Ángel Gabriel Barrios Ramírez
Expediente 303/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel Gabriel Barrios Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), en uso de la firma electrónica vigente; remite el diverso de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio y anexos, girado por este órgano jurisdiccional, en relación al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinticinco de marzo del año en curso, dictado por este Juzgado, e informa se admitió el citado recurso; lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de notificación que antecede, de la que se desprende que el promovente del amparo ÁNGEL GABRIEL BARRIOS RAMÍRES O ÁNGEL GABRIEL BARRIOS RAMÍREZ, ante el actuario de la adscripción manifestó lo siguiente: ". No estoy de acuerdo con la resolución interpongo recurso de queja y solicito remita mi expediente al tribunal colegiado pues mi derecho a la salud es fundamental que reconoce la Constitución por eso considero que es una violación directa a la Constitución y no se debe agotar el procedimiento administrativo. ." En consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho recurso, en contra del auto de veinticinco de marzo del año en curso, mediante el que se desechó de plano la demanda de garantías que dio origen a esta instancia constitucional. Por lo tanto, glósese a los autos una copia de la diligencia de que se trata por la que interpone el recurso, y ríndase el informe con justificación al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, en turno, residente en esta localidad, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que en el acuerdo referido, se desechó de plano la demanda. Informe al que deberá adjuntarse el original y copia de la diligencia de cuenta, así como las copias certificadas conducentes. Asimismo, ya que en la citada diligencia el promovente del amparo solicita se le proporcione un defensor público; en consecuencia, para garantizar el derecho humano del quejoso a una defensa adecuada, remítase a la titular de la Delegación en Oaxaca, del Instituto de Defensoría Pública Federal, copia simple de la demanda, a fin de que se le asigne un defensor federal o asesor jurídico. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1301 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Décima Época, registro: 2020495, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." NOTIFÍQUESE.
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