Ángel Delgado Hernández

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Ángel Delgado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo que determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indican. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, las pruebas documentales que anexa a su informe justificado, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Del mismo modo, ténganse por recibidas las copias certificadas de las constancias por medio de las cuales se reconoce la personería de ********************, como apoderado legal del quejoso ********************, en los autos del expediente de donde emana el acto reclamado. Ahora bien, del informe rendido se advierte que con fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, se dictó la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral ******************** asimismo, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se notificó personalmente a las partes demandada y actora dicha resolución, de las cuales la autoridad responsable remitió copia certificada; documentales que por ser de carácter público hacen prueba plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal afirmación, ya que el actor, aquí quejoso, ********************, en el presente juicio por conducto de su apoderado legal ********************, reclamó de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la denegación de justicia consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ******************** sin embargo, como ya se estableció, la autoridad responsable con fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, dictó la resolución en forma de laudo dentro del referido expediente laboral; asimismo, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, notificó personalmente a las partes dicha resolución. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que al momento de la presentación de la demanda de amparo, (veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés), la autoridad responsable, si bien es cierto, ya había dictado el laudo correspondiente, también lo es que no lo había notificado a las partes. Por tanto, si de manera posterior se realizó dicha actuación, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal; ello sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, pues ello traería un retardo en la impartición de justicia, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente al quejoso ********************. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal del quejoso ********************, mediante el cual subsana la prevención formulada en autos; por tanto, se provee lo siguiente: Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos Omisión de dictar el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral ********************. Del incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación, se le impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Requerimiento de constancias de personería Asimismo, deberá remitir adjunto a su informe justificado las constancias relativas en donde se reconoce al promovente la personalidad que ostenta, en el expediente laboral de donde deriva el acto reclamado. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas con dos minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada Sin lugar a emplazar a quien menciona como tercero interesado, dado que no le asiste tal carácter. Es cierto que la jurisprudencia 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que cuando el acto reclamado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a éste último como tercero interesado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8° y 17 de la Constitución Federal, ya que el carácter de tercero interesado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso de estudio no se dan intereses opuestos debido a la naturaleza del acto reclamado que constituye un acto negativo o de abstención, motivo por el cual no le irroga perjuicio alguno a la contraparte del quejoso en el juicio natural; de ahí que no les resulta el carácter de tercero interesado. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 215/2022, promovido por ********************, contra actos de los Jueces Especializados del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el veintitrés siguiente, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y acto siguientes: Autoridades responsables: ° Jueces Especializados del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. ° Director de la Cárcel Distrital de Jojutla, Morelos. Actos reclamados: ".De la responsable ordenadora: El auto y/o resolución dictado en audiencia pública el 9 de febrero de 2022, dentro de la causa penal ********************, que ordena el "cambio de medida cautelar" asi como el internamiento del suscrito ******************** en el centro de reclusión EN LA CARCEL DISTRITAL DE JOJUTLA. De la ejecutora; Reclamo la ejecución del auto atribuido a la responsable ordenadora.". SEGUNDO. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 215/2022, y le recayó auto de prevención, la que una vez desahogada con fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Tocante a la temporalidad en que se promovió la acción constitucional, cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño y la medida cautelar de prisión preventiva reclamada se emitió el nueve de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, en la cual estuvieron presentes tanto el quejoso ********************, como su órgano de defensa. De modo que, en ese acto quedaron debidamente notificados de tal determinación, surtiendo sus efectos la comunicación al día hábil siguiente, es decir, el diez de febrero de dos mil veintidós, tal como lo establece el dispositivo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo la tesis III.2o.P.137 P (10a.), visible en la página 3475, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." Por ende, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó respecto de la audiencia de donde emana el acto reclamado de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, el once de febrero y concluyó el tres de marzo de dos mil veintidós; ello, toda vez que se excluyeron los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el tres de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: La determinación dictada en audiencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número ********************, relativa al cambio de medida cautelar, por prisión preventiva y en consecuencia el internamiento del quejoso en la Cárcel Distrital de Cuautla, Morelos. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Jueces Especializados adscritos al Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos y Director del Centro de Reinserción Social Varonil de Jojutla, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con las diversas actuaciones de la causa penal ********************, y disco compacto que fueron remitidas por la autoridad judicial señalada como responsable; documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 16/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 477, Materia Laboral, Novena Época, de rubro siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con número de registro 2004362, que refiere: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone la obligación de analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa de orden público y estudio preferente; empero, en el caso, no fueron hechas valer y tampoco de oficio se advierte se actualice alguna de ellas. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, en el caso, se advierte una violación en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ello al advertirse que no se cuenta con la debida versión escrita de la audiencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós relativa a la medida cautelar por la que se decretó prisión preventiva dentro de los autos de la carpeta de juicio oral ********************, por lo que, se infringieron las formalidades del procedimiento, no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece tal requisito. Se afirma lo anterior, dado que la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, en la que previa solicitud del Agente del Ministerio Público se cambió la medida cautelar, si bien consta en el disco versátil digital (DVD), tal como fue remitida a esta instancia constitucional por parte del Juez Especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento de Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos; lo cierto es que, no se realizó la debida versión escrita de la misma. En efecto, el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone lo siguiente: "Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral.". De lo anterior se desprende que las audiencias se desarrollarán en forma oral, y en la práctica de las actuaciones procesales, se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. Por su parte, los numerales 50 y 51 de dicha codificación establecen lo siguiente: "Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el Órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia. El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes." "Artículo 51. Utilización de medios electrónicos Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto.". De conformidad con las disposiciones transcritas se precisa que las partes tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales, consistente en los registros de las audiencias y complementarios; así como que durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación. Mientras que los ordinales 52 y 56 de la codificación en estudio establecen lo siguiente: "Artículo 52. Disposiciones comunes Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella.". "Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el Órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del Órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento a lado de su defensor. Sólo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su Defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible.". Conforme a lo anterior, se señala que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción previstos en el código; así como que se realizarán con la presencia ininterrumpida de los integrantes del órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso. En tanto que el artículo 61 de la legislación que nos ocupa, señala lo siguiente: "Artículo 61. Registro de las audiencias Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el Órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación.". Atendiendo a los artículos relacionados, donde se indica que todas las audiencias serán registradas por cualquier medio tecnológico a disposición del órgano jurisdiccional; la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considera parte de las actuaciones y registros, por lo cual se conservarán en el acto del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación. En suma, el precepto 63 de la codificación en cita, dice lo siguiente: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código.". El ordinal antes mencionado señala que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificadas de su emisión. Conforme a esas premisas normativas se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, simplifica las formalidades que deben observarse en el procedimiento, al prever que las decisiones deberán tomarse en la audiencia y constarán en registros por cualquier medio tecnológico, privilegiando así la oralidad y simplicidad del procedimiento, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empero, el legislador estimó que existen cierto tipo de resoluciones que por su trascendencia y grado de afectación que pueden causar al imputado, deben constar por escrito después de su emisión oral, entre las que se encuentra la de medidas cautelares, como la aquí reclamada de prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 67, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (...) V. La de medidas cautelares; y (.)." Por tanto, toda vez que la codificación nacional contiene disposición expresa, en cuanto a la constancia escrita de la audiencia de medidas cautelares, entonces los Jueces señalados como responsables después de haber tomado la decisión reclamada consistente en la medida cautelar de prisión preventiva, debieron haber hecho constar su resolución por escrito, sin que ésta pueda exceder el alcance de la emitida oralmente, por lo que si omitieron hacerlo de forma cabal con los elementos en la misma expuestos, es claro que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento. Debe destacarse que en la resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro la carpeta de juicio oral ********************, índice del Juzgado Especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, de la videograbación de la referida audiencia se advierte que la autoridad responsable sí decretó la medida cautelar reclamada, cuestión ésta que no coincide con lo relatado en la versión escrita que obra en el tomo anexo relativo a la resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, ya precisada, pues únicamente se advierte un párrafo que textualmente dice: ".Que siendo el día y hora señalados para llevar a cabo la audiencia de juicio oral, comparecieron. Una vez que las partes fueron individualizadas, se concedió el uso de la voz a las mismas para que hicieran valer su derecho. .el uso de la voz al Juez Relator quien hizo del conocimiento al sentenciado que por cuanto a la sanción privativa de libertad se le impuso la consistente en 30 AÑOS DE PRISIÓN, y por cuanto a la Reparación del Daño Moral se le condena al pago de la cantidad de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), rubros de los cuales se abordaran en la sentencia respectiva, para lo cual se señalan las CATORCE HORAS CON DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS a efecto de llevar a cabo la audiencia de Lectura y Explicación de Sentencia Condenatoria, apercibidas las partes que en caso de su incomparecencia se dispensara la lectura y se les tendrá por notificados de la misma. En uso de la voz, la Agente del Ministerio Público, solicitó al Tribunal el cambio de la Medida Cautelar, debido a lo vertido en la presente audiencia, y una vez cerrado el debate entre las partes, por unanimidad, se modifica la medida cautelar a ********************, imponiéndole la prevista en el artículo 155, fracción XIV, consistente en la PRISIÓN PREVENTIVA, ordenándose girar oficio al Director de la Cárcel Distrital de Jojutla, Morelos, para la custodia del acusado e informarle lo determinado.". De ahí que resulte insuficiente tener por cumplida la exigencia que establece el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Cuando, como se explicó, resulta esencial la versión escrita para garantizar al quejoso la posibilidad de imponerse de su contenido de manera fácil, como lo es en un documento por escrito, y con ello preservar su derecho a una defensa adecuada al poder analizar y eventualmente diseñar la estrategia defensiva respecto de la medida cautelar durante la consecución del proceso penal, a fin de procurar un debido proceso y otorgar seguridad jurídica, indispensable en las resoluciones en materia penal en las que se controvierte la libertad de las personas, en el caso del aquí quejoso. Por consiguiente, al no existir la versión escrita de la audiencia de la medida cautelar impuesta en fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, en la carpeta de juicio oral ********************, índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, Morelos, sino únicamente una constancia de registro mínimo de lo acontecido en dicha audiencia, se concluye la inexistencia de una resolución escrita como la exigida en el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que, se insiste, en dicha constancia solo se hace referencia a la medida cautelar, pero no contiene las consideraciones por las cuales la autoridad judicial determinó decretar la medida cautelar a la parte quejosa, para posibilitar el derecho de defensa de la misma. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3910, Materia Penal, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito.". En mérito de esas razones, al advertirse la violación destacada, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para los efectos que se precisarán. SÉPTIMO. Efectos del amparo. Por lo antes expuesto, para cumplir con la ejecutoria de amparo los Jueces Especializados del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, Morelos, que conocieron de la carpeta de juicio oral ********************, una vez que causa ejecutoria la sentencia dictada en autos, dentro del término de tres días, deberán: 1. Sin dejar insubsistente la resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, donde se decreta la medida cautelar de prisión preventiva -respecto de la cual en este momento no se hace pronunciamiento sobre su constitucionalidad-, deberán emitir la versión escrita correspondiente, con las consideraciones por las cuales la autoridad judicial determinó decretar la prisión preventiva en contra del quejoso, sin exceder el alcance del emitido oralmente, donde exprese aun mínimamente todos los requisitos formales conforme a las consideraciones destacadas en la presente sentencia, a fin de garantizar certeza y seguridad jurídica al peticionario. 2. Ordene notificar la resolución anterior, de manera inmediata, debiendo indicar que la misma surte sus efectos en el momento en que se emitió, para que, en su caso, las partes se impongan de su contenido y estén en condiciones de combatirla. Los efectos de este fallo se hacen extensivos al Director del Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Jojutla, Morelos, porque no se reclamaron por vicios propios. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra de las autoridades responsables Jueces Especializados del Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Director del Centro Estatal de Reinserción Social Varonil, todos con sede en Jojutla, Morelos, en términos de lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista y personalmente al quejoso, tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la Adscripción y por oficio el Agente del Ministerio Público Tercero Interesado. Así lo resuelve y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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