veintidós, así como la constancia de notificación de dicho oficio realizada el treinta y uno de agosto de esta anualidad, igualmente informó que se dejó de aplicar lo determinado por el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones para los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asimismo, sin efectos el oficio DE/DPSH/DFLV/0358/2021, y determinó la cantidad que se debía pagar a la aquí quejosa. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho estimara conveniente, por lo que mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, Roberto Velasco Franco, autorizado en términos amplios de la quejosa Isidra Luisa Ramos García, manifestó su conformidad respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Posteriormente, el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estado de México del Instituto Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitó una prórroga de tres días a efecto de remitir la constancia con la cual acreditara haber entregado el título de crédito en favor de la aquí quejosa por la cantidad de $81,191.40 (ochenta y un mil ciento noventa y un pesos 40/100 Moneda Nacional); lo cual aconteció el pasado dieciocho de octubre de la presente anualidad, tal y como obra con las constancias que integran el presente juicio de amparo. En ese orden, analizadas las anteriores circunstancias, este juzgador estima que las autoridades responsables acataron el efecto de la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra totalmente cumplida. En consecuencia, las responsables no incurrieron en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa.

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