Ángel de Jesús Jauregui Domínguez y Otros.
Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/04/2021
Partes del expediente
- Ángel de Jesús Jauregui Domínguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de veintiséis de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, señalando que en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se comisionó al actuario de su adscripción para que junto con la parte actora del juicio original, se constituyan a la Secretaría de Educación, y requieran el cumplimiento del laudo de diecisiete de octubre de dos mil trece. En esa tesitura, se tiene a la autoridad en vías de cumplimiento. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, el escrito de demanda, signado por Ángel de Jesús Jauregui Domínguez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos "1", contra el acto consistente en: auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en el Juicio de Guarda y Custodia 991/2018, mediante el cual, niega la valoración psicológica de los menores a través de un psicólogo distinto a la Especialista adscrita al juzgado del conocimiento; asimismo, para que comparezcan ante dicho órgano y ordena fijar fecha y hora para el análisis psicológico de uno de los infantes por la experta del juzgado. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 201/2021-VI, por ser el progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el numeral 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable al caso la tesis del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Del estudio integral realizado al ocurso de demanda respecto del acto reclamado, es apropiado decir que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello es así, en virtud que la parte quejosa en su escrito de demanda señala como acto reclamado, lo siguiente: " (.) (.)" De lo transcrito se advierte que los actos reclamados, en esencia, lo constituyen las negativas para designar un psicólogo distinto al adscrito al juzgado de origen para la valoración psicológica de los menores "1", así como para que comparezcan ante dicho órgano, y la orden de dicha valoración de uno de los infantes, emitidos en proveído de dieciséis de marzo del presente año, por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, en el expediente 991/2018 relativo al juicio de guarda y custodia, de su índice Ahora, dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, por lo que la legislación secundaria, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. El principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, siendo que debe agotarse antes de promover el presente juicio de amparo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento, se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. Lógico es concluir, que antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Así, el presente juicio de amparo indirecto deviene improcedente, en virtud que se pone de manifiesto que el promovente de la acción constitucional no agotó los medios ordinarios; y por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Al efecto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales procede algún recurso o medio de defensa legal establecido en la legislación ordinaria, siempre y cuando, por virtud de ese recurso o medio de defensa legal, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Así, en el caso, se estima que conforme los artículos 659, 663, 664, 666, 667 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, procede el recurso de apelación contra el acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 991/2018, mediante el cual la Juez responsable negó la designación de un psicólogo distinto al adscrito al juzgado de origen para la valoración psicológica de los menores "1", así como su comparecencia ante dicho órgano, y, ordenó el análisis psicológico de uno de ellos. Del contenido de dichos artículos se advierte que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación el recurso de apelación y, tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. Ahora, conforme a lo establecido en el diverso artículo 991, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, contra la sentencia que en su caso se llegue a pronunciar en el juicio ordinario civil tramitado en la vía de controversia del orden familiar, procede en su contra el recurso de apelación, pues de ese numeral se establece que dicho recurso debe interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666 del citado código. En consecuencia, se estima que los autos que se emitan dentro del proceso son apelables, ya que conforme al segundo párrafo del artículo 666 de la legislación adjetiva citada, los autos son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. Además, no se requiere de una interpretación adicional para determinar la procedencia del recurso de apelación como medio ordinario de defensa, toda vez que dicho medio de impugnación deriva de lo dispuesto por los artículos transcritos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, pues si contra la sentencia que se dicte en el juicio de controversias del orden familiar procede el recurso de apelación; por ende, conforme al artículo 666 de la citada legislación procesal, también son apelables los autos que se emitan dentro del proceso. Así las cosas, si contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 991/2018, mediante el cual, la Juez responsable ordenó el desahogo de la valoración psicológica de uno de los menores "1", asimismo, negó designar un especialista distinto a la Psicóloga adscrita al mismo y la comparecencia de dichos infantes, no se interpuso el recurso de apelación previamente al juicio de amparo, hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del normativo 61 de la Ley de Amparo. No es inadvertido que respecto a la convivencia de los menores en los juicios de controversia familiar, exista criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que es un acto de imposible reparación y, por ende reclamable en amparo indirecto. Sin embargo ello no exime a la parte quejosa de agotar el medio ordinario de defensa, ya que aún contra actos dentro de juicio que pudieran revestir una ejecución irreparable, es necesario agotar el principio de definitividad, sobre todo que en el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, se prevé la posibilidad de admitir en ambos efectos el trámite del recurso de apelación de aquellos autos respecto de los cuales, pueda causar daño irreparable o de difícil reparación. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es aplicable por las razones que indica, la Tesis 1a./J. 113/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, robustece lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, el impetrante de amparo, previo a la promoción del juicio de amparo estaba obligado a agotar tal recurso ordinario dentro de los términos y en la forma que para tal efecto establece el numeral 666 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, se arriba a la firme convicción que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del precepto 61 en relación al 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso Ángel de Jesús Jauregui Domínguez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos "1", con fundamento en el normativo 113, de la Ley de Amparo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en esta ciudad; asimismo, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacinto Manuel Marina Díaz, por encontrase registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho; asimismo, en términos del numeral 24 de la citada Ley, a las diversas personas que indica por no contar con su cédula registrada en el aludido sistema. Se toma conocimiento del correo electrónico marinacastellanosabogados@gmail.com, así como el número telefónico 961 329 48 20, respectivamente, para los efectos legales conducentes. Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Solamente se permitirá el acceso a las partes a este Juzgado, previa cita. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrarán el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y desahogar comparecencias o requerimientos. Asimismo, se ponen a disposición de las partes los teléfonos (961) 6170378 y (961) 6170207, extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:15 a 14:15 horas-; así como el correo electrónico maria.castaneda.diego@correo.cjf.gob.mx, que corresponde a la secretaria encargada del presente asunto, para solicitar información al respecto. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La Oficina de Correspondencia Común (OCC), recibirá promociones de término relacionadas con el presente asunto, fuera del horario de funciones de la OPC, hasta las 20:00 horas. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, "en línea"; y habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Asimismo, en términos del artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, se solicita a los actuarios adscritos: Deberán privilegiar la entrega de oficios vía correo electrónico, solicitando el acuse respectivo. Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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