Angel García Villanueva

Expediente 196/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
196/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Angel García Villanueva
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por tanto, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.

  2. Principal

    En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. Por tanto, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado. Ahora, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable remite, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Ángel García Villanueva, por conducto de su apoderado Arturo Sosa García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto de la siguiente autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado." "IV. ACTO RECLAMADO.- justicia expedita y garantía de audiencia (retardamiento en ejecución de laudo), en el expediente laboral número 646/2007, promovido por ÁNGEL GARCÍA VILLANUEVA en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional y Síndico Procurador Municipal respectivamente de Chilapa de Álvarez, Guerrero." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de ejecutar el laudo, que deriva de la falta de acuerdo al escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 646/2007. Al fijar el acto reclamado no se desatiende que el quejoso pretende el análisis directo de la omisión de ejecutar el laudo; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. En ese sentido, para que la autoridad responsable continúe con la siguiente etapa del juicio de origen y pueda ser de análisis mediante el juicio de amparo, es necesario conocer, primero, la respuesta dada por la autoridad laboral sobre la medida solicitada por el apoderado del quejoso para así estar en condiciones de analizar si existe o no la omisión relativa a tal medida. Por tanto, de obtener una hipotética concesión de la protección de la Justicia Federal, ésta solo podría abarcar el acto reclamado como fue señalado. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese sentido, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite a su informe justificado, relativas al expediente laboral 649/2007, se advierte que el once de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó el escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el apoderado del actor en el juicio laboral 646/2007. Por tanto, la omisión que reclama el quejoso de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, porque el once de marzo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable, acordó el escrito presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el apoderado del actor en el juicio laboral 646/2007; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las trece horas del dieciocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 15 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su momento procesal oportuno y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de la Materia, expídase una vez que se dicte la sentencia respectiva las copias fotostáticas certificadas que refiere.

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