Ángel Carrillo Robles
Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ángel Carrillo Robles
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, causo estado el proveído de trece de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, devuélvase al Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, la copia certificada del expedientillo número 215/2019-2 que adjuntó al rendir su informe justificado, y con la que se formó el tomo I de pruebas; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se advierte que aún transcurre el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el cual fue agregado por auto de veintisiete de enero del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con tres minutos del día de la fecha, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible la celebración de la misma, toda vez que no ha sido desahogado el requerimiento formulado en autos a Juan Martín Ximello Malcos, relativo a la presentación del acta de defunción de la tercera interesada Ambrosia Juana Ximello Malcos, en su caso, informe el lugar y fecha de la defunción y si se tramitó juicio sucesorio de la antes nombrada. En tales condiciones, requiérase a Juan Martín Ximello Malcos, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación de este proveído, informe si tiene conocimiento del lugar y fecha de la defunción de Ambrosia Juana Ximello Malcos, o en su caso, si sabe si se tramitó juicio sucesorio. Ahora bien, en aras de no seguir retardando la resolución del presente juicio y de cumplir con el derecho humano de la pronta impartición de la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, se le hace del conocimiento de Juan Martín Ximello Malcos, que se encuentra facultado para promover el juicio intestamentario de la mencionada tercera interesada. Por tanto, se le otorga al referido Juan Martín Ximello Malcos, quince días, para que haga valer ese derecho conferido por el ordenamiento legal antes invocado; esto es, promueva el juicio sucesorio intestamentario de la multireferida tercera interesada, para que así, en su momento procesal oportuno; esto es, cuando se le nombre albacea provisional en dicha sucesión, se pueda emplazar en el presente juicio a la tercera interesada por conducto de éste; apercibiéndola que de no cumplir con lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda. En mérito de lo anterior, y a fin de dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese personalmente a Juan Martín Ximello Malcos, en el domicilio ubicado en Privada Vicente Suárez, número dieciocho del Barrio de Tlaltepango, Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. ***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el amparo directo 3/2022, de su índice, así como la demanda presentada por Ángel Carrillo Robles, por propio derecho; en atención a la incompetencia dictada por el referido órgano colegiado. En consecuencia, este Juzgado Federal acepta la competencia declinada a su favor para conocer del asunto de que se trata. Acúsese el recibo de estilo. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 39/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. ?Desechamiento de la demanda. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Como premisa debe destacarse que el quejoso reclama la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 215/2019, mediante la cual la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, resolvió declararse incompetente legalmente, en razón de haberse acreditado la existencia de la relación de naturaleza laboral y por ende ordenó remitir mediante oficio el expediente mencionado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y resolución. Aclarado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento1, debido a que la resolución reclamada es 1 Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: una determinación en la que si bien se declina la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que no es definitiva, en la medida que el órgano jurisdiccional requerido -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala- no ha emitido una diversa determinación en la que acepte o niegue la incompetencia planteada e, incluso, resta verificar si no se suscita un conflicto competencial que deba resolver una diversa autoridad jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 2003073 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1380 Tipo: Jurisprudencia "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; y,." concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico". En efecto, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional procede en contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, este supuesto de procedencia debe interpretarse estrechamente con el principio de definitividad, dado que este principio constituye un pilar fundamental del juicio de derechos fundamentales Por ende, debe estimarse que lo dispuesto en dicha fracción se refiere al caso en el que la autoridad a favor de la cual se declinó competencia, la acepte o la rechace. En este sentido, es dable concluir que la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia, se refiere necesariamente a aquellos que sean definitivos, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, por ser principio rector de éste. Así, de la intelección del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento, se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente si la determinación en la que una autoridad declina su competencia o conocimiento del asunto, o bien, en la que establece que una diversa autoridad se debe inhibir de seguir Juicio de Amparo 39/2022. conociendo de un determinado asunto, no se trata de la resolución definitiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2009721, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". De conformidad con lo anterior, si en el caso a través de la resolución reclamada -cuyo contenido se conoce al contar con los autos del juicio de origen- el Magistrado Presidente y Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y remitió los autos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es claro que se está en presencia de una determinación no definitiva en la que se declina la competencia o conocimiento de un expediente, pues falta que la autoridad jurisdiccional requerida -a la que se le declinó el conocimiento del asunto- se pronuncie sobre si acepta o no la competencia declinada e, incluso, en caso de suscitarse un conflicto competencial, resta constatar que si lo resuelto por el órgano encargado de resolver dicho diferendo, puede ser reclamado a través del amparo indirecto. Por tanto, la demanda de amparo que nos ocupa debe estimarse improcedente, habida cuenta de que la resolución que se reclama no causa perjuicio a la parte quejosa, dado que la afectación de que se duele en realidad será ocasionada por la determinación que en definitiva resuelva sobre si se acepta o no la declaratoria de incompetencia del Magistrado Presidente y Titular de Juicio de Amparo 39/2022. la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Luego, es dable afirmar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento2. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de manera notoria e indudable un motivo de improcedencia, lo conducente es desechar de plano la demanda de amparo. TOMO. Ahora bien, con dado el volumen de las documentales que anexa el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, fórmese un tomo por separado marcado con el número I. 2 Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a las partes, para que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES NO PROCESALES. Requiérase a las partes para que a efecto evitar la propagación del virus Covid-19, agilizar el asunto y privilegiar el uso de medios electrónicos, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 en cita, proporcionen un correo electrónico y/o número de teléfono celular y/o servicios de mensajería móvil instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicación y, en su caso, de autorizarlo expresamente para que se les realicen notificaciones en este asunto a través de esas vías, previa verificación de su recepción que se deje en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase al impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido que podrá dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Erwing de José Sánchez Vázquez y María del Carmen Ramírez Mena, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Por otro lado, se tienen como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a Sandy Consuelo Torres Delgado y Diego Rojas Mena, por así haberse solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese y personalmente al quejoso. ***
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