Angel Franco Fernandez

Expediente 1334/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1334/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Angel Franco Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el sobre devuelto por la oficina de correos de México, que contiene la leyenda "Domicilio Incorrecto" así como el estado procesal que guardan los autos, esto es, que a la presente data no obra en el presente juicio la notificación realizada al tercero interesado Agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa penal JCC/536/2019, respecto de la sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en obvio de mayores dilaciones, por conducto del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCION DE SANCIONES DEL ESTADO, ADSCRITO AL TERCER DISTRITO JUDICIAL DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, MARTÍN EULALIO DOMÍNGUEZ CASARRUBIAS, notifíquese al referido tercero la resolución de mérito; en el entendido de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, deberá remitir a este Juzgado las constancias con las que se acredite la notificación en comento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, en caso de que la autoridad, se encuentre gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no sea posible entregar el oficio respectivo, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que ésta reanude labores, procedan a notificar lo ordenado en el presente auto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve, a la parte tercera interesada MARIA ALICIA AMARO SANVICENTE, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe...SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1334/2019-III, promovido por ********************, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido a este Juzgado el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de dos de octubre dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por conducto del Juez responsable se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen (foja 56). La tercero interesada, MARÍA ALICIA AMARO SANVICENTE, fue emplazada en diligencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 71) Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos es: La resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en autos de la carpeta penal ********************, a través de la cual se decretó auto de no vinculación a proceso a la inculpada ********************por los delitos de abuso de confianza y uso de documento falso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye (foja 28). Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente ********************, así como con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, documentales a los que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Son las causales de improcedencia de estudio oficioso y preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede a su análisis, y de las que quien resuelve advierte de oficio que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición necesaria, que el acto que se ataque en el juicio de amparo sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Precisado lo anterior, resulta importante destacar que el caso, el quejoso es parte ofendida en la carpeta de investigación ********************, y que lo que reclama del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por la que decretó auto de no vinculación a proceso a la inculpada ********************por los delitos de abuso de confianza y uso de documento falso. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 459 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad." "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De dichos preceptos legales, en específico en la fracción VII, se desprende que en contra de las resoluciones del juez de control en las que se resuelva sobre la vinculación a proceso, procede el recurso de apelación. En ese orden de ideas, si el acto en estudio se dictó dentro un procedimiento penal, por una autoridad judicial, resulta inconcuso que previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley de la materia. Ello es así puesto que al aquí quejoso le reviste el carácter de ofendido en la causa de origen, luego entonces es inconcuso que resultaba obligado agotar el principio de definitividad previo a instar la presente acción constitucional, a través de la promoción del recurso de apelación, a fin de estar en condiciones de lograr la revocación o modificación de la determinación de no vinculación a proceso emitida en audiencia de formulación de imputación de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior no obstante que la fracción VII del artículo 467 del Código de Procedimientos Penales establezca que procede apelación en contra del auto de vinculación a proceso y que lo que se reclama en el presente juicio de amparo es el auto de no vinculación a proceso, sin embargo, de la interpretación teleológica y sistemática de los artículos 456 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que el imputado, la víctima y el órgano de acusación cuentan con los mismos medios de impugnación, entre otras prerrogativas, de esta manera la fracción VII del artículo 467 citado conduce a desentrañar que la voluntad del legislador ahí plasmada, fue conceder el mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo proceso penal, de manera que la porción normativa de dicho precepto que dice: "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende a la materia de la decisión provisional y no al sentido de ésta; en otras palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso al imputado, pues de no así, de haría nugatorio el derecho de la víctima u ofendido contemplado en el artículo 20, apartado C, fracción II, de nuestra Carta Magna, el que establece que la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los términos que prevea la ley, y si en el caso, el artículo 467 referido establece que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que tal disposición se refiere a ambos: al auto de vinculación y de no vinculación, el que, como ya se mencionó, no se agotó previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior guarda sustento en la tesis de la Décima Época, de número de registro 2016075, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2081 del siguiente rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.6o.P.99 P (10a.), de número de registro 2016149 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 1382, Libro 51, febrero de dos mil dieciocho, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN Y NO VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 459, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Asimismo, resulta aplicable la tesis IV.2o.P.4 P (10a.), de número de registro 2016075, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en página 2081, Libro 50, enero de dos mil dieciocho, Tomo IV, Decima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES" Asimismo, encuentra sustento lo anterior por identidad de razón la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), de la Décima Época, de número de registro 2011238, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, página 992, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN DEFENSA DE CUALQUIER DERECHO FUNDAMENTAL CONTEMPLADO EN EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO DERECHO HUMANO CONTENIDO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 417 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)" Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan al quejoso de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, puesto que es el ofendido en la causa penal de origen; por lo que estaba en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Máxime que de los artículos 2°, 10, 11 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son de texto siguiente: "Artículo 2°. Objeto del Código Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. . Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. . Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. . Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." Se desprende que el legislador buscó asegurar el acceso a la justicia, con base en el marco constitucional y tratados internacionales, así como establecer los principios rectores del sistema acusatorio oral, dentro de los que se encuentra el de igualdad procesal, que presupone que las partes se encuentran en igualdad en el ejercicio de sus derechos, por lo que deben recibir el mismo trato; de ahí que, si alguna determinación puede causar un agravio a alguna de ellas, ésta se encuentra facultada para recurrirla, como se precisó en la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), de la Décima Época, de número de registro 2011238, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos precedentes. Por tanto, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el recurso de apelación previsto en la legislación penal que rige el juicio natural previo a acudir a esta instancia constitucional. Por ende, al existir plena certeza de que contra el acto reclamado en el presente juico de amparo procede un medio de defensa dentro del procedimiento del que deriva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que conduce a sobreseer en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por cuanto hace al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1334/2019-III, promovido por ********************, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido a este Juzgado el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de dos de octubre dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por conducto del Juez responsable se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen (foja 56). La tercero interesada, MARÍA ALICIA AMARO SANVICENTE, fue emplazada en diligencia de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (foja 71) Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos es: La resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en autos de la carpeta penal ********************, a través de la cual se decretó auto de no vinculación a proceso a la inculpada ********************por los delitos de abuso de confianza y uso de documento falso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ya que al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye (foja 28). Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente ********************, así como con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, documentales a los que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Son las causales de improcedencia de estudio oficioso y preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede a su análisis, y de las que quien resuelve advierte de oficio que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa no agotó, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición necesaria, que el acto que se ataque en el juicio de amparo sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Precisado lo anterior, resulta importante destacar que el caso, el quejoso es parte ofendida en la carpeta de investigación ********************, y que lo que reclama del Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por la que decretó auto de no vinculación a proceso a la inculpada ********************por los delitos de abuso de confianza y uso de documento falso. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 459 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad." "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De dichos preceptos legales, en específico en la fracción VII, se desprende que en contra de las resoluciones del juez de control en las que se resuelva sobre la vinculación a proceso, procede el recurso de apelación. En ese orden de ideas, si el acto en estudio se dictó dentro un procedimiento penal, por una autoridad judicial, resulta inconcuso que previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley de la materia. Ello es así puesto que al aquí quejoso le reviste el carácter de ofendido en la causa de origen, luego entonces es inconcuso que resultaba obligado agotar el principio de definitividad previo a instar la presente acción constitucional, a través de la promoción del recurso de apelación, a fin de estar en condiciones de lograr la revocación o modificación de la determinación de no vinculación a proceso emitida en audiencia de formulación de imputación de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior no obstante que la fracción VII del artículo 467 del Código de Procedimientos Penales establezca que procede apelación en contra del auto de vinculación a proceso y que lo que se reclama en el presente juicio de amparo es el auto de no vinculación a proceso, sin embargo, de la interpretación teleológica y sistemática de los artículos 456 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que el imputado, la víctima y el órgano de acusación cuentan con los mismos medios de impugnación, entre otras prerrogativas, de esta manera la fracción VII del artículo 467 citado conduce a desentrañar que la voluntad del legislador ahí plasmada, fue conceder el mismo derecho de impugnación a las partes involucradas en el nuevo proceso penal, de manera que la porción normativa de dicho precepto que dice: "El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso", atiende a la materia de la decisión provisional y no al sentido de ésta; en otras palabras, la previsión legislativa no debe entenderse exclusivamente en sentido positivo, esto es, que sólo procede contra el auto que determina la vinculación a proceso pues, de ser así, se rompería el principio de igualdad, ya que la exégesis correcta es en ambos sentidos, es decir, la apelación procede tanto contra el auto que vincula como el que no vincula a proceso al imputado, pues de no así, de haría nugatorio el derecho de la víctima u ofendido contemplado en el artículo 20, apartado C, fracción II, de nuestra Carta Magna, el que establece que la víctima o el ofendido tiene derecho a interponer los recursos en los términos que prevea la ley, y si en el caso, el artículo 467 referido establece que es apelable el auto que resuelve la vinculación a proceso, en una interpretación conforme con los citados numerales, debe entenderse que tal disposición se refiere a ambos: al auto de vinculación y de no vinculación, el que, como ya se mencionó, no se agotó previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior guarda sustento en la tesis de la Décima Época, de número de registro 2016075, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2081 del siguiente rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.6o.P.99 P (10a.), de número de registro 2016149 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 1382, Libro 51, febrero de dos mil dieciocho, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN Y NO VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 459, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Asimismo, resulta aplicable la tesis IV.2o.P.4 P (10a.), de número de registro 2016075, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en página 2081, Libro 50, enero de dos mil dieciocho, Tomo IV, Decima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPUGNABLE POR MEDIO DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES" Asimismo, encuentra sustento lo anterior por identidad de razón la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), de la Décima Época, de número de registro 2011238, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, página 992, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN DEFENSA DE CUALQUIER DERECHO FUNDAMENTAL CONTEMPLADO EN EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO DERECHO HUMANO CONTENIDO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 417 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)" Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan al quejoso de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, puesto que es el ofendido en la causa penal de origen; por lo que estaba en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; y, 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Como corolario, es importante precisar que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2003109, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Máxime que de los artículos 2°, 10, 11 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son de texto siguiente: "Artículo 2°. Objeto del Código Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. . Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. . Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. . Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." Se desprende que el legislador buscó asegurar el acceso a la justicia, con base en el marco constitucional y tratados internacionales, así como establecer los principios rectores del sistema acusatorio oral, dentro de los que se encuentra el de igualdad procesal, que presupone que las partes se encuentran en igualdad en el ejercicio de sus derechos, por lo que deben recibir el mismo trato; de ahí que, si alguna determinación puede causar un agravio a alguna de ellas, ésta se encuentra facultada para recurrirla, como se precisó en la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), de la Décima Época, de número de registro 2011238, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos precedentes. Por tanto, al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el recurso de apelación previsto en la legislación penal que rige el juicio natural previo a acudir a esta instancia constitucional. Por ende, al existir plena certeza de que contra el acto reclamado en el presente juico de amparo procede un medio de defensa dentro del procedimiento del que deriva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que conduce a sobreseer en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** por cuanto hace al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En otro aspecto, téngase por realizado el emplazamiento del Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal JCJ/536/2019, encomendado a la autoridad responsable, mediante auto admisorio de dos de octubre del año en curso. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.YARIGH*

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