Ángel Daniel Campillo Castillo

Expediente 650/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
650/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Ángel Daniel Campillo Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído por el que fue decretado el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DESTRUCCIÓN Y DEPURACIÓN DE EXPEDIENTES. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. OFICIO SIN MAYOR TRÁMITE [12941]. Con fundamento en el artículo 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente como antecedente, el oficio enviado por el ********************; lo anterior, toda vez que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido dicho comunicado por la vía electrónica, acordándose lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. I. Remisión de constancias. Agréguese el oficio enviado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de once de noviembre de dos mil veinte, remite las documentales con las que pretende acreditar el suministro y la entrega de los fármacos prescritos al quejoso Ángel Daniel Campillo Castillo, con motivo de la suspensión de plano decretada en su favor, dentro del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, en el referido comunicado manifiesta que dicho peticionario de amparo ya no forma parte de la población penitenciaria de dicho centro de reclusión, toda vez que el trece de noviembre del año en curso, fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones con sede en Altamira, Tamaulipas, y al efecto remite diversas constancias con las que sustenta su información. En efecto, de las documentales en trato se observa que mediante oficio SSPC/PRS/13595/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, comunicó al referido Director General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, la autorización de egreso del citado Campillo Castillo, del referido centro de reclusión, para ser ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en Altamira, Tamaulipas. Lo anterior, en cumplimiento a la resolución pronunciada el uno de octubre de dos mil veinte, en el incidente no especificado de traslado, relativo al SIPE 33/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, derivado de la causa penal 116/2017, instruida al ahora quejoso. Lo que se cristalizó el trece de noviembre del año en curso, como se desprende del acta administrativa de egreso por traslado 174/2020, adjunta al oficio de cuenta. Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos, relacionadas con los actos reclamados. II. Actualización de causal de improcedencia. Bajo ese contexto, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Previo a demostrar dicha causal, es necesario precisar que el acto reclamado en el presente juicio, consiste en: ".LA OMICIÓN Y NEGATIVA DE PROPORCIONARME ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA ADECUADA DE ACUERDO A MIS PADECIMIENTOS FÍSICOS Y PSICOLOGICOS."(sic) III. Estudio de la causal de improcedencia. La citada fracción dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;.". La hipótesis normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Así, en este supuesto, la improcedencia del juicio deviene de la presencia de un hecho extraordinario que motiva que desaparezca el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, por lo que ya no es posible que el acto lesione al quejoso. La razón de la causa de improcedencia en estudio radica en que el efecto y finalidad del juicio de amparo, conforme con lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de los derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; en consecuencia, si la materia o el objeto del acto reclamado deja de existir, ningún efecto podría tener la sentencia que concediera el amparo solicitado, ya que aunque éste subsista formalmente, la situación jurídica en que se emitió el acto reclamado cambió, por lo que sus efectos no se pueden concretar en la esfera del gobernado. Es decir, la subsistencia formal del acto reclamado no podría tener efectos en la esfera jurídica del quejoso, al encontrarse aquél sin materia. Por tanto, cuando se modifica el entorno jurídico en el que se dictó el acto reclamado, de tal manera que la materia de éste queda insubsistente, debe sobreseerse en el juicio de amparo, ya que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos (porque la subsistencia formal de dicho acto no podría tener efecto alguno). Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento ochenta y nueve, del tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio deamparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Asimismo, es ilustrativa de lo expuesto, la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y uno, del tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se resente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En el presente asunto, el quejoso reclama medularmente de las autoridades responsables la falta de atención médica necesaria para tratar los padecimientos que le aquejan. De las constancias que integran el presente juicio se advierte que al presentar la demanda de amparo, el quejoso se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, y refirió que en dicho centro de reclusión no se le proporcionaba la atención médica y los fármacos necesarios. Sin embargo, como se estableció anteriormente, el quejoso ya no forma parte de la población penitenciaria de dicho centro de reclusión, toda vez que el trece de noviembre del año en curso, fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones con sede en Altamira, Tamaulipas, en atención a lo dispuesto en el oficio SSPC/PRS/13595/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, emitido a su vez en cumplimiento a la resolución pronunciada el uno de octubre de dos mil veinte, en el incidente no especificado de traslado, relativo al SIPE 33/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, derivado de la causa penal 116/2017, instruida al ahora quejoso. Lo que se encuentra acreditado con las constancias adjuntas al comunicado de cuenta, a las que se les otorgó valor probatorio. En contraste, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, dado que, como se dijo, aun cuando el acto reclamado subsistiera, ningún efecto jurídico tendría una sentencia concesoria de amparo, pues el quejoso, el trece de noviembre de dos mil viente, fue trasladado a un centro de reclusión diverso al que dirigen las autoridades responsables, por lo que no puede surtir efecto legal o material alguno. De ahí que el presente juicio de amparo es improcedente, dado que aun cuando el acto reclamado subsistiera formalmente, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto, pues el quejoso ya no se encuentra sometido al régimen médico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", al no encontrarse en la población del mismo. IV. Sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia. Por tanto, al actualizarse la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo a la causal anteriormente citada, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, fuera de audiencia. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Sobre el particular, se invoca la tesis siguiente: Tesis: 2a./J. 10/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184572 18 de 27 Segunda Sala Tomo XVII, Marzo de 2003 Pág. 386 Jurisprudencia(Común) "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Lo aquí determinado notifíquese al quejoso por conducto de su Defensor Público Federal que lo representa en el presente juicio, como fue establecido en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su Defensor Público Federal y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de noviembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado procesal de autos se obtiene que mediante oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DG/7059/2020, la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, rindió su informe justificado y anexó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar atención médica al quejoso Ángel Daniel Campillo Castillo. De las referidas documentales se advierte, en lo que interesa, que el quince de agosto de dos mil veinte, se realizó lo siguiente: ~ Valoración de medicina general efectuada por el Médico Penitenciario Alfonso Cortés Rodríguez, donde se diagnosticó al quejoso con: "TRASTORNO ANSIOSO MIXTO/FURUNCULOSIS EN GENITALES"; ordenando suministrar: "TERBINAFINA TAB 1 cada 12 hrs por 20 días.LEVOFLOXACINO TABLETAS 1 cada 24 hrs por 7 días." ~ Valoración por video-llamada por parte del servicio de psiquiatría efectuada por la psiquiatra Leticia Briseño de la Vega, en la que arrojó como diagnóstico: "TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME ORGANICO F20.6 + TRASNTORNO DEPRESIVO RECURRENTE. EPISODIO ACTUAL MODERADO CON SINTOMAS PSICOTICOS + TRANSTORNO DISOCIAL DE LA PERSONALIDAD + PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD"; ordenando suministrar, entre otras cosas: "Fluoxetina.Olanzapina.Clonazepam." Sin embargo, de las referidas documentales no se advierte que los medicamentos prescritos, hayan sido proporcionados y entregados al quejoso de mérito para colmar los planes médicos propuestos. REQUERIMIENTO. En consecuencia, a efecto de integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en los artículos 75 y 119, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita la totalidad de las constancias que integren el expediente médico del referido quejoso Ángel Daniel Campillo Castillo, entre las que se encuentren las documentales referidas en el párrafo que precede. Con el apercibimiento que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se harán efectivos en su contra los apercibimientos decretados en el auto admisorio de trece de agosto de dos mil veinte. DIFERIMIENTO. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha, se difiere y en su lugar se programan las NUEVE HORAS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD EN CUESTIÓN.

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