Ángel Eduardo Hernández Jiménez

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Ángel Eduardo Hernández Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva, se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se desprenda que la parte quejosa, haya sido notificada de la sentencia definitiva dictada en el juicio citado al rubro. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que a la brevedad remita la constancia de notificación personal practicada a la parte quejosa, en el que se aprecie haber sido notificada de la sentencia de referencia, asimismo la vincule al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, cabe precisar que la sentencia fue dictada el doce de noviembre del dos mil veintiuno. Notifíquese; y se comisiona al Actuario para que remita la constancia de notificación personal a la parte quejosa, relativa a la sentencia. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 293/2021, promovido por Blanca Leticia Jiménez Olivares en nombre de Ángel Eduardo Hernández Jiménez contra actos del Fiscal General del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintiuno ante el secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos Blanca Leticia Jiménez Olivares en nombre de Ángel Eduardo Hernández Jiménez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Fiscal General en el Estado de Morelos ".la privación ilegal de la libertad, que de las autoridades señaladas como responsables, están cometiendo en agravio de mi hijo ÁNGEL EDUARDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, quien se encuentra detenido en área de seguridad de la policía de investigaciones criminales, del municipio de jojutla, Morelos, siendo detenido ilegalmente el día de treinta del mes de marzo del año en curso, al circular por a bordo de un vehículo por el centro de esta localidad. Sin corta con ninguna mandamiento legal, ni con orden de aprehensión o detención que haya girado la autoridad ordenadora. Fue detenido en forma arbitraria, Manteniendo o incomunicado, puesto que no nos permiten comunicarnos con el detenido teniéndolo incomunicado, siendo torturado y golpeado para que acepte haber cometido hechos delictivos e los cuales es ajeno. Es por ello que recurro al amparo y protección de la justicia de la unió, puesto que se conculcan os derechos humanos, Al mantenerse detenido y privado de su libertad. Puesto que se detuvo en forma ilegal. Negando el fiscal a proporcionar informes sobre la situación jurídica de mi hijo". [sic]. Director de Investigaciones y Control de Procesos Penales, de la Fiscalía General en el Estado de Morelos Subprocurador de Justicia de la Zona Sur-Poniente Coordinador General de Investigaciones Criminales Comandante de la Policía de Investigaciones Criminales de Órdenes de Aprehensión Agente del Ministerio Público de la Agencia de Atención Temprana, en Casa Blanca, del municipio de Jojutla, Morelos SEGUNDO. En la misma fecha en que se recibió el escrito de demanda, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 293/2021, concedió la suspensión de plano y, previa ratificación de la demanda, mediante acuerdo de ese mismo día, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar de manera clara y precisa dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama la privación ilegal de la libertad, tortura e incomunicación en contra de Ángel Eduardo Jiménez Olivares. TERCERO. Inexistencia y certeza de los actos reclamados. Para una mejor comprensión de este considerando, a continuación se analizará la posible existencia de los actos reclamados consistentes en tortura e incomunicación en contra del quejoso. Luego, se estudiará la existencia de la privación de la libertad por parte de las autoridades responsables. I. Son inexistentes los actos reclamados consistentes en tortura e incomunicación en contra del quejoso, por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto de ellos Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura. En virtud de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; hipótesis que se actualiza en el presente caso. Lo anterior se estima así, en razón de que las negaron los actos que se le atribuyeron, además de que la parte quejosa fue omisa en desvirtuar las afirmaciones de las autoridades responsables, aun cuando se le dio vista con los informes justificados respectivos para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido en favor de Ángel Eduardo Hernández Jiménez, por cuanto a las omisiones que refiere. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". II. Son inexistentes los actos atribuidos a algunas autoridades responsables respecto de la privación de la libertad de la quejosa, por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto de ellas. Las autoridades responsables denominadas "Fiscal General en el Estado de Morelos", Director de Investigaciones y Procesos Penales, de la Fiscalía General en el Estado de Morelos", Fiscal Regional Sur-Poniente" y del "Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Policía de Investigación Criminal Sur Poniente" negaron los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de la parte quejosa. Conviene precisar que a pesar de que se dio vista a la promovente del amparo para que realizara las manifestaciones que estimara convenientes, fue omisa en desvirtuar los informes justificados de las autoridades responsables. Por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo citado en líneas precedentes en el juicio de amparo promovido en favor de Ángel Eduardo Hernández Jiménez, por cuanto a los actos y autoridades responsables mencionadas. III. Certeza del acto reclamado consistente en la privación de la libertad en contra del quejoso Finalmente, las autoridades responsables denominadas "Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana en Jojutla, Morelos" y del "Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos" aceptaron el acto reclamado consistente en la privación de la libertad del quejoso, lo que se corrobora con las copias certificadas que la primera de las autoridades mencionadas acompañó a su informe justificado. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo. Ese precepto refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica dentro de un procedimiento administrativo o jurisdiccional, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, ya que de decidirse en tal procedimiento, se afectaría la nueva situación jurídica. Ahora bien, el concepto de "cambio de situación jurídica" implica una transformación de la situación que implica su sustitución por una nueva. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el cambio de situación jurídica se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Este criterio quedó plasmado en la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a continuación se transcribe para pronta referencia: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la promovente del amparo reclamó la privación de la libertad en perjuicio de Ángel Eduardo Hernández Ramírez. Sin embargo, del informe justificado y anexos rendidos por el Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana en Jojutla, Morelos se aprecia que el treinta de marzo del año en curso, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron al quejoso en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos por la posible comisión de delito contra la salud cometido en agravio de la sociedad. Posteriormente, los elementos aprehensores pusieron al quejoso a disposición del agente del ministerio público adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Sur Poniente del estado de Morelos. Esta autoridad, mediante acuerdo de la misma fecha ratificó la detención y decretó la retención del quejoso por la comisión de la conducta delictiva mencionada, por el término de cuarenta y ocho horas. Luego, el uno de abril de dos mil veintiuno el fiscal puso al quejoso a disposición del Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones en turno del Segundo Distrito Judicial y solicitó la audiencia de control de detención, formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso, por la probable comisión de delito contra la salud en agravio de la sociedad, previsto y sancionado en los artículos 476 y 479 de la Ley General de Salud. El dos del mismo mes y año, Ricardo David Ponce González, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial con sede en Jojutla, Morelos calificó de legal la detención y decretó como medida cautelar en contra del quejoso, la prisión preventiva. Por lo antes expuesto, se afirma la existencia de un cambio de situación jurídica, ya que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. En efecto, el uno de abril del presente año -fecha en que se promovió la demanda de amparo- el quejoso se encontró privado de la libertad y a disposición del Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana en Jojutla, Morelos por el término constitucional de cuarenta y ocho horas. Sin embargo, el día siguiente, esa autoridad responsable puso al quejoso a disposición del juez competente, autoridad que ordenó la prisión preventiva del quejoso; de ahí que se afirme la existencia de una situación distinta al momento en que se promovió este juicio. De ahí que, ante la aparición de esta causal, lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis II.2o.P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, se invoca como sustento la tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Sin que en el caso fuese dable dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, pues el promovente tuvo conocimiento de la ratificación de la detención con anterioridad a que la responsable rindiera su informe justificado, de ahí que a partir de la propia audiencia es que en dado caso, inició el cómputo para que reclamara dicho acto, pues estimar lo contrario implicaría prorrogar el término para la promoción del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy doce de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no fue llevada a cabo la audiencia constitucional señalada en este expediente, en consecuencia, se regulariza el procedimiento en términos del numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tanto, se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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