Angel Domínguez Escobar

Expediente 367/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
367/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Angel Domínguez Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa VI-B * "...En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población, por medio del cual comunica a este órgano jurisdiccional que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de garantías promovida por ************, por su propio derecho. Ahora, en cumplimiento a lo señalado en los puntos vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este asunto como concluido y toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar, acorde a lo dispuesto en el punto segundo, fracción XX, del aludido acuerdo, en razón que éste es un cuaderno de antecedentes, que contiene actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conoció este órgano jurisdiccional, pues, no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...

  2. Principal

    Mesa VI-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta localidad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el escrito original de la demanda de amparo, así como las copias que se acompañaron a la misma. Asimismo, informa que mando formar los expedientes respectivos del juicio de amparo directo, registrándolos con el número 235/2017, y previo a determinar si acepta la competencia o no, en términos del artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Amparo, y para que ese Tribunal pueda proveer en relación a la admisión o no de la indicada demandada, remitió el original de la demanda de garantías a la autoridad responsable, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo. Notifíquese...

  3. Principal

    Mesa VI-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, y otros, contra un acto del presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Admnistrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado; de conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese con el número 367/2017 que le correspondió; y respecto de su admisión, se provee: Del texto integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de inconformidad de origen, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda y se desechó por extemporánea. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo vigente, en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Luego, de la interpretación sistemática de los artículos 34 y 170, de la Ley de Amparo, se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales, comprendiendo entre ellos a los tribunales agrarios, administrativos o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución lato sensu, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad). En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. En esa virtud, el acto que reclama la parte promovente consistente en el acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de inconformidad JI/019/2017, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, en el que se tuvo por no interpuesta y se desechó por extemporánea la demanda de la parte aquí promovente; es una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dió por concluido; precisado lo anterior, el caso concreto es de aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 170, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, de los que si bien no deciden el problema planteado en la demanda, dan por terminado el juicio relativo, y respecto de la cual no procede ningún medio ordinario de defensa por virtud del que pueda ser modificada o revocada. Lo anterior es así, porque la Ley de Justicia de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, establece el trámite del juicio de inconformidad, determinando que el mismo se inicia con la promoción del juicio mediante escrito que se presente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca; asimismo, establece los casos en los que la demanda se tendrá por no interpuesta y se desechará de plano; las causas de improcedencia y sobreseimiento, y finalmente establece un capítulo relativo a la sentencia, refiriendo que las mismas serán definitivas e inatacables. Lo anterior pone de relieve que el auto que desechó la demanda de juicio de inconformidad JI/019/2017, es una resolución que pone fin al juicio que se inició con la presentación de la demanda, sin dedicarlo en lo principal. En esas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo y, estima que el competente para conocer de la misma, es el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta localidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo; a quien deberá remitirse la demanda de mérito previa copia que de la misma se deje en autos, así como las copias que acompaña, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento de ésta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sin que este juzgado esté facultado a realizar requerimiento de ninguna naturaleza a los promoventes, en virtud que al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada, acorde a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Téngase a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y como autorizados para los efectos que refiere a las personas que mencionan. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mesa VI-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, y otros, contra un acto del presidente de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Admnistrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado; de conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese con el número 367/2017 que le correspondió; y respecto de su admisión, se provee: Del texto integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de inconformidad de origen, en el que se tuvo por no interpuesta la demanda y se desechó por extemporánea. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo vigente, en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Luego, de la interpretación sistemática de los artículos 34 y 170, de la Ley de Amparo, se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales, comprendiendo entre ellos a los tribunales agrarios, administrativos o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución lato sensu, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad). En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. En esa virtud, el acto que reclama la parte promovente consistente en el acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de inconformidad JI/019/2017, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, en el que se tuvo por no interpuesta y se desechó por extemporánea la demanda de la parte aquí promovente; es una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dió por concluido; precisado lo anterior, el caso concreto es de aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 170, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, de los que si bien no deciden el problema planteado en la demanda, dan por terminado el juicio relativo, y respecto de la cual no procede ningún medio ordinario de defensa por virtud del que pueda ser modificada o revocada. Lo anterior es así, porque la Ley de Justicia de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, establece el trámite del juicio de inconformidad, determinando que el mismo se inicia con la promoción del juicio mediante escrito que se presente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca; asimismo, establece los casos en los que la demanda se tendrá por no interpuesta y se desechará de plano; las causas de improcedencia y sobreseimiento, y finalmente establece un capítulo relativo a la sentencia, refiriendo que las mismas serán definitivas e inatacables. Lo anterior pone de relieve que el auto que desechó la demanda de juicio de inconformidad JI/019/2017, es una resolución que pone fin al juicio que se inició con la presentación de la demanda, sin dedicarlo en lo principal. En esas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo y, estima que el competente para conocer de la misma, es el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta localidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo; a quien deberá remitirse la demanda de mérito previa copia que de la misma se deje en autos, así como las copias que acompaña, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento de ésta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Sin que este juzgado esté facultado a realizar requerimiento de ninguna naturaleza a los promoventes, en virtud que al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada, acorde a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Téngase a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y como autorizados para los efectos que refiere a las personas que mencionan. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE CON FUND EN EL ART 27 FRAC I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO)

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