Ángel García García
Expediente 645/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel García García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, al que acompaña copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja número 27/2021, promovido por el quejoso ÁNGEL GARCÍA GARCÍA, en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte y devuelve el cuadernillo de copias certificadas relativas al del juicio de amparo 645/2020 del inventario de este Juzgado; acúsese recibo; sin que haya lugar el a glosar cuadernillo de referencia, toda vez que las mismas obran en forma electrónica y pueden ser consultadas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con que al efecto se cuenta. Toda vez que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto, confirmando el auto recurrido, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Decimotercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio y anexos, girado por este órgano jurisdiccional, en relación al recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado, en el que se desechó la demanda de amparo, e informa se admitió a trámite el citado recurso; lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el promovente ÁNGEL GARCÍA GARCÍA; visto su contenido y con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que como se dijo, por acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por el referido quejoso, al que se deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta, así como las copias certificadas conducentes al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno de este Décimo Tercer Circuito, para la sustanciación del recurso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ÁNGEL GARCÍA GARCÍA, contra el acto reclamado a los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 645/2020. La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. En la especie, el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Para demostrar lo anterior, conviene tomar en cuenta que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de la naturaleza de éstas para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse; naturaleza que permite clasificarlas en heteroaplicativas y autoaplicativas. Así, tratándose de normas heteroaplicativas, éstas no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice. Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna. Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica, pues conforme a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. La distinción apuntada, se desprende de los lineamientos contenidos en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno del máximo Tribunal del País, publicada en la página 5, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora bien, el análisis del carácter autoaplicativo o no de una ley corresponde llevarlo a cabo al juzgador, para lo cual debe atender al texto de los ordenamientos tildados de inconstitucionales; por lo que en esas condiciones, no puede dejarse a criterio del quejoso el determinar la naturaleza de las normas cuya inconstitucionalidad se reclama, lo anterior, conforme a la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 220 del volumen 127-132 de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES. IMPUGNACIÓN POR SU SOLA EXPEDICIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la sola expedición, promulgación y publicación de una ley, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de leyes autoaplicativas, como lo señala la tesis de jurisprudencia que con el número 72 que aparece publicada en la página 178 de Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, y dicho carácter autoapliativo no queda a criterio del quejoso, sino que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa." Expuesto lo anterior, debe decirse que el "ACUERDO GENERAL 37/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, RELATIVO AL RETORNO GRADUAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES, ANTE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS "(SARS-CoV-2)", aprobado en sesión extraordinaria de quince de octubre de dos mil veinte (acto reclamado), es de naturaleza heteroaplicativa, esto es, dicho Acuerdo requiere un acto de aplicación concreto para originar una afectación a la esfera de derechos del quejoso, lo que en el caso no acontece, pues del cuerpo de la demanda de amparo no se advierte un acto concreto de aplicación. Cierto, la norma aludida debe generar una afectación jurídicamente relevante, pues la sola entrada en vigor del Acuerdo General, no provoca una afectación al promovente, ya que el mismo se emitió para continuar ampliando la reanudación de más actuaciones por parte de los juzgados o tribunales que integran el Poder Judicial del Estado, pero no la totalidad de las actividades, derivado de la pandemia ocasionada por el Coronavirus (SARS-Cov-2), determinándose lo siguiente: * El retorno gradual, seguro y ordenado de las actividades jurisdiccionales en mayor escala, en específico en materia civil y mercantil, en que se reanudarán la totalidad de actuaciones, los plazos y términos para la prosecución, y decisión de toda clase de juicios. * Para lo cual los jueces valuarán las circunstancias del caso, el entorno prevaleciente en el lugar, las medidas que sean susceptibles de implementar y los medios que se encuentren a su alcance para prevenir todo riesgo de contagio. * Prorrogar la suspensión parcial de las actividades jurisdiccionales hasta el veintinueve de octubre de dos mil veinte, salvo que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca o las autoridades de salud competentes, dispusieran otra cosa; y * La reanudación de la totalidad de las actividades el tres de noviembre de dos mil veinte. Luego, la sola entrada en vigor de dicho acuerdo, no causa una afectación al promovente, pues no se advierte se encuentre en trámite algún procedimiento judicial, y como consecuencia, la forma en que el Acuerdo General podría ser lesivo de algún derecho procesal o sustantivo en su perjuicio; además, que el referido Acuerdo únicamente pretende prever las condiciones óptimas o mejores condiciones, para privilegiar el derecho a la salud y la vida de los servidores judiciales, de los usuarios y de la sociedad en general. Así pues, será hasta que se actualice el acto de aplicación cuando el promovente podrá cuestionar su constitucionalidad, haciendo valer los razonamientos pertinentes. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 3748, Tomo II, Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes del Apéndice 1917-Septiembre 2011, del rubro y texto siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 113 de la invocada Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizado únicamente para esos efectos a la persona que indica, sin gozar de las demás facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, o proporcione el registro correspondiente para realizar su búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Téngase a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos 951 100 41 52 y 951 112 48 84, y el correo electrónico lic_angel@live.com.mx, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Finalmente, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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