Ángel Coronado Moreno

Expediente 756/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
756/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Ángel Coronado Moreno

Actuaciones

  1. Incidental

    ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Ángel Coronado Moreno contra los actos de las autoridades responsables señaladas y por las razones expuestas en el considerando único de la presente resolución interlocutoria.

  2. Principal

    Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes, los oficios de cuenta suscritos por el Vice Fiscal Regional Zona Norte, agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos de Tramitación Común de la Región Norte del Estado de Sinaloa, agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales Región Norte, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, y Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, todos con sede en esta ciudad. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados solicitados a las referidas autoridades responsables y dese vista a las partes con dichos informes para que se impongan de su contenido. De igual forma, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, a los profesionistas indicados y por señalado domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones. Además, como se solicita, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorícese a la aludida responsable la reproducción de copias, a través del uso de medios electrónicos y fotográficos, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia de que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Por último, orienta el criterio, la tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". En diverso orden, se da cuenta al Juez con la razón elaborada por la actuaria judicial de la adscripción el trece de diciembre del año en curso, en la cual hizo constar la imposibilidad para entregar los oficios 3524-4A y 3525-4A de doce de diciembre del año en cita, dirigidos a las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa Comandante de la Policía Ministerial del Estado y Comandante de la Policía Municipal Los Mochis, Ahome, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, con los que se les requirió el informe justificado; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, y sin mayor trámite se dejan de tener con el carácter de autoridades responsables a las indicadas; de ahí que, se suspende toda comunicación con éstas, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de celeridad procesal, asimismo, con la obligación que al efecto impone la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo.

  3. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 756/2019-4A, promovido por Ángel Coronado Moreno, contra actos del Vice Fiscal Zona Norte, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, consistentes en la orden de detención y su probable ejecución. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147, 150, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda, requiérase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, los cuales deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la citada ley, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer el monto de las garantías correspondientes. En el entendido de que, las responsables podrán rendir el informe de referencia por la vía telegráfica, a través del fax de este juzgado al número telefónico 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las doce horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia incidental. En diverso orden, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. Además, cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditar un interés legítimo, en acatamiento a lo indicado en el artículo 131, de la Ley de Amparo, que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado, en virtud que no podrían paralizarse las consecuencias y efectos de los actos que presumiblemente causarán un daño inminente e irreparable al agraviado, si tal interés no está demostrado. Así, respecto a la orden de detención y su probable ejecución que se combate, se concede la suspensión provisional a favor de Ángel Coronado Moreno, conforme a lo dispuesto por los artículos 162, 165 y 166 de la Ley de Amparo, y conforme a lo siguiente: Cuando se trate de orden de detención, aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional (delitos graves así calificados en el sistema penal tradicional), la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso no sea detenido, pero se le apercibe a fin de que en el término de cinco días se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, de lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; Si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I; y En el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal del amparista y éste se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por cumplimiento de la orden de detención, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que en el término de cuarenta y ocho horas o, dentro del plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En la inteligencia de que, si el inconforme incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. La suspensión provisional de los actos reclamados concedida, surte efectos hasta en tanto se resuelva acerca de la definitiva en la interlocutoria respectiva. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa al quejoso, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, el quejoso deberá cumplir con las siguientes condiciones: Otorgar garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido de que, si decide que la garantía la exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si opta por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. b) Informar por escrito a este Juzgado de Distrito y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual puede ser localizado, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sea devuelto al Juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le puedan hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". Se precisa que, de no cumplir el justiciable con lo señalado en los incisos a) y b) del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Asimismo, esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa, en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 125 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Ángel Coronado Moreno, contra actos del Vice Fiscal Zona Norte, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 756/2019-4A, y tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. En ese contexto, requiérase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, por la vía fax al número 668 815 3208 o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diez de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. En diverso orden, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en el presente juicio constitucional al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial. Ahora, se advierte que el quejoso señaló tercero interesada para los efectos de este asunto; sin embargo, se reserva proveer respecto de su emplazamiento a juicio hasta en tanto obren las constancias relativas a la carpeta de investigación de origen. En diverso orden, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerrada Mochis 27, de la colonia Rosendo G. Castro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. De igual manera, téngase como autorizado legal del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Mahomed Ali Castañeda; mientras que como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, al licenciado Álvaro Romero Mayoral, toda vez que no tiene registrada su autorización para ejercer abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el libro de registro cédulas de abogados que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, acorde al artículo 12, párrafo segundo, de la citada Ley. En otro panorama, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Por último, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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