Ángel García Villanueva

Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
498/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Ángel García Villanueva
  • Ángel García Villanueva y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este asunto sin que haya hecho manifestación alguna, por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia de oficio con relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. 1. Efectos de la sentencia de amparo. Mediante sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo protección de la justicia federal para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Deje sin efectos el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, a través del cual se declara la prescripción de la ejecución del laudo. Emita una determinación en relación a la prescripción de la ejecución del laudo en la que tome en cuenta que el plazo de dos años con los que contaba el actor para ejecutar el laudo, se interrumpió con motivo de la suspensión de labores de ese tribunal por la pandemia mundial COVID-19, por lo que de manera fundada y motivada deberá determinar si opera o no la prescripción para la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral de origen". 2. Causa ejecutoria y requiere cumplmiento, Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. 3. Trámites de la responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Mediante oficio 11031/2022, remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual dejó sin efectos el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés y determinó que no opera le prescripción de la acción del actor para ejecutar el laudo y ordenó continuar con el procedimiento de ejecución del laudo en su etapa correspondiente 4. Verificación del cumplimiento. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la autoridad responsable acató lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior porque la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, dejó sin efectos el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, a través del cual se declaró la prescripción de la ejecución del laudo y dictó una determinación en relación a la prescripción de la ejecución, en la que tomó en cuenta que el plazo de dos años con los que contaba el actor para ejecutar el laudo, se interrumpió con motivo de la suspensión de labores de ese tribunal por la pandemia mundial COVID-19, argumentando que no opera la prescripción solicitada por la demandada, y ordenó continuar con la ejecución del laudo. 5. Archivo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el este expediente como asunto totalmente concluido. Por tanto, en cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido acuerdo general, el expediente principal es conservable dado que se concedió la protección constitucional. Por tanto, una vez transcurridos tres años, de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, el presente expediente deberá transferirse íntegramente al depósito documental que designe el Área coordinadora de archivos; y se advierte que no obran documentos originales que devolver a las partes. Tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (un legajo de pruebas); en tal virtud, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Paulina Elizabeth Olascuaga Sánchez, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por el cual anexa copia autorizada del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, con el cual informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictado en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copias del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Paulina Elizabeth Olascuaga Sánchez, que da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que las obliga a lo siguiente: "Deje sin efectos el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 646/2007, a través del cual se declara la prescripción de la ejecución del laudo. Emita una determinación en relación a la prescripción de la ejecución del laudo en la que tome en cuenta que el plazo de dos años con los que contaba el actor para ejecutar el laudo, se interrumpió con motivo de la suspensión de labores de ese tribunal por la pandemia mundial COVID-19, por lo que de manera fundada y motivada deberá determinar si opera o no la prescripción para la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral de origen". Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Por tanto, se apercibe a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no obran en autos los acuses de recibo relativos a las notificaciones de los oficios 22584/2023 y 22586/2023, por los que se ordenó notificar a los terceros interesados Ayuntamiento Municipal Constitucional de ******************** y Síndico Procurador de dicha municipalidad, la sentencia de doce de julio de dos mil veintitrés En consecuencia, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, requiérase al Encargado de la Administración Postal de Correos de México de esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que dio a la citada pieza postal que ampara el oficio antes indicado; anexando para tal efecto copia simple de la factura mediante la cual fue depositada. Apercíbase a********************, en su carácter de Encargado de la Administración Postal, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238, y 246 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Notifíquese.

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