Ángel de Jesús Pérez Escobar
Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
- Ángel de Jesús Pérez Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta mediante el cual el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 482/2022, relativo al medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente en virtud que así lo indica la superioridad. Ahora bien, como del contenido de la ejecutoria dictada por la superioridad, se advierte que tuvo por no presentado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. I. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. II. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. III. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintincinco de octubre se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. V. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual transcribe el contenido del auto de diez de noviembre del año en curso, del cual se advierte que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo, radicando dicho medio de impugnación con el número 482/2022 de su índice. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso Ángel de ********, interpone recurso de queja contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la diligencia que antecede se advierte que el inconforme ******** en atención a la prevención de trece de los corrientes compareció ante la presencia judicial y reconoció la firma que calzó en su escrito presentado el diez de octubre anterior; por tanto, se tiene por atendido dicho requerimiento y en cuanto a la aclaración de la demanda de amparo se provee lo siguiente: Del libelo indicado se desprende que el justiciable en atención a la diversa prevención de tres de octubre del año en curso, señaló los actos que reclama a cada una de las autoridades que designó como responsables; indicó cuál es y a qué ente responsable atribuye el acto de aplicación del Decreto que impugna y señaló la norma que específicamente reclama del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR); por tanto, se tiene por atendido tal requerimiento y se dicta la determinación siguiente en cuanto a la demanda de amparo. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que el inconforme ********** impugna los actos siguientes: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de la Función Pública, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, del Director del Diario Oficial de la Federación y del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social reclama en su respectivo ámbito de competencia la elaboración, la expedición, el refrendo y la publicación del: Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en específico el artículo Cuarto Transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social también combate: La aplicación del segmento normativo que ataca patentizado en el probable despido como trabajador de los Servicios de Salud donde actualmente presta sus servicios, en razón de la expedición del citado Decreto. Lo anterior pone de relieve que con independencia de la naturaleza jurídica de la norma señalada, en el caso el titular de la acción de amparo impugna la citada disposición con motivo de su aplicación concreta que afirma se realizará con la extinción de la relación laboral que lo une con su patrón equiparado, en concreto, con los Servicios de Salud de Oaxaca. En ese sentido, asevera que la terminación de la liga contractual indicada en ejecución del precepto que combate materializará los efectos jurídicos de este último, por lo que aun cuando el disidente alude en los antecedentes de los actos reclamados al inicio de la vigencia del referido Decreto no ataca tal dispositivo como una norma de individualización incondicionada, sino que decidió impugnarlo con motivo de un acto de aplicación concreto. En esa línea, la presente resolución judicial atiende a la forma en la que el titular de la acción de amparo centró su combate en contra de la norma de observancia general precisada. Enseguida es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y su aclaración se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. De manera previa es necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de un juicio de amparo contra una ley o un reglamento con motivo de su aplicación específica el Juzgador debe analizar en principio si el juicio constitucional resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete la hipótesis jurídica combatida en perjuicio del quejoso y si en relación con él no se actualiza una diversa causal de improcedencia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Precisado lo anterior debe recordarse que en la especie el justiciable ataca del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social la aplicación del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, patentizado en el probable despido como trabajador de los Servicios de Salud donde actualmente presta sus servicios en razón de la expedición del citado Decreto. Ahora, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por **********, porque en relación con el acto reclamado descrito se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos legales citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El normativo inserto en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley que rige al juicio constitucional. Por su parte, el segundo precepto dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en cuyo caso, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Ahora, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La norma constitucional inserta instituye uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el principio de agravio personal y directo; por otro lado, en cuanto a las características del agravio para la procedencia del juicio constitucional debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual o que por estar una situación próxima a suceder exista la seguridad de que le causará dicha afectación. El Alto Tribunal del país ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicando con el acto reclamado y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, porque en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de amparo ante el agravio personal y directo existente. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En esa línea, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de los efectos del acto reclamado. En ese sentido, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad con su actuar cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éstos sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, porque el artículo 6 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique o afecte a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el amparo. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que existen actos futuros e inciertos porque su realización está sujeta a meras eventualidades y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica al promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5 de la ley de la materia exige como condición para que pueda promoverse el medio extraordinario de defensa. Es ilustrativa la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." En el caso concreto, el justiciable *************** reclama de la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social la aplicación del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, patentizado en el probable despido como trabajador de los Servicios de Salud donde actualmente presta sus servicios en razón de la expedición del citado Decreto. Ahora, este órgano jurisdiccional estima que la actuación impugnada es un acto futuro de realización incierta, porque hasta este momento no se tiene la certeza jurídica que la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con la sola expedición del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, haya despedido al quejoso como trabajador de los Servicios de Salud donde actualmente se encuentra adscrito. Además, el justiciable no demuestra esa situación, sino que infiere tal circunstancia a partir de una lectura que realiza a la norma de tránsito que combate, sin que esa interpretación sea suficiente para considerar que la terminación de la liga laboral que lo une con su patrón equiparado exista y tampoco da pauta a estimar que el acto de aplicación de la norma atacada ha tenido materialización, sino que se insiste que se está ante un acto futuro de realización incierta. En cambio, de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que el propio disidente reconoce expresamente que desde el uno de julio de dos mil catorce labora en los Servicios de Salud de Oaxaca y que su relación laboral se encuentra vigente en la actualidad, incluso aporta como prueba copia fotostática simple de un comprobante relativo al período de pago comprendido del uno al quince de agosto de dos mil veintidós, con el que trata de demostrar el interés jurídico que le asiste para someter a escrutinio constitucional el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, porque estima que se trata de un sujeto a quien se encuentra dirigido ese dispositivo al tener la calidad de trabajador de los servicios de salud de una institución de salud pública local y que ostenta ese carácter actualmente que lo legitima para ejercer la acción constitucional. Cabe señalar que del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo esto es el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, labora en los Servicios de Salud de Oaxaca, lo cual es fecha posterior a la publicación del citado Decreto lo cual acaeció cuando ya se encontraba vigente tal Decreto, dado que conforme a lo previsto por su artículo Primero Transitorio entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Luego, si Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) fue publicado en ese órgano oficial de difusión el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, entonces inició su vigencia el uno de septiembre de dos mil veintidós, y al menos con las manifestaciones de la demanda de amparo puede desprenderse que presta sus servicios como trabajador de la salud en el lugar donde está adscrito en cuando ya se encontraba vigente tal Decreto. Aún más, del contenido del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, no se desprende que se prevea un despido que acaecerá de manera automática con la expedición y la publicación del citado Decreto, como el justiciable trata de hacerlo notar, sino que expresamente señala lo siguiente. "[.] CUARTO. Los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo, serán respetados en sus términos, sin perjuicio de que se puedan establecer esquemas de remuneraciones para las personas trabajadoras antes referidas, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del IMSS-BIENESTAR. El otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, incluido el servicio médico, quedará a cargo de la institución pública que los brinda actualmente, por lo que el IMSS-BIENESTAR debe realizar las gestiones correspondientes para cubrir las cuotas a que haya lugar, con cargo a los recursos que le transfieran las entidades federativas, de conformidad con el artículo 3 del presente decreto. Las personas que, a la entrada en vigor del presente decreto, cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser sujetos de reclutamiento por parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que éste establezca para su contratación. [.]" En ese contexto, se colige que la aplicación del segmento normativo que el titular de la acción de amparo combate se trata de un acto futuro de realización incierta y esa catalogación tiene sustento en las propias manifestaciones del justiciable, en el sentido de que promueve este juicio de amparo porque considera que probablemente será despedido del lugar donde se encuentra adscrito actualmente, como trabajador de los servicios de salud, en razón de la expedición del citado Decreto, porque infiere esa situación de la lectura que realiza a la norma de tránsito inserta y eventualmente considera que la liga contractual que lo une con su patrón equiparado se extinguirá, sin que acepte que ya fue despedido ni demuestra que la conclusión de su relación laboral se haya materializado, por lo que el alegado despido que se indica como el que materializara los efectos de la disposición transitoria reclamada en realidad es una actuación futura de realización incierta. Tal situación revela que el solicitante del amparo no aduce la certeza de la extinción de su relación laboral, por lo que la mera suposición de que esa circunstancia acaecerá es insuficiente para estimar que en el futuro inmediato será despedido del lugar donde se encuentra adscrito como trabajador de los Servicios de Salud de Oaxaca y tampoco puede considerarse que se ejecutará la terminación de la liga laboral que sostiene con su patrón equiparado con la sola expedición y publicación de referido Decreto; además, no está probada la existencia de algún mandato de su empleador en donde haya determinado el despido del quejoso del lugar donde labora actualmente, porque lo aseverado por el justiciable no arroja elementos objetivos para advertir la existencia actual de algún mandamiento de esa naturaleza. Al respecto, se tiene en cuenta que esas afirmaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el disidente constituyen una confesión expresa, la cual es admisible en el juicio de amparo y con tales expresiones se demuestra que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, al veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, no existía la aplicación del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, patentizado en el probable despido del lugar donde se encuentra adscrito actualmente como trabajador de los Servicios de Salud de Oaxaca, en razón de la expedición del citado Decreto que reprocha al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; por tanto, el acto de aplicación de la norma de tránsito atacada debe reputarse como futuro e incierto. Además, no puede sostenerse que el despido alegado existe en automático por el hecho de que el aludido Decretó fue expedido y publicado o porque se tenga la sospecha de esa situación, como el disconforme lo hace notar, ya que la norma de tránsito reclamada no prevé esa situación, como se precisó. En ese contexto, es válido sostener que el acto de aplicación del segmento normativo reclamado es de carácter futuro e incierto, basta la sola lectura de la demanda de amparo para saber con exactitud que no puede concretarse en agravio del justiciable esa actuación con meras aseveraciones de un probable despido para deducir que el disconforme será objeto de un acto de esa naturaleza y tampoco puede desprenderse la terminación de la relación laboral que lo une con su patrón equiparado con la sola expedición y publicación de la disposición reclamada. En esa línea, es inconcuso que la actuación combatida se trata de un acto cuya realización resulta ser futura e incierta y, por ende, hasta la data en la que se presentó la demanda de amparo no pueden ocasionar al promovente algún agravio personal y directo que lo legitime para ejercer la acción de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y por el diverso 6 de la Ley de Amparo. No escapa a la consideración de este órgano jurisdiccional la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 25/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral". Sin embargo, ese criterio jurisprudencial derivó de una ejecutoria emitida por el Alto Tribunal del país en una contradicción de tesis en donde los actos reclamados que se examinaron en los criterios que contendieron fueron actuaciones provenientes de órganos jurisdiccionales en los que con la sola presentación de la demanda de amparo no podía saberse con exactitud si eran inminentes, o bien, si llegarán o no a materializarse, sino que era necesario contar con elementos de prueba que permitieran una correcta conclusión, por lo que en ese supuesto la Superioridad sostuvo que no debía considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar de plano el escrito inicial, pero en el caso, no se está ante un acto de una autoridad judicial, sino de un ente administrativo y con los elementos objetivos que se tienen hasta el momento derivados de la demanda de amparo, la documental que el justiciable aportó y el contenido de la norma de tránsito reclamada es factible advertir que la aplicación de ese precepto que el justiciable combate se trata de un acto futuro de realización incierta, sin que se requiera de mayores elementos de prueba para deducir esa situación; por tanto, la presente resolución judicial no desatiende la jurisprudencia citada ni se opone a su contenido, dado que en la especie, se está ante un acto de naturaleza y características diversas a los examinados en los criterios divergentes, cuya unificación se trata de lograr con la emisión del criterio jurisprudencial vinculante trascrito en términos de lo estatuido por el arábigo 217 de la Ley de Amparo. En esos términos, al actualizarse la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***********, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la aplicación del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, patentizado en el probable despido como trabajador de los Servicios de Salud donde actualmente presta sus servicios en razón de la expedición del citado Decreto, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. En otro punto, una vez que se ha determinado que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto de aplicación de la disposición combatida es inconcuso que dicha improcedencia trasciende a los diversos que se atribuyen al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de la Función Pública, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, al Director del Diario Oficial de la Federación y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en su respectivo ámbito de competencia en la elaboración, la expedición, el refrendo y la publicación del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en específico el artículo Cuarto Transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, porque dada la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de aplicación no puede desvincularse uno del otro, puesto que esta última actuación es precisamente la que causa perjuicio al disidente. Luego, si en el caso particular el juicio constitucional resulta improcedente en relación con el acto de aplicación señalado también debe decirse que la improcedencia examinada se actualiza de manera indudable y manifiesta respecto de la norma de tránsito atacada que el quejoso señaló que probablemente materializará sus efectos en su esfera jurídica. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 221 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En ese contexto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la norma de observancia general reclamada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por ***********, en contra de los actos reprochados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de la Función Pública, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, al Director del Diario Oficial de la Federación y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en su respectivo ámbito de competencia en la elaboración, la expedición, el refrendo y la publicación del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en específico el artículo Cuarto Transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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