Ángel Corona Lara

Expediente 1090/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1090/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Ángel Corona Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Devuélvase al JUEZ DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE XICOHTÉNCATL, el expediente original y un cuaderno de pruebas número 1173/2013-C., mismo que adjuntó al rendir su informe justificado, desglosándose los autos de las fojas 33 a la 295, dejándose en su lugar la certificación correspondiente, asimismo solicítese al referido Juez el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, y toda vez que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda, suspensión provisional e interlocutoria respectivas, toda vez que las mismas fueron concedidas, ya que a criterio del suscrito, no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1090/2017-V-B, promovido por ÁNGEL CORONA LARA, por derecho propio, en contra del acto reclamado al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ÁNGEL CORONA LARA, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable antes indicada, el cual hizo consistir en el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La falta o ilegal emplazamiento y como consecuencia de ello la nulidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas y por practicar dentro del juicio seguido en mi contra por no observarse las formalidades esenciales del procedimiento, al no ser oído ni vencido legalmente dentro del citado juicio, radicado ante la autoridad responsable y del cual desconozco el número de expediente.". SEGUNDO. Previo requerimiento, por auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe con justificación a la autoridad responsable, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento y previo el trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin establecer con precisión lo que realmente reclama la parte quejosa en su demanda de amparo. Así, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias existentes en autos, se pone de manifiesto que a través del presente juicio, el ahora quejoso, ÁNGEL CORONA LARA, reclama, sustancialmente, la falta o ilegal emplazamiento y como consecuencia de ello la nulidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas y por practicar dentro del juicio seguido en su contra, sin haber sido oído ni vencido legalmente dentro del citado juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por estimarse que no se contrapone a la Ley de Amparo en vigor, la tesis visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, porque así lo manifestó dicha autoridad al momento de rendir su respectivo informe con justificación, por tanto, debe tenerse por cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora con expediente 1173/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil y en Ejercicio de la Acción de Pago de Pesos, promovido por Norma Lucrecia Xicohténcatl Caporal, en contra del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, a su representante Esaú Rosas Muñoz, Presidente Municipal Ángel Corona Lara y Tesorera Municipal, María Isabel Muñoz Lara; mismo que tiene pleno valor probatorio por ser documento público, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedido en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presenta tal documental, como son la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, ya sea que se adviertan de oficio o las hagan valer las partes, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XII, en relación con el ordinal 5°, fracción I, ambos de la ley de la materia, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los anteriores preceptos legales, se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del arábigo 5° de la ley de Amparo; en el entendido que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el accionante del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional. Así, el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto afectado en sus derechos puede acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo lo expuesto en la tesis II.1o.23 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, consultable en la página 2942, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta." Asimismo, lo anterior encuentra sustento en las tesis aisladas emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultables en las páginas 46 y 68, volumen 52 y 64, primera parte, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de los rubros y textos siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." De los criterios invocados, se deduce que el interés jurídico para acudir al juicio de amparo lo constituye la existencia de un derecho que esté legítimamente tutelado, es decir, protegido por un ordenamiento legal objetivo, y será precisamente cuando dicho derecho sea transgredido por alguna autoridad, que su titular estará en aptitud de promover el juicio de amparo en defensa del mismo, pues en caso de que el acto que se combata a través del amparo no cause perjuicio alguno a la esfera de derechos del gobernado, dicho juicio será improcedente por no afectar su interés jurídico. De esta forma, el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva de derecho. Dicho en otras palabras, el juicio de amparo requiere, como requisito de procedencia, la existencia de un menoscabo u ofensa que se concreta en una persona física o moral determinada y que sin ser necesariamente patrimonial sea apreciable objetivamente, es decir, se requiere que la afectación sea real y no subjetiva; que su realización sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatoria, posible o hipotética, y que sea esa persona quien ejerza la acción. Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la ley, concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del gobernado, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis emitida por una anterior integración de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en la página 77, volúmenes 175-180, tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa. De esta forma, el interés jurídico no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, sino de que los promoventes del amparo acrediten que lo reclamado en el juicio de amparo les afecta de forma personal y directa algún derecho tutelado por un ordenamiento legal. Bajo esa tesitura, la demostración del interés jurídico es una obligación del quejoso, quien debe acreditarlo en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido a base de presunciones. En apoyo a lo argumentado, se cita Jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Luego entonces, el aquí quejoso ÁNGEL CORONA LARA, por propio derecho, señala como acto reclamado la falta o ilegal emplazamiento al juicio instaurado en su contra, sin notificarlo legalmente y sin observar las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que no fue oído ni vencido legalmente en dicho juicio. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente relativo al juicio los ahora quejosos para demostrar su interés jurídico, ofrecieron como pruebas de su intención las siguientes: Escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil trece, por Norma Lucrecia Xicohtencatl Caporal, ante el Juez de lo Civil y Familiar de Xicoténcatl, en turno, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, mediante el cual en la vía ordinaria civil demandó al Municipio de Papalotla de Xicoténcatl, a su representante el C. Esaú Rosas Muñoz al Presidente Municipal, el C. Ángel Corona Lara y a la C. María Isabel Muñoz Lara, en su calidad de Tesorera Municipal. Proveído del nueve de diciembre de dos mil trece, por el que la Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, radicó la demanda interpuesta por Norma Lucrecia Xicohtencatl Caporal, con el número 1173/2013, de su índice. Escrito del quince de enero de dos mil quince, mediante el cual el C. Israel Muñoz Muñoz, C.P. Verónica Torres Berruecos y Licenciada Adali Jamín Eliosa Lara, en representación del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, dan contestación a la demanda. Seguida la secuela procesal el diecinueve de febrero de dos mil quince, se dictó la resolución dentro del expediente número 1173/2013, relativo al Juicio Ordinario y en ejercicio de la acción de pago de pesos, en la que en sus resolutivos señaló lo siguiente: "PRIMERO.- Fue tramitado legalmente el JUICIO ORDINARIO Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE PAGO DE PESOS, promovido NORMA LUCRECIA XICOHTÉNCATL CAPORAL, en contra del MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA A SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ESAÚ ROSAS MUÑOZ, AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ÁNGEL CORONA LARA Y A LA C. MARÍA ISABEL MUÑOZ LARA, EN SU CALIDAD DE TESORERA MUNICIPAL. SEGUNDO.- Por las razones anotadas en el considerando II de este fallo, se declara improcedente la acción ejercitada por NORMA LUCRECIA XICOHTÉNCATL CAPORAL, en consecuencia se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente." (.) Luego entonces, de lo antes transcrito se advierte que la Juez del conocimiento, señalada como responsable en el presente asunto, fue resuelto declarando improcedente la acción ejercitada por Norma Lucrecia Xicohténcatl Caporal, en contra de los demandados, Esaú Rosas Muñoz, en su calidad de Representante legal, Ángel Corona Lara, como Presidente Municipal y a la C. María Isabel Muñoz Lara, en su carácter de Tesorera Municipal, de ahí que, tal juicio no le depara perjuicio alguno al ahora quejoso Ángel Corona Lara, al haberse declarado improcedente la acción intentada por la actora; consecuentemente, no puede hablarse de que exista agravio o perjuicio en la persona que el hoy quejoso pueda sufrir, en razón de que no hay una afectación real y efectiva a sus bienes jurídicamente amparados. Asimismo, debe decirse que en el escrito de demanda, como tampoco en el expediente natural, se advierte que el referido quejoso Ángel Corona Lara, haya acreditado fehacientemente que la falta de llamamiento al juicio número 1173/2013, del cual emana el acto reclamado, le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho, lo que en la especie no acontece, toda vez que en el juicio del cual emana el acto reclamado consistente en la falta o ilegal emplazamiento, la autoridad responsable en su resolución dictada el diecinueve de febrero de dos mil quince, declaró improcedente la acción intentada por la parte actora. En apoyo a lo expuesto, se cita la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa el interés jurídico para combatir los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En esa tesitura, al haberse actualizado la causal de improcedencia que origina el sobreseimiento de este juicio constitucional, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para estudiar el fondo del amparo, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 57, de la Gaceta número setenta, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Octubre de 1993, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Asimismo, tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 707, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1995, Octava Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XII, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ÁNGEL CORONA LARA, por derecho propio, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, precisado en el considerando segundo, atento a las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario Judicial Alejandro Galicia Lara, que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

  4. Incidental

    ... se... R E S U E L V E... PRIMERO.- Se CONCEDE, la suspensión definitiva solicitada por Ángel Corona Lara, en contra del acto y autoridad señalada como responsable en el considerando primero y en términos del considerado segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente resolución, deberá tomarse en cuenta que la parte quejosa, no manifestó oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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