Ángel Guadalupe Avila Cervantes
Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ángel Guadalupe Avila Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) y b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y tercero interesada, el acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso ÁNGEL GUADALUPE ÁVILA CERVANTES, no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho (fojas 195 a 206), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ÁNGEL GUADALUPE ÁVILA CERVANTES, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, en funciones de Juez de instrucción, con residencia en esta capital, realizara lo siguiente: "I. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio especial oral familiar 1698/2017, que sobre pago de pensión alimenticia promovió en su contra Karen Stephany Mendoza Sánchez, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos Ángel Donat y Donovan Tadeo, ambos de apellidos Ávila Mendoza, y II. En su lugar, emita una nueva determinación en la que deje intocados todos los razonamientos vertidos en el acuerdo impugnado sobre la admisión y procedencia de la fijación de la pensión alimenticia provisional decretada, pues respecto de los mismos se declararon infundados en una parte los argumentos aducidos en el único concepto de violación de la demanda de amparo; sin embargo, siguiendo los lineamientos trazados en la última parte del considerando que antecede, subsane las omisiones ahí destacadas, esto es, examine nuevamente el monto de la mencionada pensión alimenticia provisional, para lo cual deberá estudiar y valorar, en su integridad, todos los medios de convicción aportados para ese efecto y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que conforme a derecho proceda". Asimismo, en la parte considerativa del referido fallo, se estimó lo siguiente: " Sin embargo, en otro aspecto, como ya se adelantó, son FUNDADOS los diversos argumentos vertidos en el único concepto de violación de la demanda de amparo, los cuales se resumieron en los puntos marcados con los números II y IV, en el sentido de que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en particular, el derecho fundamental de fundamentación y motivación, pues se decretó una cantidad excesiva por concepto de alimentos provisionales a su cargo, ya que en la demanda inicial no se aportó medio probatorio alguno para acreditar sus ingresos, por lo que el juez responsable sólo se basó en el dicho de la accionante, aquí tercera interesada, no obstante que la pensión alimenticia, ya sea provisional o definitiva, debe ser proporcional a la necesidad de quienes deban recibirla, así como a la capacidad del que deba otorgarla, y atento a esto último, él no cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir la suma fijada por el juez; además, como se advierte del auto reclamado en este juicio de amparo, se ordenó glosar al juicio de origen las diligencias de jurisdicción voluntaria 1456/2017, que sobre consignación de alimentos, promovió dicho quejoso, a partir del mes de agosto de dos mil diecisiete, a favor de los referidos menores, donde consta que desde esa época ha aportado la suma de ochocientos pesos quincenales, por concepto de alimentos, porque dicha suma es con la que cuenta para otorgar a sus hijos, lo que no tomó en consideración el juez responsable al fijar la cantidad por concepto de alimentos provisionales. En efecto, el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual el juez responsable decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad Ángel Donat y Donovan Tadeo, ambos de apellidos Ávila Mendoza, por la cantidad equivalente a una medida y media diaria de actualización (UMA), es decir, tres mil seiscientos setenta y cinco pesos con treinta y seis centavos moneda nacional, de manera mensual y quincenal por mil ochocientos treinta y siete pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional, a cargo del ahora quejoso ÁNGEL GUADALUPE ÁVILA CERVANTES, adolece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe revestir, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducidos en expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, es decir, que la decisión alcanzada encuentre sustento, lo que no aconteció en el particular, pues el juez responsable, al emitir dicha determinación y declarar procedente el pago de esa pensión, únicamente se limitó a señalar: (.) De la anterior transcripción se evidencia que el Juez responsable no señaló los motivos que lo condujeron a resolver de esa forma, pues de conformidad con el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en el auto de admisión de la demanda de alimentos, el juez de instrucción deberá fijar de inmediato una pensión provisional equivalente a una unidad de medida y actualización (UMA) diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente. Empero, como ya se dijo, el juez responsable sólo se limitó a señalar que fijaba una medida y media diaria de actualización (UMA), al no deducirse de las pruebas aportadas hasta ese momento, una capacidad económica del obligado alimentario, ni haberse demostrado la manifestación de la promovente, en el sentido de que el mismo percibía la cantidad de veinte mil pesos mensuales, sin manifestar algo más al respecto, no obstante que el numeral antes mencionado dispone que el juez de instrucción deberá fijar de inmediato una pensión provisional equivalente a una unidad de medida y actualización (UMA) diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente. Esto es, el juez responsable fue omiso en precisar, primero, la razón que lo condujo a fijar como prensión provisional alimenticia, una medida y media diaria de actualización (UMA), a favor de los menores de edad, cuando el precepto legal antes mencionado refiere que se deberá fijar una unidad de medida y actualización (UMA) diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas; asimismo, soslayó indicar si la medida y media diaria de actualización que fijó, corresponde a cada uno de los menores, o bien, si es para ambos. Igualmente, el aludido juez, previo a fijar la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, fue omiso en pronunciarse respecto de las constancias que ordenó acumular al juicio de origen, relativas a las actuaciones de las diligencias de jurisdicción voluntaria 1456/2017, del índice del propio órgano jurisdiccional responsable, que sobre consignación de alimentos promovió el aquí quejoso a favor de sus menores hijos, a efecto de que, ponderando las mismas con los diversos medios de convicción ya existentes, estuviera en condiciones de determinar si la suma que fijó como pensión alimenticia provisional, era suficiente para cubrir las necesidades apremiantes de los menores, así como si la misma estaba dentro de las posibilidades de quien debe otorgarla (deudor alimentario) (.) (fojas 203 a 204 vuelta). 2) Por auto de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 217 a 218) se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, en funciones de Juez de instrucción, con residencia en esta capital, para que procediera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) En proveído de dieciocho de septiembre de la presente anualidad se tuvo a la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta capital, en su calidad de autoridad sustituta, a efecto de realizar los trámites relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente juicio de garantías y, por ende, se le requirió para que procediera a dar cumplimiento a la misma (foja 225). 4) Mediante oficio 2451/2018, presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado (foja 230), la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del procedimiento especial oral familiar 1131/2018, anteriormente 1698/2017, en el cual ordenó dejar insubsistente el diverso acto del veintitrés de enero de dos mil dieciocho, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió uno nuevo, el cual es del tenor siguiente: "Morelia, Michoacán, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Dada cuenta con el estado procesal que guardan el especial oral número 1131/2018 anteriormente 1698/2017, sobre alimentos, promovido por Karen Stephany Mendoza Sánchez, frente a Ángel Guadalupe Ávila Cervantes, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo número 210/2018-II, promovido por el quejoso Ángel Guadalupe Ávila Cervantes, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, contra actos de esta autoridad, consistente en el auto de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho: Con el fin indicado se precisa que se concedió el amparo y protección de la justicia federal con los fines siguientes: (.). En consecuencia, como primer punto, expresamente se deja insubsistente el proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento en el que se actúa. Con la plenitud de jurisdicción concedida por el juez federal, se procede a emitir un nuevo auto en substitución del que constituyó el acto reclamado, atendiendo estrictamente las consideraciones expuestas en la ejecutoria que se cumplimenta, en los términos siguientes: (.). Medidas cautelares. Alimentos provisionales. El artículo 443, del Código Familiar, reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario. Por su parte, el artículo 462 del ordenamiento invocado, establece que para decretar alimentos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba de darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. En autos se han acreditado los requisitos a que se refiere el numeral en estudio. I. El título por virtud del cual se pide alimentos: Para justificar lo anterior, la actora Karen Stephany Mendoza Sánchez exhibió el siguiente instrumento público: 1. Acta de nacimiento de Donovan Tadeo Ávila Mendoza. 2. Acta de nacimiento de Ángel Donat Ávila Mendoza. A las constancias del registro civil citada (sic) la suscrita le concede valor pleno, en uso de su libre apreciación de la valoración de la prueba que impera en materia familiar, con fundamento en los artículos 21, 22, 23, 1008, 1042 y 1043 del Código Familiar, en vinculación con los numerales 14 y 20, fracción XX de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado, 8°, 9°, 30 y 34 del Reglamento del Registro Civil del Estado; expedida por funcionario del Estado, a quien le corresponde autorizar y extender certificaciones en formatos especiales las actas que les sean solicitadas conforme a la reglamentación correspondiente. Medios de convicción con los cuales se acredita el derecho por parte Donovan Tadeo y Ángel Donat, ambos de apellidos Ávila Mendoza, de recibir alimentos a cargo de Ángel Guadalupe Ávila Cervantes y de Karen Stephany Mendoza Sánchez, de conformidad con los artículos 443, 444, 445 y 446 del Código Familiar, que disponen que los padres deben proporcionar alimentos a sus hijos, quienes, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, están incorporados al domicilio de la madre, la segunda de los nombrados. II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos. Si bien es cierto, hasta ese momento se desconoce fehacientemente el monto de las percepciones económicas que obtiene Ángel Guadalupe Ávila Cervantes, no menos cierto es que, no existen medios de prueba que indiquen que se encuentra afectado en sus capacidades físicas y mentales y por ende, debe afirmarse que está en aptitud de realizar un trabajo remunerado que le permita cumplir con su obligación alimentaria para con sus descendientes menores de edad. III. El tercer requisito del numeral en estudio, es decir, la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Se encuentra plenamente acreditada con el acta de nacimiento de los menores de edad antes citados, y como consecuencia de ello se presume su necesidad de necesitar (sic) alimentos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 452, del Código Familiar. En ese tenor, para graduar el monto de la pensión que debe fijarse a favor de los multicitados menores de edad, se considera lo siguiente: En autos no existen medios de convicción que permitan a la suscrita juzgadora conocer plenamente los ingresos del obligado alimentista Ángel Guadalupe Ávila Cervantes; la demandante afirma que labora como repartidor en una frutería denominada Nachito y/o San Nachito, pero hasta ahora no se ha recabado el informe de las percepciones salariales. Además, de acuerdo con el dicho de la demandante el obligado alimentista realiza una actividad remunerada (repartidor), y de acuerdo con las actuaciones acumuladas al procedimiento de cuenta, el obligado alimentista ha venido consignando para sus descendientes menores de edad la suma mensual promedio de $1,600.00 mil seiscientos pesos. De ahí que, por ahora, se estime justo y proporcional imponer como pensión alimenticia provisional a favor de los niños Donovan Tadeo y Ángel Donat, ambos de apellidos Ávila Mendoza, la suma equivalente a medio valor MENSUAL la Unidad de la Medida y Actualización (UMA) para cada uno de ellos, es decir, la suma de $1,225.12 mil doscientos veinticinco pesos con doce centavos, para cada uno, considerando que el valor mensual de esa medida lo es por la suma de $2,450.24 dos mil cuatrocientos cincuenta pesos con veinticuatro centavos. Lo anterior con la puntualización que la medida provisional que ahora se decreta, será revisada y podrá modificarse (disminuir o incrementar e incluso cancelar, en los supuestos de ley) si se justifica la necesidad de hacerlo, atendiendo al interés superior de los menores de edad beneficiarios de la misma, y ponderando que se decreta con las circunstancias que imperan a la fecha de la presentación de la demanda (.)". Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo reclamado de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio especial oral familiar 1698/2017, actualmente 1131/2018, que sobre pago de pensión alimenticia promovió Karen Stephany Mendoza Sánchez, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos Ángel Donat y Donovan Tadeo, ambos de apellidos Ávila Mendoza, en contra del quejoso y, en su lugar, emitió una nueva determinación en la que dejó intocados todos los razonamientos vertidos en el acuerdo impugnado sobre la admisión y procedencia de la fijación de la pensión alimenticia provisional decretada y examinó nuevamente el monto de la pensión alimenticia provisional, siguiendo los lineamientos trazados en el fallo protector, subsanando las omisiones ahí destacadas, para lo cual estudió y valoró, en su integridad, todos los medios de convicción aportados para ese efecto y, con libertad de jurisdicción, resolvió de manera fundada y motivada lo que conforme a derecho estimó procedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Sandra Eunice Merino Montoya, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio 2451/2018, signado por la Juez Quinto Familiar Oral, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y adjunta las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio 1928/2018, signado por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, en funciones de Juez de Instrucción, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que es al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a quien en su calidad de autoridad sustituta, corresponde realizar los trámites relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente juicio de garantías, en razón a que por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de ocho de agosto de dos mil dieciocho, se determinó la especialización y cambio de denominación de los Juzgados Tercero y Cuarto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. En tal virtud, téngase al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en su carácter de autoridad sustituta, a quien en lo subsecuente se ordena realizar las notificaciones. Atento a lo anterior, requiérase a esta última autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación al punto especificado de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir: ".a fin de restituir al quejoso ÁNGEL GUADALUPE ÁVILA CERVANTES, en el goce de sus derechos, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, en funciones de juez de instrucción, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá: I. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio especial oral familiar 1698/2017, que sobre pago de pensión alimenticia promovió en su contra Karen Stephany Mendoza Sánchez, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos Ángel Donat y Donovan Tadeo, ambos de apellidos Ávila Mendoza, y II. En su lugar, emita una nueva determinación en la que deje intocados todos los razonamientos vertidos en el acuerdo impugnado sobre la admisión y procedencia de la fijación de la pensión alimenticia provisional decretada, pues respecto de los mismos se declararon infundados en una parte los argumentos aducidos en el único concepto de violación de la demanda de amparo; sin embargo, siguiendo los lineamientos trazados en la última parte del considerando que antecede, subsane las omisiones ahí destacadas, esto es, examine nuevamente el monto de la mencionada pensión alimenticia provisional, para lo cual deberá estudiar y valorar, en su integridad, todos los medios de convicción aportados para ese efecto y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que conforme a derecho proceda.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa a la autoridad responsable, por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 226, XI, Marzo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCIÓN DE LA. Si la autoridad contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra causa, tiene el carácter de responsable la que se avoca el conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución materia de la demanda". Asimismo, hace del conocimiento que el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar del mismo Distrito Judicial, cambio de denominación para ahora, quedar como Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, ello en razón a la determinación tomada en el acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho que aprueba el dictamen relativo a la modificación de especialización y denominación de los Juzgados Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, a fin de que conozcan exclusivamente de los procedimientos orales familiares establecidos en el Código Familiar del Estado. NOTIFÍQUESE.
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MORELIA, MICHOACÁN, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de veinte de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ángel Guadalupe Ávila Cervantes; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación al punto especificado de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir: ".a fin de restituir al quejoso ÁNGEL GUADALUPE ÁVILA CERVANTES, en el goce de sus derechos, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar, en funciones de juez de instrucción, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá: I. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, pronunciado dentro del juicio especial oral familiar 1698/2017, que sobre pago de pensión alimenticia promovió en su contra Karen Stephany Mendoza Sánchez, por sí y en cuanto representante de sus menores hijos Ángel Donat y Donovan Tadeo, ambos de apellidos Ávila Mendoza, y II. En su lugar, emita una nueva determinación en la que deje intocados todos los razonamientos vertidos en el acuerdo impugnado sobre la admisión y procedencia de la fijación de la pensión alimenticia provisional decretada, pues respecto de los mismos se declararon infundados en una parte los argumentos aducidos en el único concepto de violación de la demanda de amparo; sin embargo, siguiendo los lineamientos trazados en la última parte del considerando que antecede, subsane las omisiones ahí destacadas, esto es, examine nuevamente el monto de la mencionada pensión alimenticia provisional, para lo cual deberá estudiar y valorar, en su integridad, todos los medios de convicción aportados para ese efecto y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que conforme a derecho proceda.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa a la autoridad responsable, por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". NOTIFÍQUESE.
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