Ángel Alejandro Rodriguez Medina
Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ángel Alejandro Rodriguez Medina
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSION.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de abril de dos mil veintidós. QUEJOSO SOLICITA AUDIENCIA CON DEFENSOR. Vista la cédula de notificación practicada por el licenciado Martín Monroy Maldonado, de la que se advierte que el cinco de abril de dos mil veintidós, al momento de la práctica de la citada diligencia la parte quejosa Ángel Alejandro Rodríguez Medina, solicitó una audiencia con su defensor público federal. VISTA DEFENSOR PÚBLICO. Por lo tanto, como lo solicita el quejoso de mérito, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al peticionario de amparo de que trata, con copia de la constancia de notificación de cuenta, dese vista al Defensor Público Federal quien lo representa en el presente juicio; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Con copia de la constancia de notificación practicada a la parte quejosa el cinco de abril de dos mil veintidós, NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL LICENCIADO JUVENTINO ROSAS ACEVES.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. DEFENSOR ACEPTA CARGO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito firmado por licenciado Juventino Rosas Aceves, a través del cual acepta y protesta el cargo de Defensor Público Federal del quejoso José Luis Murguía Márquez, para representarlo en el juicio de amparo en que se actúa, asimismo señalando domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad. CORREO ELECTRÓNICO. Tómese conocimiento de los datos de contacto proporcionados por dicho Defensor a saber, el correo electrónico jrosas@cjf.gob.mx y ndimas@cjf.gob.mx; ello a fin de que, por ese conducto, puedan realizarse las notificaciones que se ordenen en el presente asunto, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. PRECISIÓN 1. Hágase del conocimiento a la parte quejosa tal circunstancia; asimismo, notifíquese al referido defensor el presente proveído, así como el de dieciséis de marzo de la presente anualidad, a efecto de que se imponga de su contenido y para los efectos legales conducentes. PRECISIÓN 2. En el entendido que, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le resulten al citado quejoso privado de su libertad, se harán por conducto de su defensor. SOLICITA CONSULTAR EL EXPEDIENTE VÍA ELECTRÓNICA. Por otro lado, atento a su solicitud, se autoriza el ingreso y consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "juroace", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. AUTORIZADOS. Asimismo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones a Nicolás Dimas Pérez, por así solicitarlo expresamente. ALEGATOS. Por otro lado, se hace innecesario emitir mayor pronunciamiento en relación con los alegatos que formula el promovente; lo anterior, en virtud de que el veintiocho de octubre pasado, se desechó la demanda origen del presente asunto. COMISIONA ACTUARIO. Tomando en consideración que el peticionario del amparo Ángel Alejandro Rodríguez Medina, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y notifique el contenido del presente proveído. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE QUE SE TRATA EL PRESENTE PROVEÍDO Y EL DIVERSOS REFERIDOS EN EL PRESENTE ACUERDO Y AL QUEJOSO EL PRESENTE PROVEÍDO.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE OFICIO. Téngase por recibido el oficio 2813, enviado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al que acompaña el juicio de amparo VI-127/2022-2, promovido por Ángel Alejandro Rodríguez Medina, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que en acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, el órgano jurisdiccional de su adscripción, determinó carecer de competencia para conocer del presente asunto; lo anterior, por las razones ahí expuestas. SE ACEPTA CONOCIMIENTO. De conformidad con el primer párrafo del artículo 37 y segundo párrafo del artículo 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito declinante, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 140/2022-VI, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia lo siguiente: La falta de atención medica por parte de las autoridades responsables, respecto de los diversos padecimientos que refiere tener. La falta de seguridad que brindan al quejoso en su forma de clasificación de internos en los dormitorios. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, y apreciada íntegramente la demanda de amparo, este Juzgado Constitucional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia (Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar en contra los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica especializada, estudios y tratamientos médicos adecuados para los padecimientos que le aquejan, como son dolor de espalda (lumbalgia), dolor de estómago, muela y testículo; así como, la falta de seguridad que brindan al quejoso en su forma de clasificación de internos en los dormitorios, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Esto es así, porque dicha Ley Nacional Ejecutiva Penal en su precepto 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de que los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica especializada, estudios y tratamientos médicos adecuados para los padecimientos que le aquejan, ya sean urgentes o no; así como, la falta de seguridad que brindan al quejoso en su forma de clasificación de internos en los dormitorios, adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Corolario, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde está interno, mismos que se vinculan en la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica para los padecimientos que le aquejan; así como, la falta de seguridad que brindan al quejoso en su forma de clasificación de internos en los dormitorios, resulta inconcuso aplicable el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; por lo que, al tratarse de otorgarle la atención médica especializada, estudios y tratamientos médicos adecuados para los padecimientos que le aquejan, como son dolor de espalda (lumbalgia), dolor de estómago, muela y testículo; así como, la falta de seguridad que brindan al quejoso en su forma de clasificación de internos en los dormitorios, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, resulta desechar la demanda que originó el presente juicio de amparo; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Sin que obstaculice la anterior determinación, el hecho de que la autoridad declinante Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en proveído de cuatro de febrero del año en curso, en que además de declinar la competencia en favor de este órgano jurisdiccional, concedió al quejoso directo Ángel Alejandro Rodríguez Medina, la suspensión de plano de los actos reclamados; sin embargo, los actos que tilda de inconstitucionales, no son de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los previstos en el artículo 22 Constitucional; ni de aquellos que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de las garantías individuales violadas como a continuación se verá. Esto es, de conformidad con los artículos 125, 127 y 128 de la Ley de Amparo, dicha medida cautelar, por regla general, se concede mediante la sustanciación del incidente correspondiente, ya sea que su apertura se ordene de oficio o a petición de parte. No obstante, en términos del diverso 126 de la Ley de Amparo, los juzgadores se encuentran facultados para intervenir de oficio y otorgar la suspensión de plano y de oficio al promovente, sin la necesidad de abrir el incidente relativo, en los supuestos específicamente delimitados por el legislador, cuyas consecuencias permearán hasta la emisión de la sentencia correspondiente. Concretamente, esa atribución tiene lugar cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Como se evidencia, el legislador circunscribió las hipótesis en que el Juez de Distrito se encuentra conminado a otorgar la suspensión de plano, lo que cobra sentido si se considera que la sustracción de los derechos que tales supuestos tutelan podría generar un perjuicio cuya reparación podría resultar imposible, lo que habilita la inmediata intervención del juzgador. En ese contexto, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, el juez de distrito proveerá la medida cautelar de oficio y de plano solamente cuando advierta que las consecuencias inminentes de los actos reclamados pueden generar el peligro de privación de la vida o de la libertad personal de los gobernados. En la especie, y como se ha narrado, la parte quejosa reclama, en esencia, la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle la atención médica especializada, estudios y tratamientos médicos adecuados para los padecimientos que le aquejan, ya sean urgentes o no; así como, la falta de seguridad que brindan al quejoso en su forma de clasificación de internos en los dormitorios, al considerar que contravienen sus derechos a la salud. Por tanto, no se satisface alguno de los supuestos contenidos en el artículo 126 de la Ley de Amparo que permita el trámite de la suspensión de plano. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017822 1 de 1 Plenos de Circuito Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II Pag. 1701 Jurisprudencia (Común) "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Tesis: XVI.1o.P.14 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016103 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Pag. 2214 Tesis Aislada (Penal) "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos; sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". De igual manera, no pasa por inadvertido para esta resolutora que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de la excepción al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, veamos el porqué. Esto es así, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. Consecuentemente, al actualizarse las causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovido por Ángel Alejandro Rodríguez Medina. Finalmente, en atención a lo acordado en párrafos precedentes se deja sin efectos la suspensión de plano concedida por el Juez declinante (Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia); lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." REQUIERE DESIGNACIÓN. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía electrónica al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple del escrito de demanda del que deriva el presente asunto), designe Defensor Público Federal para que asista en este asunto al quejoso Ángel Alejandro Rodríguez Medina. Bajo el señalamiento de que dicho quejoso en su escrito de demanda manifestó que se le diera vista a su defensora María de los Ángeles Cortes Segundo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICAR AL QUEJOSO. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y proceda a notificar al peticionario de amparo Ángel Alejandro Rodríguez Medina, el presente proveído. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas que no lo son, a efecto de que el fedatario público adscrito al juzgado exhortado realice la diligencia encomendada. Hágase saber al Juez exhortado que de conformidad con el artículo 300 del mencionado Código Procesal, se solicita de la manera más atenta y cordial sirva ordenar la diligencia en los términos indicados y una vez desahogada, devuelva a la brevedad las constancias que así lo acrediten. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde guarda reclusión y por medio de oficios a las demás autoridades.
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