Ángel Flores Nájera

Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
266/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Ángel Flores Nájera

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de trece de abril de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98, de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, al cual adjunta el diverso oficio signado por la Secretaría del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia Naucalpan de Juárez por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 120/2021-II de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por -------- y -------, así como diez copias de traslado, dos anexos simples y un disco compacto, lo anterior en virtud de que por auto de dieciocho de marzo del año en curso, ese órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 45, fracción III, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó la remisión de dicho asunto a este Juzgado Federal, por conocimiento previo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador asume el conocimiento del asunto y se declaran válidas las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, en el juicio de amparo 120/2021-II. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 226/2021-VIII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Para ello, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para determinar en forma contundente la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, indudable significa evidente, lo que no puede ponerse en duda, que al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, Página 1631, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Así como en la de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, Página 803, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Por lo que ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintitrés causas de improcedencia establecidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo, su última fracción contempla que procede sobreseer el juicio, si la misma deriva de cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, caso en que procede a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo la tesis VIII.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página 1669, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo." En el caso la parte quejosa -atendiendo a la causa de pedir- señala como actos reclamados los siguientes: La audiencia de etapa intermedia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en los autos de la causa control número 1301/2020, por el que la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tuvo a los agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía Especializada de delitos cometidos contra el Transporte Unidad Ecatepec, formulando acusación en contra de los quejosos en forma escrita y oral. Auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la causa control referida por la que la juez responsable requiere al ministerio público para que exhiba acusación deducida de la reclasificación del delito. Proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que la juez responsable tiene por recibido el escrito de acusación del fiscal, por el que se reclasifica el delito robo por el de secuestro exprés. La omisión de haber declarado precluido el derecho de la víctima y del ofendido para coadyuvar con el ministerio público de la acusación. De las autoridades ejecutoras el cumplimiento que pretenden dar a las órdenes dictadas por las ordenadoras. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por las razones que se exponen a continuación. Ahora bien, por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 61, último párrafo, de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En ese sentido, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)'. La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el quejoso, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa alude como actos la audiencia de etapa intermedia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en los autos de la causa control número 1301/2020, por el que la Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tuvo a los agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía Especializada de delitos cometidos contra el Transporte Unidad Ecatepec, formulando acusación en contra de los quejoso en forma escrita y oral; el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, por el que la juez responsable requiere al ministerio público para que exhiba acusación deducida de la reclasificación del delito; el proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que se tiene por recibido el escrito de acusación del fiscal, por el que se reclasifica el delito robo por el de secuestro exprés; la omisión de haber declarado precluido el derecho de la víctima y del ofendido para coadyuvar con el ministerio público de la acusación y la ejecución de las órdenes dictadas por las ordenadoras. Al respecto, el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé lo siguiente: 'Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, a cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios.' Atento a ello, cabe precisar que tanto el escrito como la petición oral a través del cual se formula acusación en contra de los quejosos es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, el proceso en sí mismo así como el haber recibido el escrito y petición oral por las cual se formuló acusación en contra de los justiciables, no son actos que vulneren la esfera de derechos de éstos, ni lesionan sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aún en el caso que sean los mismos quejosos, las personas a quien se dirige la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no les afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, ni la integración de la carpeta judicial, ni el haber recibido y en su caso acordado de conformidad el escrito y petición oral por las cuales los Agentes del Ministerio Público formularon acusación de conformidad con el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le irrogan a los quejosos perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional del Ministerio Público, mismas que están sujetas a la revisión del juez de control que conozca de la causa, el que en todo caso, será quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos de los inculpados al determinar si resulta o no procedente la continuación del procedimiento al remitir los autos al Tribunal de Enjuiciamiento para su dictado de sentencia, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto, en su caso, a la valoración del juzgador. Cobra aplicación puntual, la Tesis I.1o.P.113 P (10a.) Décima Época Materias(s): Común, Penal con número de Registro digital: 2017752, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2603, cuyo rubro y texto son: "FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El procedimiento penal de corte acusatorio comprende tres etapas. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 211 establece que el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Por ende, el acto de acusación por el Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual, como se dijo, se llevarán a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual, de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses del quejoso que deba ser reparada en el juicio biinstancial, por lo que ante la falta de interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De lo anterior se desprende como ya se dijo que el acto por el cual se formuló la acusación en contra de los justiciables de mérito, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de éstos, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, pues dichos actos son derivados de una facultad discrecional concedida al Ministerio Público como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o no de un hecho que la ley señala como delito, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En complemento a lo anterior, es necesario plasmar el contenido del numeral 21 constitucional, en específico sus primeros tres párrafos: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. [.]". Ahora, es importante destacar que previo a la reforma del mes de junio de dos mil ocho, el citado precepto establecía tres principios fundamentales: El Ministerio Público tenía el monopolio de la investigación del hecho punible y de la responsabilidad de sus autores; Gozaba a su vez del poder exclusivo de valorar los resultados de la averiguación previa y determinar si quedaba acreditada o no la probable responsabilidad de la persona al comprobarse los elementos del tipo penal; y, El propio Ministerio Público detentaba la facultad de ejercer la acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar su actuación jurisdiccional (consignación). No obstante, existe salvedad tratándose del ejercicio de la investigación, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene tal facultad en caso de incumplimiento de una sentencia de amparo, según el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. Actualmente, con motivo de la aludida reforma, se modificó o moduló parcialmente el principio del monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público, pues añadió el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares. Así, la representación social conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados y para instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa o bien, de la carpeta de investigación a la autoridad competente, según sea el caso. Ahora bien, no debe perderse de vista que el procedimiento penal de corte acusatorio, comprende tres etapas, como así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en su artículo 211: "[.] I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.". De lo transcrito, se advierte que, el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo ésta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. Por ende, tratándose del acto de acusación, es necesario destacar las diferencias que existen entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, como así lo definió nuestro Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 1/2017, esto es: En el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; En el nuevo sistema la formulación de acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de la prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el juez. Con lo anterior, se estableció que: el poder para ejercer el inicio de la acción penal, no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino un principio obligatorio que sólo admite dos modulaciones, como se dijo: por una parte, la facultad que detenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del referido artículo 107, fracción XVI, constitucional y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normatividad secundaria. En esa tesitura, es dable señalar que, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con excepción de las hipótesis apuntadas en líneas precedentes), la cual, una vez presentada ante el juez de control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por parte del juzgador en cuanto a si procede o no la misma y mucho menos la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector del mismo. Por ende, se insiste, el acto de acusación por parte del Ministerio Público sólo da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual se llevará a cabo el ofrecimiento de la prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, lo cual de ninguna manera propicia afectación o lesión alguna a los derechos o intereses de los quejosos que deba ser reparada en el juicio biinstancial. Máxime que, lejos de causar algún perjuicio a los quejosos, crea seguridad y certeza jurídica en cuanto a la decisión asumida por el órgano de investigación, así como del curso del proceso, para así aquél pueda proteger sus derechos. En consecuencia, no es factible admitir la demanda de amparo contra dichos actos, al no ser procedente la acción constitucional. Sin que lo anterior atente contra los principios de seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y defensa adecuada, pues el hecho de que se deseche de demanda de amparo no implica la denegación de justicia, por tanto el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ya que si bien le es desfavorable, ello no significa que los deje en estado de indefensión, puesto que deben seguirse ciertas formalidades en el procedimiento, entre las cuales el legislador previó las causas de improcedencia (como acontece en el caso concreto) y motivos de sobreseimiento. De ahí que, quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.2º.C. J/23, que este tribunal comparte, de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el haber recibido la formal acusación presentada de forma escrita y oral por los Agentes del Ministerio Público adscritos al Juzgado responsable, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de los quejosos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En consecuencia, conforme a lo establecido en el numeral 113 en relación con el diverso 61, fracción XII de la ley de la materia, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por -------- y --------, por los motivos expuestos. No pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que señalan que lo es el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ecatepec, Estado de México.----------------- Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Cruz Olivares, lo anterior en virtud de que se encuentra registrada su cedula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En mérito de lo anterior se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico rcruzolivares@hotmail.com, sin que haya proporcionado número telefónico, para los efectos antes precisados, esto es, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así; ahora, para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En diverso aspecto, se hace del conocimiento del promovente que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a los quejosos -------- y --------.

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