Angel Alfonso Pinto Gómez
Expediente 1952/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1952/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angel Alfonso Pinto Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de diez de enero del presente año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Auxiliar en funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje por ministerio de ley, y actuario adscrito a dicha Junta, ambas con residencia en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por lo tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, por una parte se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta responsable, dejara insubsistente la fecha señalada en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hecho lo anterior, emitiera un acuerdo donde fije de inmediato, nueva fecha y hora para la celebración de la indicada audiencia, ordenando la notificación a las partes. Así mismo, se otorgó la protección constitucional para que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, realizara el emplazamiento de la parte demandada "Marina Silcer", Sociedad Anónima de Capital Variable, Pedro Pablo Silveira Cervera, Jorge Luis Casanova y Jorge Issac Casanova Ocampo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 750 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, o en su caso, manifestara el impedimento legal que tuviere para ello. Luego, por auto de veintidós de diciembre pasado, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 66/2022, de seis de enero de dos mil veintidós, signado por la Auxiliar en funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, remitió el auto de esa propia fecha, dictado en el juicio laboral 954/2020, en el cual dejó insubsistente el acuerdo de veintiocho de septiembre del año pasado, y fijó nueva fecha para tener celebración la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Así mismo, remitió la constancia de emplazamiento de la parte demandada "Marina Silcer", Sociedad Anónima de Capital Variable e informó el impedimento legal que tuvo el actuario de su adscripción, para emplazar a juicio a los restantes demandados: Pedro Pablo Silveira Cervera, Jorge Luis Casanova y Jorge Issac Casanova Ocampo, toda vez que no localizó el predio señalado, por lo que la Junta previno a la parte aquí quejosa, para que en el término de tres días proporcionara el domicilio correcto para emplazar a las demandadas. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, se encontraba obligada a dejar insubsistente la fecha señalada en la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y fijar una nueva fecha dentro de los término de la Ley, así como a dictar las medidas para emplazar al juicio laboral a los demandados, y así lo hizo y lo acreditó fehacientemente dichas responsables con las constancias respectivas; sin que sea óbice que por motivos ajenos a la autoridad, por el momento no se haya realizado el emplazamiento de algunos demandados. De ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables, y por ende, se ha realizado la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional para la parte quejosa. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental establecido en el artículo 16 Constitucional, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes los oficios signados por la Auxiliar en funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje por ministerio de ley, y actuario adscrito a dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad, y anexos que acompañaron; que remiten en relación al auto de veintidós de diciembre del año en curso, y con el que informan el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, con los oficios de cuenta, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, y el Actuario de su adscripción, con sede en esta capital. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se previene a la Junta responsable así como a su actuario adscrito para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberán acreditar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense los oficios DRAN.Q.ROO/2421/2021 y DRAN.Q.ROO/2420/2021 signados por el encargado del despacho y Jefe de Departamento de Titulación y Catastro Rural, ambos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo y con sede en Chetumal, recibidos vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; con el cual manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto, en virtud de que es necesario que la parte quejosa vuelva a ingresar la documentación relativa a la solicitud número 23180006228 a fin de emitir una nueva calificación registral. Lo anterior, toda vez que el día diecinueve de abril de dos mil veintiuno, las autoridades responsables hicieron entrega de dichas documentales junto con la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Registradora Integral de dicha Delegación, según se advierte de la constancia de notificación que adjuntaron a sus oficios de cuenta; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora bien, no obstante las manifestaciones expuestas por las autoridades oficiantes, relativas a su imposibilidad de cumplir con la ejecutoria de amparo, se hace de su conocimiento que la orden efectuada en el proveído de tres de noviembre pasado, fue derivado del causa ejecutoria de la sentencia dictada en estos autos y, por tanto, quedaban constreñidas (obligada) a atender lo ordenado en dicho proveído en sus términos, más allá de pretender contra argumentar el mandato de amparo. Máxime que de las manifestaciones vertidas se desprende que las responsables se limitaron a manifestar su imposibilidad al no contar con la documentación requerida para el trámite, misma que fue devuelta por las mismas autoridades responsables a la parte quejosa, sin que acreditaran de forma alguna el haber prevenido al aquí quejoso José Ignacio Almazán Arteaga a fin de que exhibiera de nueva cuenta la documentación devuelta y, por ende, se encontraran en aptitud de emitir la nueva calificación registral, en los términos establecidos en la sentencia ejecutoriada de mérito. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumpla sin demora con la ejecutoria de mérito, para lo cual deberá prevenir al aquí quejoso José Ignacio Almazán Arteaga a efecto de que exhiba de nueva cuenta la documentación devuelta con motivo de la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho y emitir una nueva calificación registral, o bien, informe a este Juzgado las gestiones que hubiese realizado a fin de lograr el cumplimiento de la misma, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa injustificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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