Angel Cahuantzi Lopantzi
Expediente 1162/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Angel Cahuantzi Lopantzi
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de once de octubre de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Ángel Cahuantzi Lopantzi; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistida de Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Ángel Cahuantzi Lopantzi, el contenido de la resolución de once de octubre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, once de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Ángel Cahuantzi Lopantzi, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1162/2022-III. Se desecha demanda Ahora, vista la demanda de amparo que se provee, se advierte que la parte quejosa reclama: "El ilegal cambio de adscripción dictado mediante acuerdo XVIII/69/2022, de sesión extraordinaria, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, notificado mediante oficio SECJRH/1936/2022, de veintidós de septiembre del presente año, a través del cual se readscribe con el mismo nivel, en el cargo de Oficial de Partes en la Oficialía Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con efectos a partir del veintidós de septiembre del dos mil veintidós hasta nuevas instrucciones (.)" Dicha determinación le es atribuida al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (como autoridad ordenadora) y a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (autoridad ejecutora). Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo1 autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Al respecto, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Por lo tanto resulta pertinente, en principio, dilucidar el vínculo que une a la quejosa con las autoridades señaladas como responsables, pues ello permitirá determinar si los actos que les atribuye son susceptibles de combatirse en la vía constitucional. Para lo cual se señala: "TITULO CUARTO ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL Capítulo Primero Del Consejo de la Judicatura Sección Primera Generalidades Artículo 61. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones; tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones, salvo en los casos que prevé la presente ley. Artículo 65. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones. En el primer caso, resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación, renuncias, licencias y remoción de jueces y demás integrantes de los juzgados, así como de los servidores públicos auxiliares de la función jurisdiccional, excepto del personal adscrito al Pleno, a las salas y a la Presidencia del Tribunal. En el segundo supuesto, sin perjuicio del número de sus integrantes y de las funciones que se determinen, decidirá lo relativo al personal que desempeñe tareas administrativas o de apoyo. Las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal, únicamente para verificar si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en esta ley. Artículo 66. El Consejo de la Judicatura recibirá y tramitará las quejas e informes sobre demoras, excesos y omisiones en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial, en el despacho de los asuntos que les competan, a efecto de dictar las providencias oportunas para su corrección o la denuncia penal correspondiente. Sección Segunda Del Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Artículo 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y sancionar, en su caso, a los jueces de primera instancia, así como al personal auxiliar de la función jurisdiccional, administrativo o de apoyo, excepto los adscritos al Pleno, a las salas y a la Presidencia del Tribunal; II. Dividir al Estado en Distritos Judiciales, residiendo en ellos los juzgados de primera Instancia que el Consejo determine; III. Expedir acuerdos generales para el ejercicio de sus funciones administrativas, incluyendo los relativos a la carrera judicial; IV. Informar al Pleno del Tribunal respecto de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces de primera instancia; así como del personal auxiliar de la función jurisdiccional; V. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento; VI. A solicitud del Pleno del Tribunal, emitir acuerdos generales para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional; VII. Determinar en el reglamento o disposición administrativa en la materia, los procedimientos, requisitos y criterios de selección, en los que se tomarán en cuenta la carrera judicial, el concurso de oposición y demás exigencias de orden constitucional; asimismo, expedir y mantener actualizados, los reglamentos interiores en materia administrativa, que rijan las funciones de los órganos de justicia y sus servidores públicos; los de examen de oposición para ocupar el cargo de Juez y demás servidores públicos; de la carrera judicial; de escalafón y de regímenes disciplinarios que sean necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial; VIII. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, al Secretario Ejecutivo; y a propuesta de los consejeros al Tesorero y al personal operativo, que reúnan los requisitos para el cargo de que se trate; IX. Recibir, tramitar y resolver las quejas administrativas o denuncias que se formulen en contra de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables; X. Otorgar estímulos y recompensas a los servidores públicos del Poder Judicial que se hayan destacado en el desempeño de su cargo; XI. Vigilar el funcionamiento del órgano que realice labores de compilación y sistematización de leyes, tesis, ejecutorias, precedentes y jurisprudencia, así como de la estadística e informática, de la biblioteca y del archivo general del Poder Judicial; XII. Solicitar al Pleno, a las salas y al Magistrado Presidente, así como a las unidades de apoyo del Tribunal Superior, la información procedente y opiniones que requiera para el mejor desempeño de sus funciones; XIII. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus órganos auxiliares; XIV. Ordenar las visitas periódicas a los juzgados, para observar la conducta y desempeño del personal; recibiendo las quejas y denuncias que hubiese en contra de ellos. Ejercer las atribuciones que señala esta ley, así como practicar las visitas especiales o extraordinarias que le solicite el Pleno del Tribunal, dándole cuenta oportuna, en ambos casos, de sus resultados; XV. Elaborar estudios de las leyes y disposiciones reglamentarias relacionadas con la organización y funcionamiento de la administración de justicia; XVI. Establecer Oficialías de Partes Común, cuando así lo demande las necesidades del servicio; XVII. Conocer y resolver respecto de las renuncias de los servidores públicos de confianza, de base y demás personal administrativo del Poder Judicial del Estado, con excepción de lo previsto en esta materia para los magistrados; XVIII. Conceder licencia sin goce de sueldo hasta por seis meses, a los servidores públicos y al personal de confianza del Poder Judicial, con excepción de lo reservado al respecto para los magistrados. Por lo que se refiere al personal de base, conforme se establece en las condiciones generales de trabajo; XIX. Nombrar y remover, previa consulta con el titular del área, al personal adscrito a la misma, excepto aquel cuyo nombramiento corresponda al Pleno del Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución del Estado, esta ley, su reglamento y demás leyes aplicables; XX. Establecer las bases para la formación y actualización profesional de los servidores públicos del Poder Judicial; XXI. Supervisar que la aplicación y evaluación de los exámenes de oposición, que se practiquen a los aspirantes de nuevo ingreso o para promover al personal en funciones a cargo superior, se hagan con imparcialidad, objetividad y excelencia académica, en los términos del reglamento de examen de oposición; XXII. Llevar un control de las resoluciones emitidas por los jueces, cuando éstas sean confirmadas, modificadas o revocadas por sus superiores, con la finalidad de tomar medidas para lograr una mejor administración de justicia; XXIII. Autorizar a los secretarios de los juzgados para desempeñar las funciones de los jueces en las ausencias temporales de éstos; asimismo, designar a los secretarios interinos, conforme a los lineamientos que al respecto emita el consejo; XXIV. Crear para el debido cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, conforme las disposiciones presupuestales, las unidades administrativas o de apoyo que se requieran, estableciéndose sus funciones en el reglamento interior y demás ordenamientos aplicables; XXV. Vigilar que la administración del presupuesto del Poder Judicial sea eficaz, honesta y ajustada a la normatividad aplicable; XXVI. Las demás que las leyes o reglamentos le otorguen. Artículo 69. El Consejo de la Judicatura, para el cumplimiento de sus atribuciones será apoyado por las unidades administrativas, las cuales se sujetarán a las normas establecidas en el reglamento que para tal efecto se expida. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios respectivos, notificándose personalmente a la brevedad a las partes interesadas. Cuando el Pleno del Consejo estime que sus acuerdos o resoluciones o de las comisiones sean de interés general, deberá ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 71. Los Consejeros tendrán las atribuciones siguientes: I. Participar con voz y voto a las sesiones del Consejo; II. Realizar las propuestas necesarias para el mejor funcionamiento del Poder Judicial; III. Cumplir con las comisiones que se les encomienden, y IV. Las demás que señalen las disposiciones reglamentarias." De lo transcrito se desprende que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones, quien tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones. Lo anterior, permite concluir, en principio, que el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala es una autoridad; empero, es imprescindible establecer si al emitir por conducto de su Secretaria Ejecutiva el oficio SECJRH/1936/2022, del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se comunicó al quejoso su readscripción a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, como Oficial de Partes, con efectos a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, hasta nuevas instrucciones, actuó como autoridad o en un plano de igualdad en el marco de una relación bilateral; es decir, como parte del binomio patrón-trabajador. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte quejosa tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Bajo esas premisas los órganos u organismos del Estado no pueden ni deben ser considerados como autoridades para los efectos del juicio de amparo, cuando se trate de determinaciones adoptadas dentro del ámbito del derecho laboral que regula las relaciones con su personal, en razón de que la causa generadora de las mismas deriva del acuerdo de voluntades en el que la autoridad, en su carácter de parte patronal y el particular como parte trabajadora, contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, cuyas diferencias deben ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través de los procedimientos laborales previstos para tal efecto, pues si bien en todo vínculo de naturaleza laboral existe una relación de subordinación del trabajador respecto del patrón, ello no implica que se esté ante un acto de autoridad, ya que esa relación jurídica se suscita en un plano de coordinación. En ese contexto, resulta evidente que a las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa, no les reviste ese carácter para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que la relación jurídica que se suscita en la especie no corresponde a la de autoridad y gobernado -relación de supra a subordinación- sino una relación de coordinación entre el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Ángel Cahuantzi Lopantzi en su calidad de servidor público, toda vez que al emitir el oficio SECJRH/1936/2022, del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se comunicó al quejoso su readscripción a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, como Oficial de Partes, con efectos a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, hasta nuevas instrucciones, dicha autoridad no actuó investida de imperio, ya que esa determinación deriva de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre ambas partes. En efecto, al emitir el indicado oficio el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala actuó en su carácter de parte patronal, ya que si bien tomó tal determinación en forma unilateral; sin embargo, ello lo hizo con base en la relación laboral que lo une con el quejoso Ángel Cahuantzi Lopantzi, por lo que se está en presencia de un conflicto entre particulares que constituyen el binomio patrón-trabajador, en el que no existe la obligación de que la parte patronal requiera necesariamente del consentimiento del afectado. Sin que pase inadvertido que si bien el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones, quien tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las salas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones y con motivo del ejercicio de esas funciones pudiera desplegar diversos actos con el carácter de autoridad, esto es, en un plano de supra a subordinación; sin embargo, con el fin de cumplir los propósitos para los que fue creado aquel órgano, es necesario que también actúe como particular, es decir, que se obligue o adquiera derechos a través de las normas de derecho privado, y es precisamente en el marco de esa actuación como particular que la citada dependencia estatal puede vincularse con sus trabajadores como patrón. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se analizan actos realizados por los órganos del Estado en su carácter de parte patronal y en los cuales se ha concluido que la acción constitucional resulta improcedente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." (Tesis 2a. C/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo X, julio de 1999, página 370, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." (Jurisprudencia 2a./J. 111/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, agosto de 2010, página 444, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." (Jurisprudencia 2a./J. 97/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 152, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. (Tesis P. XXVIII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVIII, febrero de 1997, página 119, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, MEDIANTE LA CUAL SON CESADOS O SEPARADOS DE SU CARGO, POR HABER INCURRIDO EN FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS, ES DE NATURALEZA LABORAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los regímenes laboral y administrativo de los servidores públicos del Estado no deben confundirse entre sí, porque tienen génesis jurídicas diferentes, reconocen distintas causales de suspensión y remoción, e implementan disímiles procedimientos. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos se distinguen esos sistemas, a los que están sujetos los servidores públicos judiciales, conocidos como personal de la administración de justicia, entre los que se encuentran los secretarios de acuerdos, actuarios y empleados de oficinas administrativas; resultando aplicables supletoriamente, las Leyes del Servicio Civil y Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Morelos, respectivamente. Ahora bien, el examen comparativo de ambos regímenes jurídicos permite afirmar que las faltas de asistencia sin causa justificada, por determinado número de días en un periodo definido, en que incurra el personal de la administración de justicia del Tribunal Superior de Justicia, constituyen un hecho que se despliega en el ámbito laboral de la relación jurídica que une al servidor público con el Poder Judicial, al encontrarse vinculado a la obligación que tiene todo trabajador de prestar un trabajo personal y subordinado. Por tanto, la resolución del Consejo de la Judicatura Estatal, mediante la cual decreta el cese o separación de un servidor público, por haber incurrido en faltas de asistencia sin causa justificada, constituye un acto jurídico de naturaleza laboral; de donde se sigue que la vía para impugnarla es el juicio laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." (Época: Décima Época. Registro: 2000171. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 28/2011 (10a.). Página: 3707). TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento." (Época: Novena Época. Registro: 164201. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010. Materia(s): Laboral. Tesis: 2a./J. 89/2010. Página: 314). Consecuentemente, en razón de que la causa generadora de los actos deriva del acuerdo de voluntades en el que la autoridad, en su carácter de parte patronal y el particular como parte trabajadora, contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, dichas diferencias deben ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través de los procedimientos laborales previstos para tal efecto, pues si bien en todo vínculo de naturaleza laboral existe una relación de subordinación del trabajador respecto del patrón, ello no implica que se esté ante un acto de autoridad, ya que esa relación jurídica se suscita en un plano de coordinación En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada dos de noviembre, sin número, sección primera, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. Señala número telefónico En otro aspecto, se le tiene señalando el número telefónico que indica, el cual en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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