Angel Evaristo Guerrero Basabe

Expediente 1252/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1252/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
24/08/2015

Partes del expediente

  • Angel Evaristo Guerrero Basabe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    veinticuatro de agosto de dos mil quince. Visto el oficio signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, mediante el cual informa que se radicó y se ordena registrar el incidente de inejecución de sentencia, planteado por este Juzgado de Distrito en virtud del incumplimiento de la ejecutoria de amparo, con el número I.I.S. 68/2015; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito signado por Austelio Adalberto Mendoza Andrade, autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone el recurso de inconformidad contra la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido por el Acuerdo General número General 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año; así como del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modificaron los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y en envió de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunal Colegiado de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece, en el que establece en el punto octavo fracción I, que los amparos en revisión y los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III, del artículo 201 de la Ley de Amparo, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno del Décimo Octavo Circuito del Estado de Morelos. Por otra parte, hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, para la substanciación del medio de impugnación que hace valer el promovente, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios, y fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias que se estimen pertinentes. Se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a las que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanuden labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Delegado del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por el cual solicita se señale fecha y hora para el Actuario en compañía de la parte quejosa se constituya en la Tesorería Municipal a fin de que sea entregado el cheque o bien se señale fecha para que el suscrito comparezca ante este Juzgado para hacer la entrega del cheque a la quejosa; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Atento a su contenido dígase a la autoridad oficiante que se esté sujeto a lo acordado por auto de dieciocho de junio del año en curso, por lo que deberá acatar al mandato ordenado, toda vez que el Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, está obligado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se requiere de nueva cuenta al TESORERO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS (JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA) con domicilio ubicado en Avenida Emiliano Zapata número 16, colonia Centro de Temixco, Morelos, para que en el término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, ponga a la vista de este juzgado el cheque 00001640 de fecha uno de abril de dos mil quince, expedido a favor de Mario Capillo Jiménez, por la cantidad de $7,325.00 (siete mil trescientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de hasta DOSCIENTOS DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Temixco, Morelos (Miguel Ángel Colín Nava) y al Ayuntamiento de Temixco, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Miguel Ángel Tovar Martínez y Regidores Antonio Bautista Gama, Teresita de Jesús Sotelo Arroyo, Roberto Franklin Flores Sánchez, Mariela Rojas Demédicis, Berenice Vázquez Andrade, Patricia Toledo Navarro, Eduardo Horacio López Castro, Dante José a. González Lagunas, Raúl Armando Montesinos Cantillo), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Temixco, Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, obligue a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil quince. Visto el escrito del autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual realiza diversas manifestaciones, solicitando se turnen los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en virtud del incumplimiento de la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, toda vez que a la fecha actual la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; no obstante que fuera de acreditar que se encuentra en vías de cumplimiento, sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, como lo son las prórrogas que solicita sin enviar alguna constancia con la que justifique su solicitud, ocasionando con ello retraso en la impartición de justicia. Asimismo, se advierte que se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo a la autoridad responsable el dieciocho de mayo de dos mil quince, así como, por conducto de su superior jerárquico, sin que se aprecie que a la fecha haya acatado dicho requerimiento. Por lo anterior, este juzgador procede en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán en este acuerdo, en el caso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituye en cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, debe decirse que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 85/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168959 32 de 66 PLENO Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Pág. 589 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 589. COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sentado lo anterior, tenemos que la ejecutoria de amparo es una cosa juzgada cuya ejecución es ineludible por mandato constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé en su artículo 77, que los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber: I.- Notificará a las partes la ejecutoria de la sentencia. II.- Otorgará a la autoridad responsable un plazo de tres días para que cumpla con la ejecutoria, sin perjuicio de que ese plazo se amplíe tomando en cuenta la complejidad o dificultad, pero debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. III.- Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo determinado, hará el pronunciamiento respecto e impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. IV.- Con independencia de la multa, requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con aquélla, bajo el apercibimiento al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de hacerle saber que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. V.- Con independencia de lo anterior, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable no ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 144. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo también prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar del juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el suscrito provee: En el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (LILIANA GARCÍA ORTEGA), para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificada del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no ha demostrado estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso; por lo que por auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, se impuso una multa de cien días, girando oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, quedando controlada dicha multa con el número de crédito H-420017. Ahora, por disposición expresa del artículo 193 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes Agréguese copia al cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse el expediente original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos (LILIANA GARCÍA ORTEGA) con domicilio ubicado en Plaza 10 de abril sin número, colonia centro de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas computados legalmente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, devuelva a la quejosa MARIA DEL CARMEN DE ARECHAVALA TORRESCANA la cantidad de $22,152.62 (veintidós mil ciento cincuenta y dos pesos 62/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, o bien, no acreditar las circunstancias que justifiquen su retraso, con fundamento en los artículos 193, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa que puede ir de los ciento uno a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto atendiendo a que ya se le impuso una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en esa zona geográfica. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de la autoridad responsable para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Por otra parte, toda vez que por auto de seis de abril del año en curso, se declaró cumplida parcialmente la sentencia de amparo únicamente por cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el cual fue notificado a la parte quejosa el siete de abril del año actual, transcurriendo el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada a la fecha actual, hubiese manifestado inconformidad con la resolución de seis de abril de dos mil quince que declaró cumplida la ejecución parcial de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de seis de abril del año en curso, por el cual, se declaró cumplida parcialmente la sentencia de amparo únicamente por cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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