Ángel Domínguez Ríos

Expediente 1302/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1302/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Ángel Domínguez Ríos
  • Ángel Domínguez Ríos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo presentada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, así como en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovido por Ángel Domínguez Ríos, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador (Rolando Salinas Vásquez) adscrito a la Unidad de Investigación y Judicialización 02 de la Fiscalía de Distrito Fraylesca. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1302/2022-II-A. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Al efecto, toda vez que la parte quejosa no anexó a su escrito de demanda el acuerdo reclamado, se ordena traer a la vista en el expediente, como hecho notorio, el acuerdo de doce de julio del año en curso, emitido dentro de la Carpeta de Investigación 547-108-2901-2019, enviado a este juzgado mediante oficio 415/2022, por el Fiscal del Ministerio Público Investigador 02, adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa de Villaflores, de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en ese municipio, agregado a los autos del juicio de amparo 313/2020, del índice de este juzgado, en proveído de dos de septiembre siguiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicado en la página 295, tomo V, enero de 1997, Novena época, del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN". Del contenido de dicho oficio, se advierte que la autoridad señalada como responsable en el escrito de demanda que se analiza, proveyó lo relativo al escrito presentado por el hoy quejoso a la carpeta de investigación en cita, mediante el cual ofreció diversos datos de prueba, los cuales ordenó agregar para efectos que sean valorados por el Representante Social, al pronunciarse en definitiva; ello en atención a que se encuentra en etapa de investigación inicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual concluida esa fase, acordaría lo conducente. Ahora, el suscrito juzgador advierte de oficio, que contra el citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VII, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la propia legislación, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; [.]". Del primero de los preceptos señalados se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Mientras que el segundo dispositivo establece de manera específica cuáles son los actos (omisivos o positivos) del Ministerio Público contra los cuales procede el juicio de amparo, a saber, omisiones en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y, por ende, por regla general, no es procedente contra actos diversos, que no se encuentren dentro de los taxativamente previstos. Lo anterior es así, porque la intención del legislador al acotar los actos del Ministerio Público en la investigación de delitos, impugnables por vía de amparo indirecto, es precisamente preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función de investigación, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no materializar un perjuicio en la determinación de la averiguación respectiva, con la finalidad de que el juicio de amparo no entorpezca la averiguación de los delitos y tampoco resulte un medio de control de la legalidad de las actuaciones que se dictan en el trámite de la investigación. En el caso, el quejoso reclama el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación 547-108-2901-2019; sin embargo, dicho acto no es de los que pueden ser impugnados en amparo indirecto, ya que no se trata de una omisión del ministerio público en la investigación del delito, sino de un auto en el cual recepcionó los datos de prueba ofrecidos por el propio quejoso en la carpeta de investigación, los cuales ordenó agregar para efectos que sean valorados por el Representante Social, al pronunciarse en definitiva, en atención a que se encuentra en etapa de investigación inicial, por lo cual, concluida esa fase, acordaría lo conducente, el cual no se encuentra previsto en el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, es importante señalar que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A dicha institución le corresponde ejercitar la acción penal, si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los elementos o datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto, en la comisión del ilícito, para que esté en posibilidad legal de ejercitar la acción penal. Por su parte, la investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado o el auto de doce de julio de dos mil veintidós, en que recibió los datos de prueba ofrecidos por el investigado, hoy quejoso, dentro de la carpeta de investigación 547-108-2901-2019, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de Control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. De tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de derechos fundamentales, partiendo de la base que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas, como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda a consignar la carpeta de investigación, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Sirve de apoyo la tesis 1a. CXXXV/2004; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XX, Diciembre de 2004; Página: 351; con el texto y rubro siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.) Décima Época de los Tribunales Colegiados de Circuito Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el texto y rubro siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VII, este último aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con admitir a trámite la demanda si se conoce desde un inicio que concluirá con un sobreseimiento, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Pedro Josué Calcáneo Argüelles, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, al advertir de la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "Calarpe"; en tal virtud, con fundamento en los numerales 34 a 41, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza el acceso y consulta en el expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el acceso y consulta en el expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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