Ángel Bautista Saldaña

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Ángel Bautista Saldaña

Actuaciones

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, doce de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió al promovente del amparo Ángel Bautista Saldaña, en proveído de cinco de febrero de dos mil veintiuno, para que cumpliera con el requerimiento ahí formulado; toda vez, que se le notificó el seis de febrero de dos mil veintiuno, surtiendo efectos el ocho siguiente, por lo que el término transcurrió del nueve al once del propio mes y año, sin mediar días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, respecto a la ratificación del desistimiento de la demanda de amparo, dígase a la parte quejosa que se esté a lo acordado párrafos en que antecede, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a su favor.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Desistimiento Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Ángel Bautista Saldaña, directo quejoso en el presente juicio de amparo, a través de cual se desisten del presente juicio de amparo. Se requiere ratificación Atento a la naturaleza del desistimiento en cuestión, de las consecuencias que el mismo acarrea, y en razón de que éste contraviene los intereses que puedan tener a la referida peticionaria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, por seguridad jurídica de la promovente, requiéranse para que en el plazo de tres días legalmente computados, comparezca ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificada, a fin de que reconozcan como suyas la firma que aparecen al calce del escrito de mérito; de lo contrario, se continuará con la tramitación del presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, por su idea jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Lo anterior, sin perjuicio que transcurrido el término que se le dio para ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, de acuerde lo que en derecho corresponda. Finalmente, respecto a las diversas manifestaciones efectuadas, dígasele que quedan a salvo sus derechos para hacerlas valer en las vías legales correspondientes.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno.  Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta, signada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, por la cual, en cumplimiento al proveído de cinco de febrero de dos mil veintiuno, donde se concedió la suspensión de plano en favor del quejoso Ángel Bautista Saldaña; se constituyó en las instalaciones de la Unidad de Tratamiento Especializadas en Adicciones CRREAD, Zona Uno, Asociación Civil, Apizaco, Tlaxcala, a fin de localizar al mencionado quejoso y le notificó el mencionado proveído y al requerirlo para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifestara si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, éste manifiesta: que en el momento no ratifica la demanda pero que se reserva el derecho para hacerlo valer con posterioridad; asimismo, ratifica el domicilio y autorizados. Ahora bien, respecto a la primera manifestación se reserva proveer los conducente respecto a la admisión de la demanda promovida por el quejoso antes descrito, hasta en tanto haya transcurrido el termino de tres días concedido al quejoso. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, y como autorizada en términos amplios a María de los Ángeles Domínguez Cabrera, por contar con cédula profesional registrada así del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a María de los Ángeles Salamanca Domínguez y Porfirio Méndez Pérez, haberlo solicitado.  Informes de la suspensión de plano y justificado Por otro lado, agréguese el oficio signado por el Director de las Unidades de Tratamiento Especializadas en Adicciones CRREAD Zona Uno, Asociación Civil, Apizaco, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de la suspensión de plano de la autoridad oficiante. Con el contenido del informe de cuenta y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, cinco de febrero de dos mil veintiuno. Presentación de la demanda y radicación Vista la demanda de amparo que promueve José Guadalupe Bautista Saldaña en representación de Ángel Bautista Saldaña, contra actos de las Unidades de Tratamiento Especializadas en Adicciones CRREAD, Zona Uno, Asociación Civil, Apizaco, Tlaxcala, Sucursal Roberto Ortiz Cervantes y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 67/2021-Vlll. Acto reclamado Ahora bien, el promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio del quejoso Ángel Bautista Saldaña, en: "IV.- ACTO RECLAMADO. - LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE MI HERMANO ANGEL BAUTISTA SALDAÑA, POR PARTE DEL DIRECTOR DE UNIDADES DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADAS EN ADICCIONES CRREAD ZONA UNO A. C. APIZACO TLAX, SUCURSAL ROBERTO ORTIZ CERVANTES.". (sic) Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se concede suspensión de plano por detención. Entonces, por lo que hace al acto consistente en la privación ilegal de la libertad (detención), con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso directo Ángel Bautista Saldaña la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables efectúen lo siguiente: a) Si la detención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la detención, poniendo al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público. b) Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, el quejoso deberá ser puesto en inmediata libertad. En el caso de que el quejoso ya haya sido puesto a disposición del Ministerio Público, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, es decir, para el único efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que la autoridad responsable tiene la obligación de poner al quejoso a disposición de la autoridad judicial que estime competente dentro del término que establece la ley, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna, toda vez que no se tiene conocimiento ante qué autoridad se encuentra a disposición el quejoso directo, tal como se advierte de la demanda de derechos. Obligación de la autoridad responsable. Por cuanto a la privación de la libertad del quejoso, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se encuentra obligada a velar por la integridad física, psicológica y personal del impetrante, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud del mismo; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato al quejoso a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. Violaciones al artículo 22 de la Constitución: De la demanda de derechos humanos se desprende que se señalan actos que se contemplan en el artículo 22 Constitucional, tales como la incomunicación y la tortura. Por tanto, se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que, en ese sentido, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado, para el efecto de que cese cualquier acto de los previstos en el artículo 22 constitucional, que importen peligro a la integridad del quejoso; en la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el precepto ya citado, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano al directamente quejoso Ángel Bautista Saldaña, para el único efecto de que cese cualquier atentado hacia su persona, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, en caso de que se estén ejecutando (golpes, maltrato físico y/o psicológico); ello, a fin de salvaguardar sus derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe respecto de la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se le apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negara la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítasele copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." Se ordena la ratificación de la demanda Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia del quejoso; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario judicial adscrito a este juzgado, para que se constituya en las instalaciones que ocupan las Unidades de Tratamiento Especializadas en Adicciones CRREAD, Zona Uno, Asociación Civil, Apizaco, Tlaxcala, Sucursal Roberto Ortiz Cervantes, lugar en el que el promovente refiere que se encuentra detenido el quejoso directo Ángel Bautista Saldaña, y lo localice; además, en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Le notifique el presente auto. Lo requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. Lo aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. De fe del estado físico en el que se encuentren los quejosos directos. Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté recluido el agraviado la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Asimismo, requiera al quejoso ratifique el domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, esto es, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como a la autorizada María de los Ángeles Domínguez Cabrera, María de los Ángeles Salamanca Domínguez y Porfirio Méndez Pérez, por así señalarse en la demanda. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se de fe de las condiciones físicas en que se encuentren los quejosos. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, el fedatario judicial deberá proceder a dar fe de las condiciones físicas en que se encuentran los quejosos Ángel Bautista Saldaña, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice al directamente quejoso; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso al actuario judicial a las celdas u oficinas de las corproaciones policiacas que se señalan como responsables, y en cualquier otro lugar en donde pudieran estar los quejosos directos Ángel Bautista Saldaña, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar al quejoso en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentra recluido y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Hora y fecha en que quejoso quedó a disposición de la autoridad responsable Siendo pertinente mencionar que, aun cuando el presente proveído se limita a conseguir el cumplimiento de la suspensión de plano, así como a lograr la comparecencia del agraviado en términos del numeral 15 citado, se comisiona al Actuario para que dé fe de la hora a partir de la que el quejoso quedó a disposición de la autoridad responsable, o bien, informe si fue puesto en libertad. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Párrafo de Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Finalmente, este Juzgado se reserva proveer sobre la presente demanda y señalar día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, hasta en tanto se ratifique la misma o transcurra el término concedido para tal efecto.

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