Andrés Rivera Gallegos

Expediente 1077/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1077/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2017

Partes del expediente

  • Andrés Rivera Gallegos y Otros.
  • Andrés Rivera Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1077/2017-3-B. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizado integralmente el escrito de demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" De conformidad con el citado numeral, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Ahora, para que un acto de autoridad se repute consentido, el Alto Tribunal ha precisado que deben satisfacerse tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Ilustra lo anterior, el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto : "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha sustentado que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos derivados de actos consentidos, es decir, los que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra señala : "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Establecido lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó dejar a salvo los derechos de la parte quejosa, para hacerlos valer por la vía y forma que considerara legalmente procedente, esto respecto a la solicitud de dejar si efectos la multa impuesta el diecisiete de marzo de la presente anualidad, por la autoridad señala como responsable. Ahora bien, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo se advierte:  El cinco de octubre de dos mil dieciséis, se ejecutó auto de exequendo, en contra del aquí quejoso y se trabó embargo respecto de un vehículo motor.  El diecisiete de marzo de la presente anualidad, ante la negativa de entregar el bien mueble embargado se impuso multa a Andrés Rivera Gallegos.  El diecinueve de mayo del año en curso, el demandado en el juicio de origen, solicitó dejar sin efectos la multa impuesta, acordándose el veintitrés de mayo siguiente dejar a salvo los derechos del peticionario para que los hiciera valer por la vía y forma procedente.  El ocho de agosto de año corriente, de nueva cuenta se solicitó la petición descrita en el punto anterior, recayendo respuesta por auto de once de agosto de dos mil diecisiete. De lo anterior, se advierte la existencia del acto reclamado desde el veintitrés de mayo del año en curso, mismo que le irroga agravios al directo quejoso al negársele la cancelación de la multa impuesta; respecto del cual existió conformidad, es decir, fue consentido expresamente. Lo anterior, se afirma, en virtud que el quejoso omitió impugnar por la vía legal procedente la multa impuesta en el juicio de origen, así como el diverso acuerdo recaído a la primera petición que formuló a fin de que le fuera cancelada, de lo cual tuvo conocimiento desde el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Ello, pone de manifiesto, que el acto reclamado no es sino consecuencia de la multa que se le impuso en el juicio ejecutivo mercantil de origen, la cual como se vio anteriormente, si bien medió petición para que fuera cancelada, fue consentido tal proveido al no haberse impugnado en tiempo por la vía legal correspondiente. Por tanto, se concluye que el aquí quejoso estuvo en aptitud de reclamar el primer acuerdo donde se dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía y forma legal correspondiente, desde el veintitrés de mayo del año en curso, lo que no sucedió. Al respeto, resulta orientadora la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 408, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Semanario Judicial de la Federación, materia común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. Si el quejoso tuvo intervención en el juicio de origen, y a pesar de que le fue notificada la sentencia no la recurrió, los actos reclamados consecuencia de aquélla, no son más que actos derivados de otro consentido". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIII, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Andrés Rivera Gallegos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. En términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, se tiene como autorizados a las personas que refiere el quejoso, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICCA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENT DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1077/2017-3-B. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizado integralmente el escrito de demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" De conformidad con el citado numeral, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Ahora, para que un acto de autoridad se repute consentido, el Alto Tribunal ha precisado que deben satisfacerse tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Ilustra lo anterior, el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto : "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha sustentado que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos derivados de actos consentidos, es decir, los que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra señala : "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Establecido lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó dejar a salvo los derechos de la parte quejosa, para hacerlos valer por la vía y forma que considerara legalmente procedente, esto respecto a la solicitud de dejar si efectos la multa impuesta el diecisiete de marzo de la presente anualidad, por la autoridad señala como responsable. Ahora bien, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo se advierte:  El cinco de octubre de dos mil dieciséis, se ejecutó auto de exequendo, en contra del aquí quejoso y se trabó embargo respecto de un vehículo motor.  El diecisiete de marzo de la presente anualidad, ante la negativa de entregar el bien mueble embargado se impuso multa a Andrés Rivera Gallegos.  El diecinueve de mayo del año en curso, el demandado en el juicio de origen, solicitó dejar sin efectos la multa impuesta, acordándose el veintitrés de mayo siguiente dejar a salvo los derechos del peticionario para que los hiciera valer por la vía y forma procedente.  El ocho de agosto de año corriente, de nueva cuenta se solicitó la petición descrita en el punto anterior, recayendo respuesta por auto de once de agosto de dos mil diecisiete. De lo anterior, se advierte la existencia del acto reclamado desde el veintitrés de mayo del año en curso, mismo que le irroga agravios al directo quejoso al negársele la cancelación de la multa impuesta; respecto del cual existió conformidad, es decir, fue consentido expresamente. Lo anterior, se afirma, en virtud que el quejoso omitió impugnar por la vía legal procedente la multa impuesta en el juicio de origen, así como el diverso acuerdo recaído a la primera petición que formuló a fin de que le fuera cancelada, de lo cual tuvo conocimiento desde el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Ello, pone de manifiesto, que el acto reclamado no es sino consecuencia de la multa que se le impuso en el juicio ejecutivo mercantil de origen, la cual como se vio anteriormente, si bien medió petición para que fuera cancelada, fue consentido tal proveido al no haberse impugnado en tiempo por la vía legal correspondiente. Por tanto, se concluye que el aquí quejoso estuvo en aptitud de reclamar el primer acuerdo donde se dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía y forma legal correspondiente, desde el veintitrés de mayo del año en curso, lo que no sucedió. Al respeto, resulta orientadora la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 408, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Semanario Judicial de la Federación, materia común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. Si el quejoso tuvo intervención en el juicio de origen, y a pesar de que le fue notificada la sentencia no la recurrió, los actos reclamados consecuencia de aquélla, no son más que actos derivados de otro consentido". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIII, en relación con los ordinales 5°, 6° y 17 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Andrés Rivera Gallegos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. En términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, se tiene como autorizados a las personas que refiere el quejoso, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. 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