ANDY CHRISTOPHER VALLE LOPEZ y Otros.

Expediente 636/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
636/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • ANDY CHRISTOPHER VALLE LOPEZ y Otros.
  • A.S.V.E y Otros.
  • Andy Christopher Valle Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta firmado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa el proveído de once de septiembre del año en curso, en el cual previo hacer pronunciamiento si acepta o no la competencia declinada por este juzgado, requiere a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, para que remita el expediente ********************, a fin de estar en aptitud de precisar el acto reclamado en la demanda de amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda.

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, promovida por ***************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número ***/*****. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: ? Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS:  "EL Auto de fecha 09 de agosto de 2023 en mi perjuicio por el que se dice al suscrito Quejoso no ha lugar a admitir a tener por admitida la presente demanda. Artículo 199 Fracción V del Código Procesal Familiar en el Estado de Sinaloa, a través del cual se dicta el siguiente proveído:[.]  la omisión de proveer en relación a la solicitud de Guarda y Custodia Definitiva solicitada de los niños de identidad resguardada *******, y *******, en los términos precisados en el escrito inicial de demanda familiar controlada bajo el expediente número: ***/****.  Las consecuencias directas e indirectas por la omisión de proveer en relación a la solicitud de Guarda y Custodia Definitiva solicitada de los niños de identidad resguardada *******, y *******, en los términos precisados en el escrito inicial de demanda familiar controlada bajo el expediente número: ***/****.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo con base en las siguientes consideraciones: En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 de la Ley de Amparo. Por tanto, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto de los actos que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia I.2o.P. J/40 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, de registro digital 218721, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sentado lo anterior, este Juzgador considera necesario transcribir el artículo 107, fracción V, de la Constitución General de la República, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito competente de conformidad con lay, en los casos siguientes: (.) Por su parte, los artículos 34, 47 y 170 la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo."..." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso y de los mismos corresponde conocer a los tribunales colegiados de circuito. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 807/2023, relativo a la solicitud de Guardia y Custodia definitiva de los menores de identidad resguardada ********, y *******, promovido por el aquí quejoso ***********, contra *************. De ese modo, el acto reclamado consistente en la determinación mediante la cual se tiene por no admitida la demanda y archiva el expediente, es una determinación que, sin decidir el juicio en lo principal, pone fin al juicio, en tanto que imposibilita al ahora quejoso reclamar a la demandada los derechos que considera le corresponden, es decir, da por concluido dicho procedimiento. En efecto, se estima que tal determinación es de aquellas que pone fin a juicio, la cual es factible de ser combatida a través de amparo directo, pues de lo contrario se tendría como consecuencia una pluralidad de procesos que complica la impartición de justicia pronta y expedita, e incluso podría dejar en estado de indefensión a las partes. En ese orden de ideas, se estima que si el acto reclamado dio por concluido el juicio, debe ser analizado a través del juicio de amparo en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo en correlación al artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa. Así, el auto reclamado está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tratarse de una determinación que pone fin a juicio, por lo que este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del citado numeral en correlación al artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2014, determinó que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, Constitucionales, 2º, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de tres presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: 1. Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. 2. Competencia, respecto a que son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del amparo directo. 3. Procedencia, en relación a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo directo, deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Por lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, la claridad de los indicados presupuestos procesales, permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de actualizarse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo, respecto a la definitividad. Explicó, que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes; por tanto, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas. Sostuvo, que en ese caso se torna procedente la vía de tramitación directa, por ende, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Lo anterior, dio origen a la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 95, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En el caso, el quejoso reclama el auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 807/2023, relativo a la solicitud de Guarda y Custodia definitiva de los menores de identidad resguardada *******, y ********, solicitada al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso **************, contra **************, que determinó desechar de plano la demanda. Así, la resolución reclamada pone fin al juicio, pues sin decidir el fondo, tiene como consecuencia que el procedimiento concluya; la cual fue emitida en ejercicio de la potestad Jurisdiccional de que goza el Tribunal responsable. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 241, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, de registro digital 2015687, de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad.". Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 56, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, de registro 194715, que a la letra dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia.". Igualmente por las razones que informa la Jurisprudencia 2a./J. 130/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 468, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Septiembre de 2009, Época: Novena Época, de Registro 166514, que a la letra dice: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD. El juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos, de cualquier clase de Tribunales que pertenezcan a los órdenes jurídicos parciales (federal, local, Distrito Federal y municipal), toda vez que aquellos deben respetar el orden jurídico constitucional al que están supeditados (garantías individuales), con excepción de los siguientes supuestos: 1) Cuando la sentencia reclamada no se haya emitido por un Tribunal en ejercicio de potestad jurisdiccional, ante la ausencia de independencia e imparcialidad a esos efectos (en cuyo caso procederá el juicio de amparo indirecto para combatirlas); 2) Cuando la sentencia reclamada verse sobre materias excluidas constitucional o legalmente del juicio de garantías (como la materia electoral, sujeta a un sistema propio de regularidad constitucional); y, 3) Lógicamente, en caso de que la sentencia reclamada haya sido dictada por Tribunales que actúan en defensa del propio orden jurídico constitucional; supuestos de excepción que producen la improcedencia del amparo directo. Por tanto, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo promovido contra las sentencias definitivas que dicta el Tribunal Electoral del Distrito Federal, al resolver el juicio de inconformidad en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal, porque en dicho supuesto, el juicio de garantías se promueve contra sentencias inatacables que emite un Tribunal perteneciente al orden jurídico del Distrito Federal (sujeto a las "garantías individuales" del orden jurídico constitucional) en materia de responsabilidades administrativas (que es ajena a la materia electoral), en ejercicio de potestad jurisdiccional, por actuar como tercero imparcial e independiente de las autoridades y servidores públicos del referido Instituto.". También resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 65/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 346 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Novena Época, de registro 195616, que a la letra dice: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa. Con base en lo anterior, este Juzgado Federal considera competente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para conocer de la demanda de amparo que se trata, pues en ella se reclama una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, por lo cual, debe ser controvertida en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario, se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse incompetente y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. solicitándole respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. Finalmente, con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Melchor Ocampo número 45 oriente, colonia Anáhuac, de esta Ciudad y como sus autorizados legales de en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********* y ******* y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a ***********************, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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