ANGEL ABRAHAM GUIRA GAMEZ y Otros.

Expediente 1216/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1216/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • ANGEL ABRAHAM GUIRA GAMEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por los quejosos **********************************************************, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social Nacional de Seguridad (sic) y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que reciba una demanda de protección, debe examinar los actos combatidos en esta porque de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, habrá de desecharla. En cumplimiento a esa obligación, se examinó la demanda de los quejosos para detectar los actos reclamados: orden de traslado y su ejecución, los cuales encuentran la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrar la afirmación previa, se acude a los numerales 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , porque estos disponen que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, con el fin de controvertir los actos u omisiones relativos a sus condiciones de internamiento, plan de actividades y aspectos relacionados con ambas. Asimismo, conforme a los ordinales 115 y 117, fracción III , de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier condición de internamiento, que por su carácter apremiante deba ser atendida de inmediato -pues de lo contrario quedarían sin materia como puede suceder con las órdenes de traslado- los internos deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En ese supuesto, el citado juez, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, ya sea de oficio o a petición de parte. De modo que el trámite previsto para esa hipótesis, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, presenta en esencia las siguientes características:  El interno en calidad de solicitante, debe acudir directamente ante el juez para plantearle su petición.  Hasta en tanto se resuelva esa petición en definitiva, el juez debe proceder de oficio y de inmediato, si se trata de un acto positivo, a decidir la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada, el juez reparará la afectación.  El interno solicitante tiene la posibilidad de interponer recurso de revocación, contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para que este examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda -al recurso-.  Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se haya impugnado. De ese recurso conocerá un tribunal de alzada, el cual revisará la legalidad de la determinación de aquél, para confirmarla, modificarla o revocarla.  En caso de que el juez determine que la promoción del interno (la solicitud) no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación, y la petición se seguirá conforme a lo establecido en los párrafos que anteceden. Pero el juez habrá de recabar registro de la entrega al centro de reinserción. Conforme a esos puntos, es válido afirmar que si una persona privada de su libertad, reclama actos inherentes a sus condiciones de internamiento, como una orden de traslado, debe agotar primero el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, debe interponerlo antes de promover el juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque ese procedimiento judicial, reúne las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual pueden los internos reclamar, sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, los actos que impacten sus condiciones de internamiento. Además, el referido procedimiento otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado; y es en esa facultad donde surge la improcedencia que se estima respecto de la demanda de amparo recibida. Ello, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, o un plazo mayor del establecido para otorgarla. Excepciones que de ninguna forma se actualizan respecto del control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque este no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Lo anterior obedece a que si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda, para presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión reclamada. Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el control judicial previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones del interno privado de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente. Es más, el interno puede formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del por qué las omisiones reclamadas, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Lo cual genera la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por todo ello, las personas privadas de su libertad -en un centro penitenciario- deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra actos inherentes a sus condiciones de internamiento, entre las cuales queda incluida la reclusión en el centro penitenciario y por ende, el traslado que pudiera hacerse a uno diverso. Tales consideraciones fueron obtenidas de la ejecutoria que diera vida a la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". También apoyan los razonamientos desarrollados sobre el recurso de control judicial, las tesis siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". Entonces, si los quejosos pretenden reclamar la orden para trasladarlos del centro penitenciario donde están internos a uno diverso, sin haber agotado el recurso de control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es válido afirmar que desatendieron el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Luego, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, los quejosos debieron agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa conclusión de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentaron los quejosos, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues los actos consistentes en la orden de traslado y su ejecución, deben impugnarlos primero a través del recurso denominado control judicial, expuesto con antelación. Por otro lado, se observa en la demanda que los quejosos no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, entonces se tiene como domicilio procesal de aquéllos el lugar donde están recluidos: Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" ubicado en Nayarit. Ese lugar está fuera de la residencia de este juzgado y la zona conurbada, motivo por el cual se dispone lo siguiente: Con fundamento en los artículos 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos del artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, líbrese atento y respetuoso exhorto -en línea- al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, residente en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, ordene a quien corresponda se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste. Lo anterior a fin de que el actuario judicial respectivo, notifique personalmente el presente acuerdo a los quejosos ****************************; para lo cual deberá correrle traslado a cada uno con copia autorizada de este proveído. Asimismo, deberá requerir a todos los quejosos para que en la misma diligencia, nombren un representante común de entre ellos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se asignará ese carácter al primero que firmó la demanda: ***************************. Ello con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo. También, el servidor público encomendado por el juez exhortado, deberá requerirle a cada quejoso para que en el acto de la diligencia o en el plazo de tres días siguientes a que surta efectos la notificación en mención, remitan escrito a este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Ello, con el apercibimiento a cada quejoso, que en caso de no hacerlo en el plazo otorgado, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista, con fundamento en los artículos 27, fracción II, primer párrafo, en relación con los diversos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de aquellas notificaciones de proveídos que por su trascendencia, puedan serles notificados por exhorto en el lugar donde están recluidos. De igual forma, el actuario judicial respectivo, deberá prevenir a cada quejoso para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro de los tres días posteriores a que surta efectos la notificación, remitan escrito al juzgado exhortado en el que nombren un abogado que los represente. Ello con el apercibimiento a cada quejoso, que de negarse a nombrar un abogado o bien manifestar que no pueden nombrarlo, en esa diligencia o en el plazo otorgado, habrá de evaluar el juzgado exhortado lo conducente a la designación de un defensor de oficio -si fuera necesario-. Por último, se solicita atentamente al juez exhortado, para que ordene al actuario de su adscripción que en el acta derivada de la diligencia correspondiente, asiente en forma expresa y exacta que realizó todos los puntos solicitados por este juzgado. También se solicita de manera atenta y respetuosa al juez exhortado, que si en el acto de la diligencia o, en su caso, dentro de los tres días siguientes a la formulación de la prevención de nombramiento de defensor por cada quejoso, no lo han hecho por escrito presentado ante el juzgado exhortado, provea lo necesario a fin de que se les nombre el respectivo defensor público federal a los quejosos de que se trate (pues se desconoce la naturaleza del proceso penal que, en su caso, se lleve contra cada impetrante). Lo anterior, con la posibilidad que de ser el caso, pueda nombrársele a los quejosos un defensor de oficio del fuero común o local. En cualquiera de esos supuestos, se encomienda de manera atenta que se provea lo necesario para que se logre lo solicitado, y de ser necesario sea recabada en la diligencia que corresponda, la aceptación y protesta del cargo de defensor conferido. Se faculta de igual forma al juez exhortado, para autorizar días y horas inhábiles a fin de lograr lo encomendado, así como para que acuerde promociones y provea las diligencias necesarias para cumplir todo lo solicitado. Por último, se solicita en forma respetuosa al juez exhortado que devuelva diligenciado el exhorto a la brevedad por la misma vía -en línea-.

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