Ángel Gómez Tovar

Expediente 105/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
105/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Ángel Gómez Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, a través del cual se sobreseyó en el juicio de garantías en que se actúa, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que firme dicho auto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, como resulta innecesario que obren dentro de los autos las constancias relativas a las copias certificadas de la causa penal 113/2015, que remitió el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, a través del cual se sobreseyó en el juicio de garantías en que se actúa, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que firme dicho auto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, vistos los autos del presente juicio de amparo, y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Finalmente, como resulta innecesario que obren dentro de los autos las constancias relativas a las copias certificadas de la causa penal 113/2015, que remitió el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...Agréguese el oficio número 871, signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo número 1158/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por ÁNGEL GÓMEZ TOVAR, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Puruándiro, Michoacán y otras autoridades, por el acto que hace consistir en una orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Lo anterior, en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de garantías promovida por el citado quejoso, dado que el acto que se reclama en dicha demanda tiene relación estrecha con el diverso juicio de amparo 43/2016-III, del índice de este Juzgado, toda vez que el acto reclamado en el citado juicio deriva de la misma causa penal 113/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Puruándiro, Michoacán, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y dado que efectivamente existe una estrecha relación de los citados juicios de amparo; por tanto, este Juzgado SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo. Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número 105/2018 y dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le confiere la Ley. Sin que sea el caso admitir la demanda, porque ya fue admitida por el Juzgado declinante, ni requerir a las autoridades responsables su informe de ley, toda vez que los mismos ya obran en autos. Sin embargo, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; De donde se desprende que, para que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del mencionado dispositivo 61 de la Ley de la materia, se requiere que el nuevo juicio de amparo se promueva: a) Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Por el mismo quejoso; c) Contra las mismas autoridades responsables; y d) Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ello es así, en razón a que de autos se advierte que el aquí quejoso ÁNGEL GÓMEZ TOVAR, mediante escrito presentado con fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en esa misma fecha, promovió juicio de amparo indirecto, en donde señaló como autoridades y actos reclamados los siguientes: Al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán:  La orden de aprehensión dictada en su contra. Al Comandante de la Policía Ministerial Investigadora, con sede en Puruándiro, Michoacán, y Jefe de Grupo de la Dirección de Antisecuestros y extorsión de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad: La ejecución de la citada orden de aprehensión. Demanda de garantías que fue admitida por la citada autoridad jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil diecisiete. Al rendir su informe justificado, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, aceptó la existencia de los actos reclamados, en razón a que dentro del proceso penal 113/2015, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince se libró una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ÁNGEL GÓMEZ TOVAR, por el delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 236, párrafo primero, del Código Penal del Estado. Ahora bien, de las constancias del diverso juicio de garantías 43/2016-III, del índice de este juzgado, que constituyen un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ÁNGEL GÓMEZ TOVAR presentó demanda de garantías; ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, en la que señaló como acto reclamado la orden de aprehensión atribuida a los Jueces de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, así como al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, y su ejecución, atribuida a diversas autoridades, misma que fue turnada con esa misma fecha a este Juzgado Noveno de Distrito. b) En acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis se admitió a trámite dicha demanda, la cual se registró bajo el número 43/2016-III. c) Al rendir su informe de ley, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Puruándiro, Michoacán, manifestó que son ciertos los actos reclamados, en razón a que dentro del proceso penal 113/2015, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince se libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ÁNGEL GÓMEZ TOVAR por el delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 236, párrafo primero, del Código Penal del Estado. d) Por resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado dictó sentencia definitiva, en la que respecto de los actos reclamados a los jueces de primera instancia en materia penal, con residencia en esta ciudad, se decretó el sobreseimiento del juicio y por lo que ve a la orden de aprehensión y su ejecución, reclamada al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, negó el amparo y protección de la justicia federal a ÁNGEL GÓMEZ TOVAR. e) Mediante auto del ocho de agosto de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la citada resolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXII. J/12, consultable en la página 295, Tomo V, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Con base en los antecedentes previamente destacados, se llega a la firme convicción de que en la especie se actualizan los supuestos de la cosa juzgada, ya que tal hipótesis de improcedencia tiene como objeto primordial proporcionar certeza mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. En efecto, el acto ahora impugnado, consistente en la multicitada orden de aprehensión, dictada el dieciocho de diciembre de dos mil quince, dentro del proceso penal 113/2015 y su ejecución, ya fue materia de estudio, en cuanto al fondo, en el juicio de garantías 43/2016-III, del índice de este órgano jurisdiccional, tramitado a instancia del citado impetrante de garantías (también aquí quejoso); de ahí que resulte inconcuso que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar nuevamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la citada orden de aprehensión reclamada y su ejecución. Sustenta lo así considerado, en lo conducente, la tesis XX.95 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 420, Tomo VI, Septiembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir, debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad de la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Por lo que al actualizarse la citada causal, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar fuera de audiencia constitucional el sobreseimiento en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, página 386, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento, que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Resulta aplicable a lo así considerado, la jurisprudencia número 647, visible en la página 434, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Por otro lado, mediante oficio solicítese al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Para tener un mejor manejo del expediente, con el cuaderno de prueba que adjunta la autoridad federal en cita, se ordena abrir un cuaderno de prueba, debidamente identificado, relacionado con el juicio de amparo en que se actúa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 1258, colonia Granjas del Maestro, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Mario Alberto Mendoza González, Daniel Enrique Valle Mendoza y Mario Alberto Mendoza González. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el actuario de este juzgado hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". ...

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