Angel Avila Acosta

Expediente 1257/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1257/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Angel Avila Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1257/2021-VII. Puebla, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, contra el proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1257/2021-VII. Puebla, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por ***, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Primero de lo Penal en el Estado de Puebla. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado: ".La dilación procesal para emitir el correspondiente acuerdo a mi petición ." Por otra parte, de los antecedentes de la demanda de amparo se desprende: ".PRIMERO.- ." Bajo ese contexto, resulta evidente que con el escrito presentado por el aquí quejoso dentro de la causa penal de origen, pretende desahogar las pruebas ofrecidas consistentes en confrontación, interrogatorio a cargo de la defensa y careos procesales; sin embargo, a la fecha, no se ha dado respuesta a su "petición". Entonces, es evidente que, la omisión reclamada por la parte quejosa no puede analizarse de manera aislada, como una trasgresión al derecho de petición; pues, precisamente, se da en el marco del procedimiento penal ordinario, donde se parte del derecho de acción de la parte quejosa, quien presenta un escrito con el fin de que se gire oficio al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión Federal de Electricidad y a Teléfonos de México, a fin de que informaran a la autoridad responsable si en su base de datos se encuentra registro alguno a nombre de *, así como también desestimar la justificación realizada por *, por no tener capacidad jurídica para representar al testigo de cargo Israel Mahe Medrano; y, en consecuencia, se le requiriera nuevamente al testigo con el apercibimiento legal más eficaz que en derecho proceda a fin de garantizar la comparecencia del mismo para desahogar los medios de prueba ofrecidos. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. ". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "V. ;". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración: Artículo 107. , y". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Entonces, como se precisó en un principio, del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama una omisión de dar contestación a un escrito, ofrecido con el fin de desahogar diversas pruebas. Luego, se estima que dicho acto no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el acuerdo respectivo no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse aún durante la substanciación del respectivo procedimiento e incluso al resolver el mismo (si no tuviera trascendencia al fallo). De tal manera que aun cuando el quejoso se duela de una afectación cometida dentro de procedimiento penal ordinario, y alegue -entre otras- violaciones a los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. Esto es así, pues no se trata de una omisión autónoma que paralice por sí misma el procedimiento al menos, pues, para que esa omisión pueda ser calificada como "irreparable", debe producir una afectación material a derechos sustantivos. Y, en ese sentido, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento, únicamente puede estimarse que existe una afectación material a derechos sustantivos cuando se advierte que hay una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. En efecto, este operador jurídico no pierde de vista que el quejoso refiere haber presentado su escrito el veinte de octubre de dos mil veintiuno y, hasta la fecha, no se ha proveído al respecto; sin embargo, esa sola circunstancia no implica que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Ello, porque de los propios antecedentes que narra el quejoso se desprende: 1) la autoridad judicial señaló el dos de septiembre de dos mil veintiuno para desahogar los medios de prueba ofrecidos en escrito de dos de junio de dos mil veintiuno; 2) el diez de septiembre de dos mil veintiuno se certificó la imposibilidad de llevar a cabo el careo con las personas que deponen en contra del aquí quejoso ante su inasistencia; y, 3) el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno se dio vista al quejoso con la anterior certificación. Entonces, no es posible deducir que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, porque la autoridad judicial responsable ha llevado a cabo actos procesales y, además, notificado al quejoso del estado de autos, lo cual no pude perderse de vista por la omisión que reclama en este juicio. Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados del quejoso. El quejoso señala dos domicilios para oír y recibir notificaciones uno ubicado en el lugar donde guarda reclusión y otro por vía electrónica, sin que haya lugar tener ambos como domicilios para tales efectos, en virtud que ocasionarían falta de certeza jurídica la forma y lugar donde se recibirán las notificaciones del quejoso. Empero, a fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública , en el sentido de que debe privilegiarse el trabajo a distancia con el uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario " ", dada la solicitud expresa de la parte quejosa. Luego, se instruye al secretario que habilite la notificación electrónica al usuario referido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, queda autorizada en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, Socorro Méndez López, porque el promovente le otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y, los abogados Félix Alfonso Ramos Hernández y Miguel Ahuatl Tochimani, con las restricciones que marca dicho ordenamiento legal, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (vía electrónica) y cúmplase.

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