Ángel Alfredo Barragán Bautista
Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel Alfredo Barragán Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de seis de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por la otra se negó la medida cautelar. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el presente juicio principal la parte quejosa exhibió como prueba una memoria usb, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicho registro, correrá la misma suerte que este expediente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de seis de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por la otra se negó la medida cautelar. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el presente juicio principal la parte quejosa exhibió como prueba una memoria usb, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dicho registro, correrá la misma suerte que este expediente.
- Principal
"Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 312/2021, promovido por ********, contra actos del Licenciado Urbino Alcaraz García, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido el trece de abril de dos mil veintiuno, por la Secretaria de Guardia del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ***************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: 1. Licenciado Urbino Alcaraz García, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz. 2. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz. 3. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz. 4. Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz. 5. Fiscal Tercera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz. 6. Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz. 7. Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz. Ejecutoras: 8. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz. 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de Ciudad Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz. 10. Titular de la Dirección de Seguridad Municipal y Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz. 11. Subdelegado de la Policía Estatal Región XVI de Ciudad Mendoza, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "De todas las autoridades responsables ordenadoras reclamo la orden de detención y/o orden de aprehensión y/o orden de cateo giradas en mi contra (.) así como ataques que importen peligro a la privación de la vida y de incomunicación del suscrito (.) De las responsables ejecutoras, el cumplimiento (.)." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de trece de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, admitió la demanda bajo el número 312/2021; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. En proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada, ************, lo que así se realizó el veintidós de octubre siguiente, según la constancia de notificación que obra en el presente sumario. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser ciertos los actos reclamados, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquéllos consisten en: a) La citación del quejoso, **************, emitida el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que comparezca ante la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, a fin de ser entrevistado en su carácter de denunciado en la investigación ministerial UIPJ/DXV/259/2021; y su ejecución. b) La emisión de alguna orden de cateo en contra de del impetrante. c) La incomunicación del inconforme **************. Es pertinente destacar que el quejoso señaló como acto reclamado la emisión de alguna orden de aprehensión, detención o privación de la libertad emitida en su contra; sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende que lo que se libró en su contra fue una citación, por lo que éste será el acto que se analizará. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, por su sentido, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 287, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados por lo que respecta a las autoridades responsables, 1. Licenciado Urbino Alcaraz García, y 2. Licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, ambos Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Decimoquinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; 3. Fiscal Primera, 4. Fiscal Segunda, 5. Fiscal Tercera y 7. Fiscal Quinta, todas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz; 8. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con sede en Orizaba, Veracruz; 10. Titular de la Dirección de Seguridad Municipal y Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz; y 11. Subdelegado de la Policía Estatal Región XVI de Ciudad Mendoza, Veracruz, precisados en el considerando anterior bajo los incisos a), b) y c). Tampoco son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 6. Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz; y 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de Ciudad Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz, precisados bajo los incisos b) y c) del considerando inmediato anterior. Lo anterior, en razón de que así lo manifestaron las autoridades mencionadas al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara medio de prueba idóneo para desvirtuar dicha negativa. En efecto, si bien el quejoso exhibió un dispositivo USB que contienen diversos videos de videograbación y fotografías; sin embargo, dicho medio de convicción es insuficiente para desvirtuar la negativa de las autoridades en comento, ya que carece de valor demostrativo, porque no reúne los requisitos previstos en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al no contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancia en que fueron capturadas las imágenes ahí contenidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIV.2o.21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 284, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto siguientes: "FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos y las autoridades de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 6. Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz; y 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de Ciudad Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz, precisados en el considerando segundo, consistente en a) la citación de Ángel ************, emitida el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación UIPJ/DXV/259/2021, y su ejecución, pues así lo señalaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas de la indagatoria ministerial UIPJ/DXV/259/2021, remitidas por la Fiscal responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con el acto reclamado de la Fiscal Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al no haber acreditado la parte quejosa contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese entendido, el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico; ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que controvierte la quejosa es una posible transgresión a su libertad personal, pues teme ser privado de ella. Elementos que, conforme a lo previamente expuesto, corresponden a la figura del interés jurídico para efectos del juicio de amparo, y no a la de interés legítimo. En el presente asunto, el acto reclamado lo constituye la citación del quejoso, *************, emitida el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que comparezca ante la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, a fin de ser entrevistado en su carácter de denunciado en la investigación ministerial UIPJ/DXV/259/2021. Lo que tiene como finalidad que el impetrante declare respecto de los hechos que se investigan en dicha carpeta de investigación, esto es, en la fase de investigación. Sin embargo, la citación del investigado para el efecto indicado no conlleva, por sí misma, una afectación a su libertad personal, porque aquélla sólo consiste en la comunicación al citado de que se requiere su presencia ante la Fiscalía, a efecto de que, a través de su entrevista, la representante social cuente con mayores elementos para poder determinar lo que en derecho corresponda en dicha indagatoria. Por tanto, la indicada citación, por sí misma, no afecta la libertad personal del quejoso, pues sólo tiene por objeto comunicarle la necesidad de su presencia para integrar la investigación que está desplegando la representante social. Corolario de lo anterior, la citación impugnada en este juicio, por sí misma, no afecta la libertad del quejoso y, por ende, no es un acto susceptible de examinarse a través de este controvertido constitucional. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 78/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que respecto del citado acto reclamado también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. A ese respecto, es pertinente destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la citada fracción de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que ahí se exponen, la tesis I. 3o. A. 150 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el asunto que nos ocupa, se itera, el acto reclamado lo constituye la citación del quejoso, ***********, emitida el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, para que comparezca ante la Fiscalía Cuarta Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, a fin de ser entrevistado en su carácter de denunciado en la investigación ministerial UIPJ/DXV/259/2021. Sin embargo, de las constancias que remitió la Fiscal responsable en vía de informe, relativas a la citada carpeta UIPJ/DXV/259/2021, se desprende -en lo que trasciende- que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el propio impetrante, ************, compareció voluntariamente ante dicha representación social, a ratificar su escrito mediante el cual "rindió su declaración", en relación con los hechos que se investigan en dicha carpeta ministerial. Luego, resulta claro que la citación reclamada ya se consumó, y no hay forma de que dicho acto sea reparado a través del juicio constitucional, pues aun cuando se estableciera la ilegalidad de la cita de que se trata, el efecto pretendido ya se llevó a cabo. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 423, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia anteriormente invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. En lo conducente, se invoca como apoyo, la jurisprudencia V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado del 9. Encargado de la Jefatura de Detectives de Ciudad Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz, dado que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Finalmente, es pertinente indicar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 312/2021, promovido por ************, respecto de los actos y las autoridades precisadas en resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos los considerandos tercero y quinto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercera interesada.
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