Andros Charbel Gómez Segura
Expediente 1010/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1010/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andros Charbel Gómez Segura
- Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de la Primera Sala del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XV de Orizaba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de once de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no exista constancia que acredite que algunas de las autoridades responsables se encuentren notificadas de la sentencia o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 de la Ley de la Materia, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR LA OTRA SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere al quejoso, para la devolución del billete de depósito número N 940785, expedido a su favor, por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de once de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no exista constancia que acredite que algunas de las autoridades responsables se encuentren notificadas de la sentencia o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 de la Ley de la Materia, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES POR UNA PARTE SE NEGÓ Y POR LA OTRA SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere al quejoso, para la devolución del billete de depósito número N 940785, expedido a su favor, por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Vistos para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 1010/2022 promovido por **************, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de la Primera Sala del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ************* acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de la Primera Sala del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, señalando como acto reclamado: La orden de aprehensión, detención y presentación. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridad inexistente. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se tuvo como inexistentes a las autoridades señaladas como 7. Fiscal Tercero del Fuero Común de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, 14. Coordinador de la División de Detectives adscrito a la Delegación Regional de la Policía Ministerial en la Zona Centro, y 15. Delegado Regional de la Policía Ministerial adscrito de la Zona Centro, con sede en Orizaba, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, licenciada 1. Saray Hernández Pérez, por sí y en representación de sus homólogos, licenciados 2. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, y 3. Verónica Portillo Suazo, 4. Dany Elena Martínez García, Jueza Ejecutora de Sentencias, todos adscritos al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Orizaba, Veracruz; 5. Fiscal Primero Investigador, 6. Fiscal Segunda, 8. Fiscal Cuarta y 9. Fiscal Quinta; 10. Fiscal Primera Especializada, 11. Fiscal Segunda Especializada, por sí y en representación de la 13. Fiscal Cuarta Especializada, Fiscal Quinta Especializada en representación de la 12. Fiscal Tercera Especializada, las cinco en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, todos adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridad de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia (...) TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
Vistos los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1010/2022, promovido por ***********, contra actos reclamados del 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de la Primera Sala del Distrito Judicial XV, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, para resolver sobre la suspensión definitiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. ********** reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de aprehensión, detención, presentación; y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como 7. Fiscal Tercero del Fuero Común de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, 14. Coordinador de la División de Detectives adscrito a la Delegación Regional de la Policía Ministerial en la Zona Centro, y 15. Delegado Regional de la Policía Ministerial adscrito de la Zona Centro, con sede en Orizaba, Veracruz. TERCERO. La licenciada 1. Saray Hernández Pérez, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Orizaba, Veracruz, por sí y en representación de sus homólogos, licenciados 2. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, y 3. Verónica Portillo Suazo; 4. Licenciada Dany Elena Martínez García, Jueza Ejecutora de Sentencias del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Orizaba, Veracruz; 5. Fiscal Primero Investigador en Delitos Diversos, 6. Fiscal Segunda, 8. Fiscal Cuarta, 9. Fiscal Quinta; 10. Fiscal Primera, 11. Fiscal Segunda, por sí y como encargada de la 13. Fiscalía Cuarta, Fiscal Quinta, en representación de la 12. Fiscalía Tercera, Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, todas adscritas a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe tales negativas; por tanto, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia número (...) Finalmente, resulta innecesario pronunciarse en relación a los alegatos vertidos por el Agente del Ministerio Público adscrito, dado que para resolver sobre la medida cautelar únicamente deben tomarse en consideración la existencia o inexistencia de los actos reclamados y que éstos, por su naturaleza sean susceptibles de ser suspendidos, acorde con las reglas de procedencia establecidas en la ley de amparo. En lo conducente, se invoca como apoyo la tesis (...) Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a ***********, la suspensión definitiva que solicitó, en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese
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