Ángel Alfonso Ruiz Arguello y Otros.
Expediente 1269/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2019
Partes del expediente
- Ángel Alfonso Ruiz Arguello y Otros.
- Ángel Alfonso Ruiz Arguello
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 249/2018, de su índice, así como copia certificada del juicio de amparo 1269/2018, del índice de este juzgado, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo indirecto promovida por Ángel Alfonso Ruiz Arguello, contra el acto reclamado al Juzgado Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, consistente en la orden de lanzamiento y su ejecución." Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo de estilo. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Devolución de documentos, toda vez que en autos consta copia certificada exhibida por la parte quejosa, que anexó en su escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el seis del mes en curso; en consecuencia devuélvase a la citada parte concediéndole para tal efecto un plazo de quince días naturales, para que comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruida junto con el expediente. Ahora bien, respecto de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 26425/2018 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número ***. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 20 a 27), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 20 a 27), en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1269/2018-4-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Una vez establecido lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que anexó a su escrito de demanda, el acto que por esta vía se impugna, consiste en: ? La orden de lanzamiento emitida en el expediente ***, del índice del Juzgado Tercero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y su ejecución. Se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" La porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia diseñadas por el legislador para efectos del juicio de amparo, vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención, en relación con la fracción XI del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Alrededor de la cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Igualmente, la Segunda Sala ha dejado establecido que la autoridad de la cosa juzgada se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes presupuestos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." De tal guisa, los elementos condicionantes de la cosa juzgada se constituyen por: La existencia de una sentencia ejecutoriada. La existencia de un diverso proceso en trámite. La existencia de una relación sustancial de interdependencia, respecto al objeto sobre el que versa el juicio previo -de donde deriva la sentencia ejecutoriada- y el que se tramita. La sujeción de las partes a la obligatoriedad de la sentencia firme del primer proceso. Que en la sentencia firme se sustente un criterio de fondo preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos lógicos sobre los que versa el nuevo juicio, y que, a su vez, será elemento necesario para sustentar la resolución de este último, a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Luego, en términos del diseño establecido en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada que provoca la improcedencia del juicio de amparo exige, de manera estricta, la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o ley que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro. 2) Que dichos juicios hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, de acuerdo a ese esquema normativo, la improcedencia del juicio de amparo, por efecto de la prevalencia de un estado de cosa juzgada, precisa de manera indefectible del elemento de identidad en cuanto a personas, cosas y causas en los juicios en que se intente, siendo justamente tales elementos los que trascienden a la integración y eficacia directa de la cosa juzgada. En ese sentido, debe decirse, además, que la indispensable satisfacción de tales supuestos para efectos de la improcedencia del juicio por efecto de cosa juzgada, no resulta caprichosa, sino que se justifica y adquiere relevancia en función de la consecuencia instantánea que su observancia provoca, en concordancia con el objetivo inmediato que dicha institución persigue (certeza y seguridad jurídica). Esto, si se toma en cuenta que para el caso de la cosa juzgada directa, respecto de determinado procedimiento, la configuración del marco de identidad ya señalada (coincidencia de personas, cosas y causas) provoca de manera instantánea una imposibilidad material para juzgar el fondo del asunto (sin alterar la cosa juzgada) y, con ello, la improcedencia automática de la instancia. ***
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