Angel Adrian Echeverría Zavaleta

Expediente 428/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
428/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Angel Adrian Echeverría Zavaleta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el treinta y uno de mayo del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18, inciso a), del Acuerdo General relativo. Por lo cual, de conformidad con el aludido artículo 21, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 428/2021-VII-A, promovido por Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, en contra de acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el dieciséis siguiente a este órgano de control constitucional, compareció Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, que se registró con el número 428/2021-VII-B; se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se verificó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, en: El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 37/2021, por el delito de homicidio simple. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan infundados e inatendibles los conceptos de violación formulados por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En la especie, el promovente reclama el auto de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 37/2021, que se le sigue por su autoría en el delito de HOMICIDIO SIMPLE. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que se vulneraron en su perjuicio el numeral 19, así como los artículos 14, 16 y 20 apartado B fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple, sin haber suficientes elementos para dictarlo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones del Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados e inatendibles. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado lo cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado, aquí quejoso, privó de la vida a quien respondiera al nombre de Guillermo Alonso Nadal Rodríguez. Hechos que materializan el delito de HOMICIDIO SIMPLE previsto y sancionado con pena privativa de la libertad por los artículos 368 y 372, ambos del Código Penal del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: En primer término, el Fiscal puntualizó los elementos que conforman el delito de homicidio calificado, esto es: La existencia previa de una vida humana La privación de esa vida Que se cometa sin consentimiento Que exista un nexo causal A fin de acreditar el primer elemento, señaló: 1.- Acta de denuncia de quince de febrero de dos mil veintiuno de María del Rosario González, en la que refirió que estaba casada con la víctima desde aproximadamente cuarenta y ocho años, y que ambos vivían en el mismo domicilio, en la colonia Sambula de esta ciudad. Declaró que la última vez que vio con vida a su esposo fue el catorce de febrero del año en curso, que aproximadamente alrededor de las diez horas con treinta minutos, ella se retira de su predio toda vez que iba acudir a misa, percatándose que su esposo se encontraba en el domicilio en el que ambos viven, y vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera de color rojo tipo Polo y unas sandalias de color negro con broche, características de vestimentas que, afirmó el fiscal, coinciden con las que fue encontrado el lesionado, quien posteriormente falleció. Así mismo, manifestó que esa fue la última vez que lo vio, posteriormente se fue a misa y cuando regresó se dio cuenta que su esposo ya no se encontraba en el domicilio hasta que aproximadamente ese mismo día (14 de febrero de 2021), pero como a las veintidós horas con treinta minutos, llega a su domicilio una persona del sexo femenino, de nombre Leticia, quien le refirió que era amiga de su esposo y qué momentos antes tuvo un altercado en el cual fue agredido por otro hombre y resultó herido en la cabeza, refiriendo que se habló a la ambulancia y que fue trasladado al seguro específicamente al hospital Juárez. Que en virtud a esa información habló a sus hijos para que se aboquen a la búsqueda de su esposo específicamente a sus hijos de nombre Guillermo Gabriel y María Abigail ambos de apellidos Nadal González, ellos se abocan a la búsqueda de esa persona sin lograr ubicarla en una primera instancia ese mismo día; que al día siguiente, nuevamente se abocan a ubicar a su esposo y lamentablemente sus hijos le informan ese día (15 de febrero de 2021), siendo las diez horas, que su padre había fallecido y que habían averiguado que tuvo un altercado con otro hombre en un predio de Tixcacal Opichén, de esta ciudad, del cual desconocen su dirección exacta pero que de igual forma averiguaron en las redes sociales lo que había acontecido; que sabe por chismes, que su esposo tenía una pareja sentimental. Finalmente, una vez que realizó el reconocimiento del cuerpo, al comparecer ante el Ministerio Público, se enteró que había una persona detenida por el fallecimiento de su esposo de nombre Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, por lo que interpuso formal denuncia en contra de él o de quienes resulten responsables por el fallecimiento de su citado esposo. 2.- Certificado de nacimiento de la víctima Guillermo Alonso Nadal Rodríguez. 3.- Certificado de matrimonio entre la denunciante y la víctima Guillermo Alonso Nadal Rodríguez. Respecto a la acreditación del segundo elemento señalado, el representante social relacionó los siguientes datos de prueba: 1.- Aviso telefónico de fallecimiento de quince de febrero de dos mil veintiuno, a las nueve horas con treinta minutos, bajo el número de reporte 508, en donde Francisco Ramos de UMIPOL comunica al Ministerio Público que el trabajador social Mauricio Ledesma del Hospital Benito Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social, reporta el ingreso y fallecimiento de Guillermo Nadal Rodríguez de sesenta y cinco años de edad, cuya causa del fallecimiento se desconoce, en virtud a esta noticia criminal que habían informado al Ministerio Público, es que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. 2.- Dictamen de necropsia de quince de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el perito médico forense Ángel Gabriel Rodríguez Fernández, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado sobre el cuerpo de la víctima, en el que señala que la fecha y hora del levantamiento del cadáver fue ese mismo día (15 de febrero de 2021) a las once horas con treinta minutos, y que de manera específica las lesiones que se encontraron fueron a la altura de la cara y la cabeza específicamente al realizar el examen externo, es decir, las lesiones superficiales advierte un aumento de volumen en la región temporal izquierda y occipital izquierda, y también refiere que hay una equimosis violácea en labio superior tercio derecho con aumento de volumen y una equimosis violácea en ala nasal izquierda, los cuales corresponden a signos de reacción vital y por tanto lesiones antemortem, es decir, que cuando la persona fue lesionada aún se encontraba con vida; llegando a la conclusión, de que: el cuerpo presenta un tiempo de fallecido de seis horas con respecto a la hora de levantamiento, precisando que la hora de levantamiento fue a las once horas con treinta minutos, por lo que el fallecimiento fue a las cinco horas con treinta minutos del propio día (15 de febrero de 2021); y la causa de muerte traumatismo craneoencefálico. En cuanto al tercer elemento, señaló el Fiscal, se encuentra acreditado pues hasta el momento no se ha demostrado que en el presente caso, el inculpado hubiera actuado bajo una causa de justificación que opere a su favor. El último elemento consistente en el nexo causal, aduce el Fiscal, se advierte de los siguientes datos de prueba: 1. Informe policial homologado suscrito por el agente de la Secretaría de Seguridad Pública de nombre Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que encontró a la persona lesionada, el día catorce de febrero del año en curso, a quien le dan el auxilio correspondiente, la entrevista con testigos en el lugar, específicamente la ciudadana Lesly, que vive en el predio ubicado en la calle setenta y cinco (sic) letra C por veintiséis y veintiocho del fraccionamiento Tixcacal Opichén, a la altura del predio cuatrocientos cuarenta y cuatro y hace una relatoría de hechos, en el sentido de que efectivamente hubo una agresión en el lugar, en el que se encontraba Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, que aproximadamente como a las veintiún horas con veinte minutos llega la víctima indirecta, hay un altercado, obviamente, pues la testigo refiere que ve una agresión, una patada y que se desencadena lo que ya se sabe, señalando en el informe policial homologado circunstancias tendientes a que se realiza una búsqueda y localización en el cual detuvieron a Echeverría Zavaleta y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público. 2. Ratificación realizada del informe policial homologado antes mencionado, llevada a cabo ante el Ministerio Público el día quince de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le puso a la vista del agente su informe, el cual ratificó, es decir, que ese fue el informe que él realizó. 3. Acta de inspección realizada en el lugar de los hechos el quince de febrero de dos mil veintiuno, por el perito en criminalista Juan Manuel de Atocha Rivas Solís, quien pertenece al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en el que arriba a las trece horas con cincuenta minutos del día ya señalado, iniciando la diligencia a las trece horas con cincuenta minutos, una vez que llega al lugar corrobora por medio de las nomenclaturas la dirección y asienta en su informe que la dirección correcta es la calle setenta y siete letra C, por veintiséis y veintiocho, del fraccionamiento Tixcacal Opichén, de esta ciudad, que es un lugar abierto, es una calle asfaltada y en el lugar únicamente se encuentra un indicio, el cual se encuentra en la calle, pero a la altura del predio 444, lo marca como indicio número "1", el cual es una Mancha de color rojo de forma irregular localizada en la superficie de rodamiento plano horizontal y que se tomó una muestra de la misma, marcándola como indicio "A 1". 4. Declaración de Gladys Leticia Ayuso Cruz, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que señala que su domicilio lo tiene en la calle setenta y cinco (sic) letra C, por veintiséis y veintiocho, de Tixcacal Opichén, en el predio número cuatrocientos cuarenta y cuatro, y relató: que el siete de febrero del año en curso su amiga de nombre Suemy Yamile Meneses Medina, a quien conoce desde hace tres años a la fecha, le pidió posada, en virtud de haber tenido un altercado con su pareja, quedándose a vivir en ese domicilio desde ese día; que por la amistad que tiene con ella, sabe que aparte de su esposo tiene una relación sentimental con dos personas, una a la que conoce con el nombre de Ángel Echeverría que a la postre resultó ser el imputado, señalándolo como una persona de aproximadamente treinta y cinco años de edad, y otra persona de aproximadamente setenta años de edad, de nombre Guillermo Nadal, a quien le apodan "chino" y conoce desde hace varios años, el cual es una persona delgada, tez clara, cabello negro, de aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, que vestía un pantalón de mezclilla, una playera roja, unas sandalias negras, que el día de los hechos (14 de febrero de 2021), a las veintiún horas, después de haber salido en compañía de Suemy Yamile Meneses Medina, regresa el "chino" acompañado de ella, encontrándose tomados; que el "chino" quería ir a comprar clandestino, pero ella le dijo que no, que ella estaba cansada y que mejor se fuera de su casa; que en ese momento el "chino" salió de su domicilio y se fue; que aproximadamente veinte minutos después, estando en la cocina, escucha que hablan en la puerta, entonces su hija Lesly Dayana Espadas Ayuso, abre la puerta y desde adentro de la casa vio que se trataba de Ángel Echeverría, es decir el imputado, que en ese momento vestía un pantalón de mezclilla de color negro, camisa de color negro con rayas blancas y zapatos, sujeto que fue a buscar a Suemy, quien salió del domicilio y momentos después su hija le grita "mamá, mamá", por lo que inmediatamente sale del cuarto donde se encontraba y Lesly le dijo "mamá, mamá, ya le pegaron al "chino"", por lo que inmediatamente sale a la calle y ve que el "chino" se encontraba tirado boca arriba en la calle con la cara ensangrentada y pudo ver que a las puertas de su casa se encontraba estacionado un automóvil, un Jetta de color gris en el cual se encontraba como conductor Ángel Echeverría y en el asiento del copiloto Suemy, siendo que al momento de poner en movimiento dicho vehículo la compareciente corrió y comenzó a golpear el carro pidiendo que se detengan para que se hagan responsables de lo que habían hecho, y sin hacer caso a sus palabras se retiraron del lugar y ya no los vuelve a ver, refiriendo que ella auxilia al "chino" quien se encontraba tirado e inconsciente, trató de reanimarlo pero no le contestaba; refiriendo que al lugar llegó otro vecino de nombre Carlos Herrera para auxiliar al citado "chino"; que posteriormente llegan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y una ambulancia; que los de la ambulancia le refirieron que necesitaban que alguien acompañara a la víctima, y se sube a la ambulancia; posteriormente, se entera, de que detuvieron a Ángel Echeverría. 5. Declaración de Leslie Dayana Espadas Ayuso, quien señala que desde hace aproximadamente como tres años a la presente fecha, conoce a Suemy Yamile Meneses Medina, toda vez, que es amiga de su madre; que tiene conocimiento que se encuentra casada con una persona, que solamente conoce como Mauro, desde hace veinticinco años, que al mismo tiempo, la citada Suemy sostenía dos relaciones sentimentales con dos hombres, uno que es joven de aproximadamente treinta y cinco años de edad, al que refiere como Ángel Echeverría y el otro de aproximadamente setenta años de edad, al que conoce como Guillermo Nadal alias "El Chino"; que desde el día siete de febrero, la citada Suemy se encuentra viviendo en su domicilio; que el día catorce de febrero del año que transcurre, aproximadamente a las veintiún horas, sale de su cuarto y vio que llegó el "chino", quien vestía una playera de color rojo, un pantalón de mezclilla de color azul y unas sandalias de color negro, acompañado de Suemy, los cuales se encontraban sentados en la sala, en visible en estado de ebriedad, siendo que Suemy le dijo al "chino" que estaba cansada y que se iba a dormir, por lo que el "chino" salió de su casa y se fue; aproximadamente veinte minutos después, escucha que estaban llamando a Suemy, abre la puerta del acceso principal y se percata de qué se trataba de Ángel Echeverría, de quien dio como sus características: de un metro ochenta de estatura, complexión media atlética, de tez morena, cabello negro, vestía pantalón de mezclilla de color negro, una camisa de color azul marino con rayas de color blanco, siendo que ve que sale Suemy y aborda el vehículo tipo Jetta, de color gris, el cual estaba estacionado a las puertas de su casa; y antes de que enciendan el vehículo, ve que regresa el "chino" y le gritó a Suemy: ¿Te vas a ir con él?, le pregunta, en eso vio, que se baje del automóvil Ángel Echeverría, se apoyó con sus manos en la cajuela y se impulsó dándole una patada al "chino" a la altura de la parte superior de su cuerpo, quien se fue de espaldas, cayendo boca arriba, golpeándose la cabeza, al ver esto, corrió avisarle a su madre, quien se encontraba en su cuarto y le dijo: "mamá, mamá ya le pegaron al "chino"", por lo que inmediatamente salió a la calle, junto con su madre, vio que Ángel Echeverría ya estaba nuevamente en el interior del vehículo junto con Suemy, por lo que su madre corrió hasta dicho vehículo y empezó a golpear el mismo, para decirles que no se retiraran de lugar; sin embargo, ellos hicieron caso omiso; que al lugar llega una persona de nombre Carlos Herrera, que es el vecino del predio número cuatrocientos cuarenta y dos, para brindar o ayudar o auxiliar al lesionado, también llegan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y después una ambulancia, de la cual se bajó un paramédico, dieron los primeros auxilios; que la declarante habla con los policías, le piden que la acompañe para ubicar a dichas personas, a lo cual accedió y aborda la patrulla; que en la calle treinta por setenta y siete y setenta y siete letra A, de Tixcacal Opichén, ven al vehículo Jetta, donde estaba Ángel, quien intentaba bajarse del auto y lo detienen. 6. Declaración de Carlos Migael Herrera Zapata, en entrevista realizada el quince de febrero del año que transcurre, a las veintitrés horas con treinta minutos, ante el fiscal investigador, en el que señala que tiene su domicilio en el número cuatrocientos cuarenta y dos, de la calle setenta y siete letra C, entre veintiséis y veintiocho, del Fraccionamiento Tixcacal Opichén, en cuanto a los hechos, refirió que desde hace un año a la presente fecha, conoce a Suemy Yamile Meneses Medina, ya que es amiga de su vecina Gladys Leticia Ayuso Cruz; asimismo, tiene conocimiento que la citada Suemy está casada, y que sostenía una relación sentimental con un señor de aproximadamente setenta años de edad, de nombre Guillermo Nadal alias "El Chino" a quien conoce desde aproximadamente unos años, ya que son vecinos del rumbo; y con relación a los hechos señaló que el día catorce de febrero del año que transcurre, se encontraba en su domicilio, y siendo aproximadamente las veintiún horas vio que llega el "chino" con Suemy a bordo de su vehículo y se bajaron, vio que estaban tomados y entraron a la casa de la vecina, siendo que después de unos minutos ve que sale el "chino", y se fue; que aproximadamente veinte minutos después vio que llega un Jetta de color gris, percatándose que pito (sonó el claxón del vehículo), luego descendió del automóvil una persona del sexo masculino de complexión de un metro con ochenta centímetros de estatura que era de complexión medio atlética de tez morena, ojos verdes, cabello negro, con vestimenta un pantalón de mezclilla de color negro con una camisa de color negro con rayas de color blanco que entró al predio y se paró en la puerta del acceso principal, siendo que salió Suemy y él, y ve que aborden el vehículo tipo Jetta de color gris, el cual estaba estacionado a las puertas de la casa de Gladys, su vecina, y antes de que dicho sujeto encienda el automóvil ve que regresó el "chino" y le gritó a Suemy ¿te vas a ir con él? en eso vio que se baja del automóvil Ángel Echeverría y se apoya con sus manos en la cajuela y se impulsó dándole una patada en la boca del "chino", quien se fue de espaldas cayendo boca arriba golpeándose la cabeza e inmediatamente después subió al automóvil de nuevo y al estar poniendo en marcha, Gladys que es la vecina, le dijo que se detenga, porque ya lo mataron; que hizo caso omiso y se fue; que ven al "chino" tirado e inconsciente, y ese momento intentan reanimarlo, pero no pueden; que salió su esposa de nombre Juliana Arely Ortiz Canche, que fue la que habló al 911, llegan elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, también una ambulancia, y el paramédico da primeros auxilios y trasladan al "chino", hasta el nosocomio correspondiente; que también ve que a la hija de su vecina de nombre Leslie Dayana Espadas Ayuso la comenzaron a entrevistar los policías y la citada Gladys se fue en la ambulancia y posteriormente se enteró que detuvieron a esa persona por la calle treinta, por setenta y siete y setenta y siete letra A del Fraccionamiento Tixcacal Opichen. 7. Declaración de Suemy Yamile Meneses Medina, realizada el día dieciséis de febrero del año que transcurre, a las catorce horas con treinta minutos, ante el Ministerio Público, quien debido a que de los datos de pruebas se advertía que tenía una relación sentimental con el imputado, se le hizo del conocimiento la prevención del numeral 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la abstención de declarar, por lo ella aun así emitió su declaración sin coacción alguna, manifestando lo siguiente: Desde hace veintitrés años, comencé a vivir en unión libre con el ciudadano José Medina Cab a quien conocen también como Mauro; que hace aproximadamente diez años atrás le fue presentado por un amigo de nombre Pablo Coral una persona que responde al nombre de Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, que es la víctima, quien estaba casado con Rosario González, sin embargo, comenzó a tener una relación de amistad y posteriormente una relación sentimental, mientras aún vivía en unión libre con José Medina Cab y Nadal Rodríguez, seguía casado; que el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, conoció en una fiesta a una persona que responde al nombre de Ángel Adrián Echeverría Zavaleta con quién comenzó a tener una relación de amistad y posteriormente una relación sentimental, es decir, con el imputado por lo que comenzó a ver menos a Guillermo Alonso Nadal Rodríguez y fue el veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, que decidió irse a vivir con Ángel Adrián Echeverría Zavaleta ya que rompió su relación con el citado Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, así como también dejó también su relación con José Medina Cab, que de hecho rentaron en el fraccionamiento Las Nubes y que ahí vivían; que cuando dejó a Echeverría Zavaleta, se fue a vivir con su hermana un tiempo, posteriormente en el mes de diciembre de dos mil veinte, se fue a vivir a casa de una amiga a la que conoce como Leticia Ayuso Cruz, que es una de las testigos, quien vive con su hija de nombre Leslie y otros hijos menores de edad, esto en el predio ubicado en la calle setenta y siete letra C, por veintiséis y veintiocho, del fraccionamiento Tixcacal Opichén, de esta ciudad, con número de predio cuatrocientos cuarenta y cuatro; que a mediados del mes de enero del año en curso, se quitó de casa de Leticia Ayuso y se fue a vivir con José Medina Cab, así como con sus hijos, pero por problemas que tuvo con su esposo se salió de nuevo de la casa y fue que en fecha siete de febrero de este propio año, regresó de nuevo a casa de su amiga Leticia Ayuso, a quien le pidió que le diera alojamiento en su domicilio; que el trece de febrero del año que transcurre, se encontraba en casa de su amiga Leticia y siendo alrededor de las veintidós horas se presentó al domicilio Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, con quien se puso a conversar, pero luego le pidió su celular para que revisara y como se negó, se enojó y se retiró de la casa, y le dijo que ya no lo volviera a buscar. Que al día siguiente, catorce de febrero, alrededor de las catorce horas la invitó a salir Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, a lo que ella aceptó, fueron a ver unas casas que se rentaban en Umán, en eso andaban en un vehículo Tiida de color rojo, él le refirió que tenía problemas con su esposa, que quería salirse de la casa; así estuvieron platicando, fueron a casa de una amiga a tomar las cervezas, hasta que aproximadamente a las veintiún horas del citado día, Guillermo Alonso Nadal Rodríguez la regresó al domicilio en la cual estaba viviendo; que le dijo que ya estaba cansada que mejor se retirara, y supuestamente Nadal Rodríguez se va; que se acuesta a dormir, sin recordar cuánto tiempo pasó y en ese momento la fue a despertar su amiga Leticia, quien le dijo que había llegado a la casa Ángel Adrián Echevarría Zavaleta, por lo que ella sale a ver qué quería, que cuando llega esta persona se encontraba en estado de ebriedad, estaba a bordo de un vehículo Jetta de color gris, le dijo que quería comprar clandestino y que la acompañara, que entró a la casa y se puso sus chancletas, ya que salió descalza y agarró su cartera; salió de la casa y abordo el vehículo Jetta y ocupo el asiento del copiloto, ya había cerrado la puerta y vio que se para del lado de la puerta del copiloto por fuera Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, quien trata de abrir la puerta, pero como tenía seguro no lo pudo hacer y le da un manotazo al vidrio de la ventana de la portezuela del lado del copiloto, ya que la misma estaba con el vidrio hacia arriba; que al ver eso, Ángel Adrián Echeverría Zavaleta se baja del vehículo y cruzó por la parte trasera del mismo, se dirigió a Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, pero Ángel Adrián Echeverría Zavaleta se impulsa con la parte de la cajuela del vehículo y le da una patada en la parte superior del cuerpo a Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, lo que provoca que caiga al suelo, luego Echevarría Zavaleta aborda de nuevo el vehículo del lado del conductor; al ver lo anterior, la citada testigo se baja del vehículo, vio que Guillermo Alonso Nadal Rodríguez tenía sangre en su boca y no se movía; ella se sube al vehículo y le pregunta a Ángel Adrián Echeverría Zavaleta qué hiciste, qué hiciste y Ángel Adrián comienza a reírse y le dice: "pinche pendejo, una patada le di y ahí se quedó", luego arranca el carro y se retira del lugar y como ella estaba dentro del vehículo no se pudo bajar y cerró la portezuela del mismo para que no se caiga; que avanzó sobre la calle setenta y siete letra C, dobló a la calle veintiocho a la derecha, ahí se quiso bajar la citada compareciente del vehículo, ya que lo veía alterado, iba a abrir la puerta del vehículo, pero Ángel Adrián Echeverría Zavaleta la jaló de su blusa e incluso la lesionó en el pecho y le dijo "si te bajas, te rajo la madre", por lo que no pudo bajarse del vehículo hasta que llegó a la calle treinta por setenta y siete y setenta y siete letra A, del fraccionamiento Tixcacal Opichén, de esta ciudad, donde se detuvo el vehículo al parecer por un desperfecto mecánico, ya que luego que se detuvo le daba al switch de arranque y el vehículo no arrancaba, por lo que aprovechó la citada compareciente para bajarse del vehículo y se retiró de dicho lugar, ya que Ángel Adrián estaba entretenido viendo lo de su vehículo; que el día el catorce de febrero, Nadal Rodríguez vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera tipo polo de color rojo y unas sandalias negras. 8. Inspección realizada por el perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña, el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el depósito vehicular número 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo tocante al vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, de color gris, con placas de circulación YYW-696-A del Estado de Yucatán. 9. Entrevistas realizadas a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Luis Armando Chim Valle y Érick Narciso Canul May, el dieciséis de febrero del año que transcurre, por el Ministerio Público, en el que el primer compareciente, corrobora el lugar en el cual se llevó a cabo la intervención a la persona lesionada, a las entrevistas que se realizaron, y que culmina con la detención y el traslado del imputado al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, señalando que su función fue en todo momento darle seguridad perimetral y auxiliar al elemento aprehensor. Mientras que el segundo nombrado, es decir, Canul May es la persona que estuvo resguardando el lugar de los hechos, específicamente lo anterior en auxilio del agente Urtecho Rodríguez, quien le dijo que se quede resguardando el lugar y acordonando el mismo, lo cual señaló que estuvo haciendo hasta las ocho horas del día siguiente, en el cambio de turno que hubo, que es cuando es relevado por otro agente, que a la postre resulta ser el que le da acceso al criminalista al momento de que realiza el procesamiento correspondiente, siendo que en el lugar se encontraba la mancha de color rojo. 10. Informe policial homologado de investigación, de fecha dieciséis de febrero del año en curso, y que fuera realizado por el agente de la Policía Estatal de Investigación del Estado, Alan Javier Tello Guevara, quien se avocó a la investigación, entrevistando a los testigos que declararon dentro de la carpeta de investigación, entre ellos la citada Lesly, Gladys Leticia, Suemy y a la denunciante, en el cual todas son coincidentes en cuanto a los hechos que narraron. Por otra parte, refirió el representante social que la calificativa consistente en la ventaja prevista en el numeral 380, fracción I del Código Penal del Estado, es decir que el imputado sea superior en fuerza física a la víctima, encuentra sustento con los datos de prueba que mencionó y que obran en la carpeta de investigación, de manera específica con la declaración de los tres testigos presenciales de los hechos, esto es, de Suemy, Carlos y Lesly, así como de la denunciante quien fue contundente en manifestar que la hoy víctima tenía sesenta y ocho años, mientras que el imputado se trata de una persona de treinta y cinco años de edad aproximadamente, mide aproximadamente un metro con ochenta centímetros, es de complexión atlética, y del protocolo de necropsia se advierte que la citada víctima ya es una persona de la tercera edad. De ahí, que el activo logra ubicarse en un plano de superioridad en relación con la víctima, dada su superioridad física. Por otro lado, para acreditar la probabilidad de la comisión del hoy imputado, la Fiscal investigadora, detalló los siguientes medios de prueba: Declaraciones de los testigos Gladys Leticia Ayuso Cruz, Leslie Dayana Espadas Ayuso, Carlos Migael Herrera Zapata y Suemy Yamile Meneses Medina, tres de los cuales son testigos presenciales, dos de ellos, la ciudadana Suemy lo conocía de tiempo atrás, en el año dos mil diecinueve, especifica exactamente el nombre correcto del imputado Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, describe características de él, que ese día él fue la persona que agredió físicamente a la víctima, lo cual se concatena con la declaración de Lesly, quien también vio la agresión, tan es así que de la información que proporciona ayuda para el esclarecimiento de los hechos y vio al imputado que a la postre fue debidamente detenido, mientras que Carlos Herrera que es el vecino, no lo conocía, pues de su declaración se advierte que nunca refiere el nombre, sin embargo da características físicas, las cuales coinciden con las características del imputado, y que fueron corroboradas con diversos testigos en el lugar de los hechos. Refiriendo que en el caso en particular si hubo testigos presenciales que pueden corroborar la conducta desplegada por el imputado, en el sentido de que esa agresión trajo como consecuencia la muerte del pasivo, y en ese aspecto el Fiscal consideró que se encuentra sustentado con esos datos de prueba. Ahora bien, atendiendo a los datos de prueba descritos, el Juez responsable determinó que no existían datos suficientes para tener por acreditada la calificativa consistente en la ventaja prevista en el numeral 380, fracción I del Código Penal del Estado, pues consideró que no hubo una reflexión de que efectivamente estuviera en un ámbito de ventaja respecto de la víctima, dado el completo estado de ebriedad en que se le encontró, esto es, que no hubo una reflexión en primera instancia sobre esa superioridad y que el imputado no estuvo en una conciencia cierta para poder determinar que sabía que no corría riesgo de ser agredido. Por otro lado, los datos de prueba relatados por el fiscal estatal, entendidos como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de los hechos delictivos y la probable participación del imputado, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. En ese sentido, con los datos de prueba relacionados, se acredita el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, HOMICIDIO SIMPLE, pues en el caso particular se genera la convicción de que el catorce de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a la veintiún horas con veinte minutos (tiempo), el imputado y la víctima se encontraban en la calle setenta y siete letra C por veintiséis y veintiocho del fraccionamiento Tizcacal Opichén de esta ciudad (lugar), donde el imputado privó de la vida a la víctima al darle una patada a la altura de la parte superior del cuerpo, concretamente de acuerdo con lo declarado por Carlos Migael Herrera Zapata, en la boca de la víctima, lo que provocó que se cayera al pavimento y sufriera lesiones que le provocaron la muerte, de acuerdo con el dictamen de necropsia por traumatismo craneoencefálico (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En su escrito de demanda el promovente alega como conceptos de violación, que no existen elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso, por lo que se viola flagrantemente su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 constitucional. Tal argumento resulta infundado, en razón de que contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado cometió los hechos, pues como se apuntó, existe, en primer término, el señalamiento de los testigos quienes de manera coincidente narraron lo que sucedió el día catorce de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiún horas con veinte minutos, esto es, que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos y que fue él quien le propinó a la víctima una patada en la parte superior del cuerpo, lo que provocó que ésta cayera boca arriba sobre el pavimento golpeándose la cabeza. Igualmente, resulta infundado lo manifestado por el quejoso de que no existe precisión de la parte del cuerpo en el que el imputado le dio la patada a la víctima, es decir si: ¿fue en las extremidades superiores del cuerpo?, ¿en los brazos porque forman parte del cuerpo?, ¿fue en el tronco del cuerpo? o ¿Fue en la cara o en la cabeza?. Tal argumento resulta infundado, pues el testigo Carlos Migael Herrera Zapata (no Suemy Yamile Meneses Medina, como refiere el juez) señaló que la patada fue en la boca, por lo que como igualmente consideró la autoridad judicial responsable era coincidente que en el dictamen de necropsia se encontraran lesiones en la nariz y en el labio superior, y de que fue una sola agresión la que señalan los testigos que propinó el imputado a la víctima que provocó que se cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Asimismo, alega el quejoso que es imposible que hubiera desplegado la agresión en contra de la víctima dado el completo estado de ebriedad en que se encontraba, por lo que no es posible que estando en evidente estado de ebriedad haya tomado impulso y dar una patada a la altura de la parte superior del cuerpo de la víctima y le haya ocasionado un impacto de tal magnitud que ocasionara que la víctima cayera de espaldas al suelo y quedara inconsciente, en primera instancia. Al respecto, tal argumento resulta infundado, en razón de que su afirmación carece de sustento alguno, pues ello no lo imposibilitaba para realizar la conducta agresiva que desplegó en contra de la víctima, esto es, agarrarse de la cajuela de su vehículo, tomar impulso y patear a la víctima, tan es así que el día y hora del evento condujo su vehículo hasta las puertas del predio donde ocurrieron los hechos, y después de haber lesionado a la víctima, de nueva cuenta, condujo su vehículo hasta el lugar donde fue detenido por el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez. Igualmente alega que de la mancha de color rojo que levantó el perito en criminalista Manuel de Atocha Rivas Solís, en el lugar de los hechos, el día quince de febrero de dos mil veintiuno, y que fue analizado por el químico QFB Adán Emmanuel Salazar, éste refirió que no podía determinar si corresponde a sangre la muestra levantada, en virtud de que por el momento no se contaba con el test-inmunoensayo cromatográfico para la detección rápida de hemoglobina humana en muestras forenses, lo que a su parecer le resulta extraño para ese indicio, porque para otras muestras de rastreo hemático si fue posible determinar que correspondía a sangre humana, como fueron las muestras tomadas en ambas manos y ambos antebrazos. Tal argumento resulta infundado, pues el hecho que el químico Adán Emmanuel Salazar no haya determinado que la muestra levantada en el lugar de los hechos sea sangre, no releva de responsabilidad alguna al imputado, hoy quejoso, pues de la necropsia de ley se determinó que fueron encontradas lesiones a la altura de la cara y la cabeza específicamente al realizar el examen externo, producto de la patada que le propinó a la altura de la boca, advirtiéndose un aumento de volumen en la región temporal izquierda y occipital izquierda, y también una equimosis violácea en labio superior tercio derecho con aumento de volumen y una equimosis violácea en ala nasal izquierda, los cuales corresponden a signos de reacción vital y por tanto lesiones antemortem, esto es, que cuando la persona fue lesionada aún se encontraba con vida; concluyendo que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. Por otra parte, en cuanto a lo argumentado por el quejoso, en el sentido de que el agente Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez no advirtió que el líquido de color rojo estuviera a la altura del rostro de la víctima y de que no hay una clara posición en que se encontraba su vehículo, esto es, si se encontraba estacionado en el lado derecho o izquierdo, igualmente resulta infundado, dado que ello no lo releva de responsabilidad alguna al imputado, aquí quejoso, sobre todo que de las declaraciones de los testigos Leslie Dayana Espadas Ayuso, Suemy Yamile Meneses Medina y Carlos Migael Herrera Zapata, claramente se advierte que hubo una agresión, consistente en la patada que le propinó el imputado a la víctima en la parte superior del cuerpo, concretamente de acuerdo con el dicho de Herrera Zapata a la altura de la boca, lo que provocó que la víctima cayera boca arriba sobre el pavimento, causándole lesiones de acuerdo con el dictamen de necropsia en la cara y la cabeza, en el que se asentó que se advirtió un aumento de volumen en la región temporal izquierda y occipital izquierda, y también una equimosis violácea en labio superior tercio derecho con aumento de volumen y una equimosis violácea en ala nasal izquierda, los cuales corresponden a signos de reacción vital nariz, y por tanto lesiones antemortem; concluyendo que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. Por otra parte, resultan inatendibles las diversas manifestaciones que hace el quejoso, en relación al informe policial homologado signado por Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez, consistentes en cuanto al elemento que lo puso a disposición del ministerio público, los elementos que arribaron al lugar de intervención, la forma en que se enteró de los hechos (refiere que se enteró por una denuncia y no por llamada de emergencia), su omisión (del imputado) de identificarse en el momento de su detención, así como que en el dictamen médico forense signado por Santos Alfonso Buendía Escalante, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día quince de febrero del año en curso, se advirtió que presentó lesiones, consistente en aumento de volúmen en maxilar inferior derecho, cuando en el informe policial homologado el agente Urtecho Rodríguez asentó que no presentó lesiones. Se afirma lo anterior, ya que tales aspectos van encaminados, esencialmente, a combatir la calificación de la detención del imputado, lo cual no es materia de la litis en el presente juicio al no haberse reclamado como acto destacado junto con el auto de vinculación a proceso; de ahí que no sea factible hacer pronunciamiento al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro digital: 202012, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 957, que a la letra dice: "DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el imputado haya sido vinculado a procedimiento penal, no lo imposibilita para que combata ante la instancia constitucional la calificación de la detención y las violaciones a los derechos fundamentales que tal acto le generó. La vinculación a proceso en ningún modo sustituye dicha calificación, ni destruye en su totalidad sus efectos y consecuencias. Indudablemente los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascenderán para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. Esto último torna sumamente relevante examinar si esos datos de prueba fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Razón por la cual, cuando se cuestione en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado, no actualiza la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo." Además de que aun cuando en su informe policial homologado el agente Urtecho Rodriguez haya manifestado que fue él la persona que puso a disposición del detenido a la fiscal investigadora Guadalupe del Rosario Chan Chuil, y no el comandante Pedro Edmundo González Esquivel, como éste refiere en su oficio de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, así como si fue uno o varios los elementos que arribaron al lugar de intervención, la forma en que se enteró de los hechos, esto es, si fue por una denuncia y no por llamada de emergencia, que el imputado omitió identificarse en el momento de su detención y que al momento que lo detienen no presentó lesiones, cuando en el examen que le hacen en las instalaciones del ministerio público se advirtió que sí presenta lesiones. Ello tampoco releva de responsabilidad alguna al hoy quejoso, ya que fue el propio elemento Urtecho Rodríguez quien participó en su detención a señalamiento de la testigo Leslie Dayana Espadas Ayuso, siendo que cuando fueron a localizar al imputado el elemento Urtecho Rodríguez fue el único que se dirigió en compañía de Espadas Ayuso, y si bien es cierto, pudiera ser que en el momento de su detención no se identificó el hoy quejoso, también es verdad que pudo ser que al entregar o revisar sus pertenencias se le encontró una identificación; aunado, a que las lesiones que el médico forense advirtió que presentó el imputado, bien pudieron ser a consecuencia de alguna lesión ocasionada con posterioridad a su puesta a disposición, sobretodo que la testigo Leslie Dayana Espadas Ayuso en ningún momento refiere que el detenido opuso resistencia a su detención o que con motivo de ello el elemento aprehensor hizo uso de la fuerza física, causándole lesiones al detenido. Finalmente, en cuanto al argumento del quejoso relativo a que dentro de la carpeta de investigación no obra la cadena de custodia del vehículo de la marca Volkswagen Jetta que fue ocupado por el elemento aprehensor. Tal razonamiento, también resulta ineficaz, toda vez que como bien lo manifestó el juez de la causa tal circunstancia debió de haberlo manifestado al momento que se le entregaron las copias de la carpeta de investigación, además que como acertadamente estimó el propio juez esa circunstancia no tiene una incidencia favorable para dictar un auto de vinculación a proceso. Por todo lo anterior, se estima que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que se estimen infundados e inatendibles los conceptos de violación que respecto al auto de vinculación a proceso formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, en contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA ELY DE AMPARO VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 428/2021-VII-A, promovido por Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, en contra de acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el dieciséis siguiente a este órgano de control constitucional, compareció Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, que se registró con el número 428/2021-VII-B; se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se verificó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, en: El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 37/2021, por el delito de homicidio simple. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan infundados e inatendibles los conceptos de violación formulados por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En la especie, el promovente reclama el auto de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 37/2021, que se le sigue por su autoría en el delito de HOMICIDIO SIMPLE. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que se vulneraron en su perjuicio el numeral 19, así como los artículos 14, 16 y 20 apartado B fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple, sin haber suficientes elementos para dictarlo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones del Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados e inatendibles. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado lo cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado, aquí quejoso, privó de la vida a quien respondiera al nombre de Guillermo Alonso Nadal Rodríguez. Hechos que materializan el delito de HOMICIDIO SIMPLE previsto y sancionado con pena privativa de la libertad por los artículos 368 y 372, ambos del Código Penal del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: En primer término, el Fiscal puntualizó los elementos que conforman el delito de homicidio calificado, esto es: La existencia previa de una vida humana La privación de esa vida Que se cometa sin consentimiento Que exista un nexo causal A fin de acreditar el primer elemento, señaló: 1.- Acta de denuncia de quince de febrero de dos mil veintiuno de María del Rosario González, en la que refirió que estaba casada con la víctima desde aproximadamente cuarenta y ocho años, y que ambos vivían en el mismo domicilio, en la colonia Sambula de esta ciudad. Declaró que la última vez que vio con vida a su esposo fue el catorce de febrero del año en curso, que aproximadamente alrededor de las diez horas con treinta minutos, ella se retira de su predio toda vez que iba acudir a misa, percatándose que su esposo se encontraba en el domicilio en el que ambos viven, y vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera de color rojo tipo Polo y unas sandalias de color negro con broche, características de vestimentas que, afirmó el fiscal, coinciden con las que fue encontrado el lesionado, quien posteriormente falleció. Así mismo, manifestó que esa fue la última vez que lo vio, posteriormente se fue a misa y cuando regresó se dio cuenta que su esposo ya no se encontraba en el domicilio hasta que aproximadamente ese mismo día (14 de febrero de 2021), pero como a las veintidós horas con treinta minutos, llega a su domicilio una persona del sexo femenino, de nombre Leticia, quien le refirió que era amiga de su esposo y qué momentos antes tuvo un altercado en el cual fue agredido por otro hombre y resultó herido en la cabeza, refiriendo que se habló a la ambulancia y que fue trasladado al seguro específicamente al hospital Juárez. Que en virtud a esa información habló a sus hijos para que se aboquen a la búsqueda de su esposo específicamente a sus hijos de nombre Guillermo Gabriel y María Abigail ambos de apellidos Nadal González, ellos se abocan a la búsqueda de esa persona sin lograr ubicarla en una primera instancia ese mismo día; que al día siguiente, nuevamente se abocan a ubicar a su esposo y lamentablemente sus hijos le informan ese día (15 de febrero de 2021), siendo las diez horas, que su padre había fallecido y que habían averiguado que tuvo un altercado con otro hombre en un predio de Tixcacal Opichén, de esta ciudad, del cual desconocen su dirección exacta pero que de igual forma averiguaron en las redes sociales lo que había acontecido; que sabe por chismes, que su esposo tenía una pareja sentimental. Finalmente, una vez que realizó el reconocimiento del cuerpo, al comparecer ante el Ministerio Público, se enteró que había una persona detenida por el fallecimiento de su esposo de nombre Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, por lo que interpuso formal denuncia en contra de él o de quienes resulten responsables por el fallecimiento de su citado esposo. 2.- Certificado de nacimiento de la víctima Guillermo Alonso Nadal Rodríguez. 3.- Certificado de matrimonio entre la denunciante y la víctima Guillermo Alonso Nadal Rodríguez. Respecto a la acreditación del segundo elemento señalado, el representante social relacionó los siguientes datos de prueba: 1.- Aviso telefónico de fallecimiento de quince de febrero de dos mil veintiuno, a las nueve horas con treinta minutos, bajo el número de reporte 508, en donde Francisco Ramos de UMIPOL comunica al Ministerio Público que el trabajador social Mauricio Ledesma del Hospital Benito Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social, reporta el ingreso y fallecimiento de Guillermo Nadal Rodríguez de sesenta y cinco años de edad, cuya causa del fallecimiento se desconoce, en virtud a esta noticia criminal que habían informado al Ministerio Público, es que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. 2.- Dictamen de necropsia de quince de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por el perito médico forense Ángel Gabriel Rodríguez Fernández, adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado sobre el cuerpo de la víctima, en el que señala que la fecha y hora del levantamiento del cadáver fue ese mismo día (15 de febrero de 2021) a las once horas con treinta minutos, y que de manera específica las lesiones que se encontraron fueron a la altura de la cara y la cabeza específicamente al realizar el examen externo, es decir, las lesiones superficiales advierte un aumento de volumen en la región temporal izquierda y occipital izquierda, y también refiere que hay una equimosis violácea en labio superior tercio derecho con aumento de volumen y una equimosis violácea en ala nasal izquierda, los cuales corresponden a signos de reacción vital y por tanto lesiones antemortem, es decir, que cuando la persona fue lesionada aún se encontraba con vida; llegando a la conclusión, de que: el cuerpo presenta un tiempo de fallecido de seis horas con respecto a la hora de levantamiento, precisando que la hora de levantamiento fue a las once horas con treinta minutos, por lo que el fallecimiento fue a las cinco horas con treinta minutos del propio día (15 de febrero de 2021); y la causa de muerte traumatismo craneoencefálico. En cuanto al tercer elemento, señaló el Fiscal, se encuentra acreditado pues hasta el momento no se ha demostrado que en el presente caso, el inculpado hubiera actuado bajo una causa de justificación que opere a su favor. El último elemento consistente en el nexo causal, aduce el Fiscal, se advierte de los siguientes datos de prueba: 1. Informe policial homologado suscrito por el agente de la Secretaría de Seguridad Pública de nombre Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que encontró a la persona lesionada, el día catorce de febrero del año en curso, a quien le dan el auxilio correspondiente, la entrevista con testigos en el lugar, específicamente la ciudadana Lesly, que vive en el predio ubicado en la calle setenta y cinco (sic) letra C por veintiséis y veintiocho del fraccionamiento Tixcacal Opichén, a la altura del predio cuatrocientos cuarenta y cuatro y hace una relatoría de hechos, en el sentido de que efectivamente hubo una agresión en el lugar, en el que se encontraba Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, que aproximadamente como a las veintiún horas con veinte minutos llega la víctima indirecta, hay un altercado, obviamente, pues la testigo refiere que ve una agresión, una patada y que se desencadena lo que ya se sabe, señalando en el informe policial homologado circunstancias tendientes a que se realiza una búsqueda y localización en el cual detuvieron a Echeverría Zavaleta y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público. 2. Ratificación realizada del informe policial homologado antes mencionado, llevada a cabo ante el Ministerio Público el día quince de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le puso a la vista del agente su informe, el cual ratificó, es decir, que ese fue el informe que él realizó. 3. Acta de inspección realizada en el lugar de los hechos el quince de febrero de dos mil veintiuno, por el perito en criminalista Juan Manuel de Atocha Rivas Solís, quien pertenece al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en el que arriba a las trece horas con cincuenta minutos del día ya señalado, iniciando la diligencia a las trece horas con cincuenta minutos, una vez que llega al lugar corrobora por medio de las nomenclaturas la dirección y asienta en su informe que la dirección correcta es la calle setenta y siete letra C, por veintiséis y veintiocho, del fraccionamiento Tixcacal Opichén, de esta ciudad, que es un lugar abierto, es una calle asfaltada y en el lugar únicamente se encuentra un indicio, el cual se encuentra en la calle, pero a la altura del predio 444, lo marca como indicio número "1", el cual es una Mancha de color rojo de forma irregular localizada en la superficie de rodamiento plano horizontal y que se tomó una muestra de la misma, marcándola como indicio "A 1". 4. Declaración de Gladys Leticia Ayuso Cruz, de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, en el que señala que su domicilio lo tiene en la calle setenta y cinco (sic) letra C, por veintiséis y veintiocho, de Tixcacal Opichén, en el predio número cuatrocientos cuarenta y cuatro, y relató: que el siete de febrero del año en curso su amiga de nombre Suemy Yamile Meneses Medina, a quien conoce desde hace tres años a la fecha, le pidió posada, en virtud de haber tenido un altercado con su pareja, quedándose a vivir en ese domicilio desde ese día; que por la amistad que tiene con ella, sabe que aparte de su esposo tiene una relación sentimental con dos personas, una a la que conoce con el nombre de Ángel Echeverría que a la postre resultó ser el imputado, señalándolo como una persona de aproximadamente treinta y cinco años de edad, y otra persona de aproximadamente setenta años de edad, de nombre Guillermo Nadal, a quien le apodan "chino" y conoce desde hace varios años, el cual es una persona delgada, tez clara, cabello negro, de aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, que vestía un pantalón de mezclilla, una playera roja, unas sandalias negras, que el día de los hechos (14 de febrero de 2021), a las veintiún horas, después de haber salido en compañía de Suemy Yamile Meneses Medina, regresa el "chino" acompañado de ella, encontrándose tomados; que el "chino" quería ir a comprar clandestino, pero ella le dijo que no, que ella estaba cansada y que mejor se fuera de su casa; que en ese momento el "chino" salió de su domicilio y se fue; que aproximadamente veinte minutos después, estando en la cocina, escucha que hablan en la puerta, entonces su hija Lesly Dayana Espadas Ayuso, abre la puerta y desde adentro de la casa vio que se trataba de Ángel Echeverría, es decir el imputado, que en ese momento vestía un pantalón de mezclilla de color negro, camisa de color negro con rayas blancas y zapatos, sujeto que fue a buscar a Suemy, quien salió del domicilio y momentos después su hija le grita "mamá, mamá", por lo que inmediatamente sale del cuarto donde se encontraba y Lesly le dijo "mamá, mamá, ya le pegaron al "chino"", por lo que inmediatamente sale a la calle y ve que el "chino" se encontraba tirado boca arriba en la calle con la cara ensangrentada y pudo ver que a las puertas de su casa se encontraba estacionado un automóvil, un Jetta de color gris en el cual se encontraba como conductor Ángel Echeverría y en el asiento del copiloto Suemy, siendo que al momento de poner en movimiento dicho vehículo la compareciente corrió y comenzó a golpear el carro pidiendo que se detengan para que se hagan responsables de lo que habían hecho, y sin hacer caso a sus palabras se retiraron del lugar y ya no los vuelve a ver, refiriendo que ella auxilia al "chino" quien se encontraba tirado e inconsciente, trató de reanimarlo pero no le contestaba; refiriendo que al lugar llegó otro vecino de nombre Carlos Herrera para auxiliar al citado "chino"; que posteriormente llegan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y una ambulancia; que los de la ambulancia le refirieron que necesitaban que alguien acompañara a la víctima, y se sube a la ambulancia; posteriormente, se entera, de que detuvieron a Ángel Echeverría. 5. Declaración de Leslie Dayana Espadas Ayuso, quien señala que desde hace aproximadamente como tres años a la presente fecha, conoce a Suemy Yamile Meneses Medina, toda vez, que es amiga de su madre; que tiene conocimiento que se encuentra casada con una persona, que solamente conoce como Mauro, desde hace veinticinco años, que al mismo tiempo, la citada Suemy sostenía dos relaciones sentimentales con dos hombres, uno que es joven de aproximadamente treinta y cinco años de edad, al que refiere como Ángel Echeverría y el otro de aproximadamente setenta años de edad, al que conoce como Guillermo Nadal alias "El Chino"; que desde el día siete de febrero, la citada Suemy se encuentra viviendo en su domicilio; que el día catorce de febrero del año que transcurre, aproximadamente a las veintiún horas, sale de su cuarto y vio que llegó el "chino", quien vestía una playera de color rojo, un pantalón de mezclilla de color azul y unas sandalias de color negro, acompañado de Suemy, los cuales se encontraban sentados en la sala, en visible en estado de ebriedad, siendo que Suemy le dijo al "chino" que estaba cansada y que se iba a dormir, por lo que el "chino" salió de su casa y se fue; aproximadamente veinte minutos después, escucha que estaban llamando a Suemy, abre la puerta del acceso principal y se percata de qué se trataba de Ángel Echeverría, de quien dio como sus características: de un metro ochenta de estatura, complexión media atlética, de tez morena, cabello negro, vestía pantalón de mezclilla de color negro, una camisa de color azul marino con rayas de color blanco, siendo que ve que sale Suemy y aborda el vehículo tipo Jetta, de color gris, el cual estaba estacionado a las puertas de su casa; y antes de que enciendan el vehículo, ve que regresa el "chino" y le gritó a Suemy: ¿Te vas a ir con él?, le pregunta, en eso vio, que se baje del automóvil Ángel Echeverría, se apoyó con sus manos en la cajuela y se impulsó dándole una patada al "chino" a la altura de la parte superior de su cuerpo, quien se fue de espaldas, cayendo boca arriba, golpeándose la cabeza, al ver esto, corrió avisarle a su madre, quien se encontraba en su cuarto y le dijo: "mamá, mamá ya le pegaron al "chino"", por lo que inmediatamente salió a la calle, junto con su madre, vio que Ángel Echeverría ya estaba nuevamente en el interior del vehículo junto con Suemy, por lo que su madre corrió hasta dicho vehículo y empezó a golpear el mismo, para decirles que no se retiraran de lugar; sin embargo, ellos hicieron caso omiso; que al lugar llega una persona de nombre Carlos Herrera, que es el vecino del predio número cuatrocientos cuarenta y dos, para brindar o ayudar o auxiliar al lesionado, también llegan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y después una ambulancia, de la cual se bajó un paramédico, dieron los primeros auxilios; que la declarante habla con los policías, le piden que la acompañe para ubicar a dichas personas, a lo cual accedió y aborda la patrulla; que en la calle treinta por setenta y siete y setenta y siete letra A, de Tixcacal Opichén, ven al vehículo Jetta, donde estaba Ángel, quien intentaba bajarse del auto y lo detienen. 6. Declaración de Carlos Migael Herrera Zapata, en entrevista realizada el quince de febrero del año que transcurre, a las veintitrés horas con treinta minutos, ante el fiscal investigador, en el que señala que tiene su domicilio en el número cuatrocientos cuarenta y dos, de la calle setenta y siete letra C, entre veintiséis y veintiocho, del Fraccionamiento Tixcacal Opichén, en cuanto a los hechos, refirió que desde hace un año a la presente fecha, conoce a Suemy Yamile Meneses Medina, ya que es amiga de su vecina Gladys Leticia Ayuso Cruz; asimismo, tiene conocimiento que la citada Suemy está casada, y que sostenía una relación sentimental con un señor de aproximadamente setenta años de edad, de nombre Guillermo Nadal alias "El Chino" a quien conoce desde aproximadamente unos años, ya que son vecinos del rumbo; y con relación a los hechos señaló que el día catorce de febrero del año que transcurre, se encontraba en su domicilio, y siendo aproximadamente las veintiún horas vio que llega el "chino" con Suemy a bordo de su vehículo y se bajaron, vio que estaban tomados y entraron a la casa de la vecina, siendo que después de unos minutos ve que sale el "chino", y se fue; que aproximadamente veinte minutos después vio que llega un Jetta de color gris, percatándose que pito (sonó el claxón del vehículo), luego descendió del automóvil una persona del sexo masculino de complexión de un metro con ochenta centímetros de estatura que era de complexión medio atlética de tez morena, ojos verdes, cabello negro, con vestimenta un pantalón de mezclilla de color negro con una camisa de color negro con rayas de color blanco que entró al predio y se paró en la puerta del acceso principal, siendo que salió Suemy y él, y ve que aborden el vehículo tipo Jetta de color gris, el cual estaba estacionado a las puertas de la casa de Gladys, su vecina, y antes de que dicho sujeto encienda el automóvil ve que regresó el "chino" y le gritó a Suemy ¿te vas a ir con él? en eso vio que se baja del automóvil Ángel Echeverría y se apoya con sus manos en la cajuela y se impulsó dándole una patada en la boca del "chino", quien se fue de espaldas cayendo boca arriba golpeándose la cabeza e inmediatamente después subió al automóvil de nuevo y al estar poniendo en marcha, Gladys que es la vecina, le dijo que se detenga, porque ya lo mataron; que hizo caso omiso y se fue; que ven al "chino" tirado e inconsciente, y ese momento intentan reanimarlo, pero no pueden; que salió su esposa de nombre Juliana Arely Ortiz Canche, que fue la que habló al 911, llegan elementos de la Secretaria de Seguridad Pública, también una ambulancia, y el paramédico da primeros auxilios y trasladan al "chino", hasta el nosocomio correspondiente; que también ve que a la hija de su vecina de nombre Leslie Dayana Espadas Ayuso la comenzaron a entrevistar los policías y la citada Gladys se fue en la ambulancia y posteriormente se enteró que detuvieron a esa persona por la calle treinta, por setenta y siete y setenta y siete letra A del Fraccionamiento Tixcacal Opichen. 7. Declaración de Suemy Yamile Meneses Medina, realizada el día dieciséis de febrero del año que transcurre, a las catorce horas con treinta minutos, ante el Ministerio Público, quien debido a que de los datos de pruebas se advertía que tenía una relación sentimental con el imputado, se le hizo del conocimiento la prevención del numeral 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la abstención de declarar, por lo ella aun así emitió su declaración sin coacción alguna, manifestando lo siguiente: Desde hace veintitrés años, comencé a vivir en unión libre con el ciudadano José Medina Cab a quien conocen también como Mauro; que hace aproximadamente diez años atrás le fue presentado por un amigo de nombre Pablo Coral una persona que responde al nombre de Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, que es la víctima, quien estaba casado con Rosario González, sin embargo, comenzó a tener una relación de amistad y posteriormente una relación sentimental, mientras aún vivía en unión libre con José Medina Cab y Nadal Rodríguez, seguía casado; que el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, conoció en una fiesta a una persona que responde al nombre de Ángel Adrián Echeverría Zavaleta con quién comenzó a tener una relación de amistad y posteriormente una relación sentimental, es decir, con el imputado por lo que comenzó a ver menos a Guillermo Alonso Nadal Rodríguez y fue el veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, que decidió irse a vivir con Ángel Adrián Echeverría Zavaleta ya que rompió su relación con el citado Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, así como también dejó también su relación con José Medina Cab, que de hecho rentaron en el fraccionamiento Las Nubes y que ahí vivían; que cuando dejó a Echeverría Zavaleta, se fue a vivir con su hermana un tiempo, posteriormente en el mes de diciembre de dos mil veinte, se fue a vivir a casa de una amiga a la que conoce como Leticia Ayuso Cruz, que es una de las testigos, quien vive con su hija de nombre Leslie y otros hijos menores de edad, esto en el predio ubicado en la calle setenta y siete letra C, por veintiséis y veintiocho, del fraccionamiento Tixcacal Opichén, de esta ciudad, con número de predio cuatrocientos cuarenta y cuatro; que a mediados del mes de enero del año en curso, se quitó de casa de Leticia Ayuso y se fue a vivir con José Medina Cab, así como con sus hijos, pero por problemas que tuvo con su esposo se salió de nuevo de la casa y fue que en fecha siete de febrero de este propio año, regresó de nuevo a casa de su amiga Leticia Ayuso, a quien le pidió que le diera alojamiento en su domicilio; que el trece de febrero del año que transcurre, se encontraba en casa de su amiga Leticia y siendo alrededor de las veintidós horas se presentó al domicilio Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, con quien se puso a conversar, pero luego le pidió su celular para que revisara y como se negó, se enojó y se retiró de la casa, y le dijo que ya no lo volviera a buscar. Que al día siguiente, catorce de febrero, alrededor de las catorce horas la invitó a salir Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, a lo que ella aceptó, fueron a ver unas casas que se rentaban en Umán, en eso andaban en un vehículo Tiida de color rojo, él le refirió que tenía problemas con su esposa, que quería salirse de la casa; así estuvieron platicando, fueron a casa de una amiga a tomar las cervezas, hasta que aproximadamente a las veintiún horas del citado día, Guillermo Alonso Nadal Rodríguez la regresó al domicilio en la cual estaba viviendo; que le dijo que ya estaba cansada que mejor se retirara, y supuestamente Nadal Rodríguez se va; que se acuesta a dormir, sin recordar cuánto tiempo pasó y en ese momento la fue a despertar su amiga Leticia, quien le dijo que había llegado a la casa Ángel Adrián Echevarría Zavaleta, por lo que ella sale a ver qué quería, que cuando llega esta persona se encontraba en estado de ebriedad, estaba a bordo de un vehículo Jetta de color gris, le dijo que quería comprar clandestino y que la acompañara, que entró a la casa y se puso sus chancletas, ya que salió descalza y agarró su cartera; salió de la casa y abordo el vehículo Jetta y ocupo el asiento del copiloto, ya había cerrado la puerta y vio que se para del lado de la puerta del copiloto por fuera Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, quien trata de abrir la puerta, pero como tenía seguro no lo pudo hacer y le da un manotazo al vidrio de la ventana de la portezuela del lado del copiloto, ya que la misma estaba con el vidrio hacia arriba; que al ver eso, Ángel Adrián Echeverría Zavaleta se baja del vehículo y cruzó por la parte trasera del mismo, se dirigió a Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, pero Ángel Adrián Echeverría Zavaleta se impulsa con la parte de la cajuela del vehículo y le da una patada en la parte superior del cuerpo a Guillermo Alonso Nadal Rodríguez, lo que provoca que caiga al suelo, luego Echevarría Zavaleta aborda de nuevo el vehículo del lado del conductor; al ver lo anterior, la citada testigo se baja del vehículo, vio que Guillermo Alonso Nadal Rodríguez tenía sangre en su boca y no se movía; ella se sube al vehículo y le pregunta a Ángel Adrián Echeverría Zavaleta qué hiciste, qué hiciste y Ángel Adrián comienza a reírse y le dice: "pinche pendejo, una patada le di y ahí se quedó", luego arranca el carro y se retira del lugar y como ella estaba dentro del vehículo no se pudo bajar y cerró la portezuela del mismo para que no se caiga; que avanzó sobre la calle setenta y siete letra C, dobló a la calle veintiocho a la derecha, ahí se quiso bajar la citada compareciente del vehículo, ya que lo veía alterado, iba a abrir la puerta del vehículo, pero Ángel Adrián Echeverría Zavaleta la jaló de su blusa e incluso la lesionó en el pecho y le dijo "si te bajas, te rajo la madre", por lo que no pudo bajarse del vehículo hasta que llegó a la calle treinta por setenta y siete y setenta y siete letra A, del fraccionamiento Tixcacal Opichén, de esta ciudad, donde se detuvo el vehículo al parecer por un desperfecto mecánico, ya que luego que se detuvo le daba al switch de arranque y el vehículo no arrancaba, por lo que aprovechó la citada compareciente para bajarse del vehículo y se retiró de dicho lugar, ya que Ángel Adrián estaba entretenido viendo lo de su vehículo; que el día el catorce de febrero, Nadal Rodríguez vestía un pantalón de mezclilla de color azul, una playera tipo polo de color rojo y unas sandalias negras. 8. Inspección realizada por el perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña, el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el depósito vehicular número 2 de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo tocante al vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, de color gris, con placas de circulación YYW-696-A del Estado de Yucatán. 9. Entrevistas realizadas a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Luis Armando Chim Valle y Érick Narciso Canul May, el dieciséis de febrero del año que transcurre, por el Ministerio Público, en el que el primer compareciente, corrobora el lugar en el cual se llevó a cabo la intervención a la persona lesionada, a las entrevistas que se realizaron, y que culmina con la detención y el traslado del imputado al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, señalando que su función fue en todo momento darle seguridad perimetral y auxiliar al elemento aprehensor. Mientras que el segundo nombrado, es decir, Canul May es la persona que estuvo resguardando el lugar de los hechos, específicamente lo anterior en auxilio del agente Urtecho Rodríguez, quien le dijo que se quede resguardando el lugar y acordonando el mismo, lo cual señaló que estuvo haciendo hasta las ocho horas del día siguiente, en el cambio de turno que hubo, que es cuando es relevado por otro agente, que a la postre resulta ser el que le da acceso al criminalista al momento de que realiza el procesamiento correspondiente, siendo que en el lugar se encontraba la mancha de color rojo. 10. Informe policial homologado de investigación, de fecha dieciséis de febrero del año en curso, y que fuera realizado por el agente de la Policía Estatal de Investigación del Estado, Alan Javier Tello Guevara, quien se avocó a la investigación, entrevistando a los testigos que declararon dentro de la carpeta de investigación, entre ellos la citada Lesly, Gladys Leticia, Suemy y a la denunciante, en el cual todas son coincidentes en cuanto a los hechos que narraron. Por otra parte, refirió el representante social que la calificativa consistente en la ventaja prevista en el numeral 380, fracción I del Código Penal del Estado, es decir que el imputado sea superior en fuerza física a la víctima, encuentra sustento con los datos de prueba que mencionó y que obran en la carpeta de investigación, de manera específica con la declaración de los tres testigos presenciales de los hechos, esto es, de Suemy, Carlos y Lesly, así como de la denunciante quien fue contundente en manifestar que la hoy víctima tenía sesenta y ocho años, mientras que el imputado se trata de una persona de treinta y cinco años de edad aproximadamente, mide aproximadamente un metro con ochenta centímetros, es de complexión atlética, y del protocolo de necropsia se advierte que la citada víctima ya es una persona de la tercera edad. De ahí, que el activo logra ubicarse en un plano de superioridad en relación con la víctima, dada su superioridad física. Por otro lado, para acreditar la probabilidad de la comisión del hoy imputado, la Fiscal investigadora, detalló los siguientes medios de prueba: Declaraciones de los testigos Gladys Leticia Ayuso Cruz, Leslie Dayana Espadas Ayuso, Carlos Migael Herrera Zapata y Suemy Yamile Meneses Medina, tres de los cuales son testigos presenciales, dos de ellos, la ciudadana Suemy lo conocía de tiempo atrás, en el año dos mil diecinueve, especifica exactamente el nombre correcto del imputado Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, describe características de él, que ese día él fue la persona que agredió físicamente a la víctima, lo cual se concatena con la declaración de Lesly, quien también vio la agresión, tan es así que de la información que proporciona ayuda para el esclarecimiento de los hechos y vio al imputado que a la postre fue debidamente detenido, mientras que Carlos Herrera que es el vecino, no lo conocía, pues de su declaración se advierte que nunca refiere el nombre, sin embargo da características físicas, las cuales coinciden con las características del imputado, y que fueron corroboradas con diversos testigos en el lugar de los hechos. Refiriendo que en el caso en particular si hubo testigos presenciales que pueden corroborar la conducta desplegada por el imputado, en el sentido de que esa agresión trajo como consecuencia la muerte del pasivo, y en ese aspecto el Fiscal consideró que se encuentra sustentado con esos datos de prueba. Ahora bien, atendiendo a los datos de prueba descritos, el Juez responsable determinó que no existían datos suficientes para tener por acreditada la calificativa consistente en la ventaja prevista en el numeral 380, fracción I del Código Penal del Estado, pues consideró que no hubo una reflexión de que efectivamente estuviera en un ámbito de ventaja respecto de la víctima, dado el completo estado de ebriedad en que se le encontró, esto es, que no hubo una reflexión en primera instancia sobre esa superioridad y que el imputado no estuvo en una conciencia cierta para poder determinar que sabía que no corría riesgo de ser agredido. Por otro lado, los datos de prueba relatados por el fiscal estatal, entendidos como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de los hechos delictivos y la probable participación del imputado, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. En ese sentido, con los datos de prueba relacionados, se acredita el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, HOMICIDIO SIMPLE, pues en el caso particular se genera la convicción de que el catorce de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a la veintiún horas con veinte minutos (tiempo), el imputado y la víctima se encontraban en la calle setenta y siete letra C por veintiséis y veintiocho del fraccionamiento Tizcacal Opichén de esta ciudad (lugar), donde el imputado privó de la vida a la víctima al darle una patada a la altura de la parte superior del cuerpo, concretamente de acuerdo con lo declarado por Carlos Migael Herrera Zapata, en la boca de la víctima, lo que provocó que se cayera al pavimento y sufriera lesiones que le provocaron la muerte, de acuerdo con el dictamen de necropsia por traumatismo craneoencefálico (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En su escrito de demanda el promovente alega como conceptos de violación, que no existen elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso, por lo que se viola flagrantemente su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 constitucional. Tal argumento resulta infundado, en razón de que contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado cometió los hechos, pues como se apuntó, existe, en primer término, el señalamiento de los testigos quienes de manera coincidente narraron lo que sucedió el día catorce de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiún horas con veinte minutos, esto es, que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos y que fue él quien le propinó a la víctima una patada en la parte superior del cuerpo, lo que provocó que ésta cayera boca arriba sobre el pavimento golpeándose la cabeza. Igualmente, resulta infundado lo manifestado por el quejoso de que no existe precisión de la parte del cuerpo en el que el imputado le dio la patada a la víctima, es decir si: ¿fue en las extremidades superiores del cuerpo?, ¿en los brazos porque forman parte del cuerpo?, ¿fue en el tronco del cuerpo? o ¿Fue en la cara o en la cabeza?. Tal argumento resulta infundado, pues el testigo Carlos Migael Herrera Zapata (no Suemy Yamile Meneses Medina, como refiere el juez) señaló que la patada fue en la boca, por lo que como igualmente consideró la autoridad judicial responsable era coincidente que en el dictamen de necropsia se encontraran lesiones en la nariz y en el labio superior, y de que fue una sola agresión la que señalan los testigos que propinó el imputado a la víctima que provocó que se cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Asimismo, alega el quejoso que es imposible que hubiera desplegado la agresión en contra de la víctima dado el completo estado de ebriedad en que se encontraba, por lo que no es posible que estando en evidente estado de ebriedad haya tomado impulso y dar una patada a la altura de la parte superior del cuerpo de la víctima y le haya ocasionado un impacto de tal magnitud que ocasionara que la víctima cayera de espaldas al suelo y quedara inconsciente, en primera instancia. Al respecto, tal argumento resulta infundado, en razón de que su afirmación carece de sustento alguno, pues ello no lo imposibilitaba para realizar la conducta agresiva que desplegó en contra de la víctima, esto es, agarrarse de la cajuela de su vehículo, tomar impulso y patear a la víctima, tan es así que el día y hora del evento condujo su vehículo hasta las puertas del predio donde ocurrieron los hechos, y después de haber lesionado a la víctima, de nueva cuenta, condujo su vehículo hasta el lugar donde fue detenido por el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez. Igualmente alega que de la mancha de color rojo que levantó el perito en criminalista Manuel de Atocha Rivas Solís, en el lugar de los hechos, el día quince de febrero de dos mil veintiuno, y que fue analizado por el químico QFB Adán Emmanuel Salazar, éste refirió que no podía determinar si corresponde a sangre la muestra levantada, en virtud de que por el momento no se contaba con el test-inmunoensayo cromatográfico para la detección rápida de hemoglobina humana en muestras forenses, lo que a su parecer le resulta extraño para ese indicio, porque para otras muestras de rastreo hemático si fue posible determinar que correspondía a sangre humana, como fueron las muestras tomadas en ambas manos y ambos antebrazos. Tal argumento resulta infundado, pues el hecho que el químico Adán Emmanuel Salazar no haya determinado que la muestra levantada en el lugar de los hechos sea sangre, no releva de responsabilidad alguna al imputado, hoy quejoso, pues de la necropsia de ley se determinó que fueron encontradas lesiones a la altura de la cara y la cabeza específicamente al realizar el examen externo, producto de la patada que le propinó a la altura de la boca, advirtiéndose un aumento de volumen en la región temporal izquierda y occipital izquierda, y también una equimosis violácea en labio superior tercio derecho con aumento de volumen y una equimosis violácea en ala nasal izquierda, los cuales corresponden a signos de reacción vital y por tanto lesiones antemortem, esto es, que cuando la persona fue lesionada aún se encontraba con vida; concluyendo que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. Por otra parte, en cuanto a lo argumentado por el quejoso, en el sentido de que el agente Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez no advirtió que el líquido de color rojo estuviera a la altura del rostro de la víctima y de que no hay una clara posición en que se encontraba su vehículo, esto es, si se encontraba estacionado en el lado derecho o izquierdo, igualmente resulta infundado, dado que ello no lo releva de responsabilidad alguna al imputado, aquí quejoso, sobre todo que de las declaraciones de los testigos Leslie Dayana Espadas Ayuso, Suemy Yamile Meneses Medina y Carlos Migael Herrera Zapata, claramente se advierte que hubo una agresión, consistente en la patada que le propinó el imputado a la víctima en la parte superior del cuerpo, concretamente de acuerdo con el dicho de Herrera Zapata a la altura de la boca, lo que provocó que la víctima cayera boca arriba sobre el pavimento, causándole lesiones de acuerdo con el dictamen de necropsia en la cara y la cabeza, en el que se asentó que se advirtió un aumento de volumen en la región temporal izquierda y occipital izquierda, y también una equimosis violácea en labio superior tercio derecho con aumento de volumen y una equimosis violácea en ala nasal izquierda, los cuales corresponden a signos de reacción vital nariz, y por tanto lesiones antemortem; concluyendo que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. Por otra parte, resultan inatendibles las diversas manifestaciones que hace el quejoso, en relación al informe policial homologado signado por Felipe de Jesús Urtecho Rodríguez, consistentes en cuanto al elemento que lo puso a disposición del ministerio público, los elementos que arribaron al lugar de intervención, la forma en que se enteró de los hechos (refiere que se enteró por una denuncia y no por llamada de emergencia), su omisión (del imputado) de identificarse en el momento de su detención, así como que en el dictamen médico forense signado por Santos Alfonso Buendía Escalante, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día quince de febrero del año en curso, se advirtió que presentó lesiones, consistente en aumento de volúmen en maxilar inferior derecho, cuando en el informe policial homologado el agente Urtecho Rodríguez asentó que no presentó lesiones. Se afirma lo anterior, ya que tales aspectos van encaminados, esencialmente, a combatir la calificación de la detención del imputado, lo cual no es materia de la litis en el presente juicio al no haberse reclamado como acto destacado junto con el auto de vinculación a proceso; de ahí que no sea factible hacer pronunciamiento al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro digital: 202012, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, página 957, que a la letra dice: "DETENCIÓN. LA EMISIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMÓ SU CALIFICACIÓN. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en los casos de detención de una persona, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Bajo el proceso penal acusatorio, el control de la detención deberá realizarse a través de una audiencia en la que el Ministerio Público deberá justificar ante el juez los motivos de la detención y éste procederá a calificarla. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene amplias precisiones en torno a la verificación que los juzgadores deben realizar sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la detención y puesta a disposición de la persona ante la autoridad correspondiente; además, ha determinado como regla la invalidez y exclusión de todos aquellos elementos de prueba que tengan como fuente directa o se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal establece el auto de vinculación a proceso como la resolución mediante la cual el juzgador determina si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, porque los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, al margen de que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso sucedan en la misma audiencia y exista una relación jurídica entre ambos actos, se trata de actuaciones cuya materia de análisis es diferente y se van sucediendo sin que exista la posibilidad de reabrirlos conforme al principio de continuidad. Por lo tanto, la circunstancia de que el imputado haya sido vinculado a procedimiento penal, no lo imposibilita para que combata ante la instancia constitucional la calificación de la detención y las violaciones a los derechos fundamentales que tal acto le generó. La vinculación a proceso en ningún modo sustituye dicha calificación, ni destruye en su totalidad sus efectos y consecuencias. Indudablemente los datos de prueba obtenidos con el aseguramiento, trascenderán para resolver la situación jurídica del imputado y a las posteriores resoluciones, incluso a aquellas que tendrán lugar en etapas procesales distintas. Esto último torna sumamente relevante examinar si esos datos de prueba fueron recabados con respeto a los derechos fundamentales del imputado. Razón por la cual, cuando se cuestione en amparo indirecto el control de la detención, la circunstancia de que se haya vinculado el imputado, no actualiza la causa de improcedencia del juicio por cambio de situación jurídica, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo." Además de que aun cuando en su informe policial homologado el agente Urtecho Rodriguez haya manifestado que fue él la persona que puso a disposición del detenido a la fiscal investigadora Guadalupe del Rosario Chan Chuil, y no el comandante Pedro Edmundo González Esquivel, como éste refiere en su oficio de fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, así como si fue uno o varios los elementos que arribaron al lugar de intervención, la forma en que se enteró de los hechos, esto es, si fue por una denuncia y no por llamada de emergencia, que el imputado omitió identificarse en el momento de su detención y que al momento que lo detienen no presentó lesiones, cuando en el examen que le hacen en las instalaciones del ministerio público se advirtió que sí presenta lesiones. Ello tampoco releva de responsabilidad alguna al hoy quejoso, ya que fue el propio elemento Urtecho Rodríguez quien participó en su detención a señalamiento de la testigo Leslie Dayana Espadas Ayuso, siendo que cuando fueron a localizar al imputado el elemento Urtecho Rodríguez fue el único que se dirigió en compañía de Espadas Ayuso, y si bien es cierto, pudiera ser que en el momento de su detención no se identificó el hoy quejoso, también es verdad que pudo ser que al entregar o revisar sus pertenencias se le encontró una identificación; aunado, a que las lesiones que el médico forense advirtió que presentó el imputado, bien pudieron ser a consecuencia de alguna lesión ocasionada con posterioridad a su puesta a disposición, sobretodo que la testigo Leslie Dayana Espadas Ayuso en ningún momento refiere que el detenido opuso resistencia a su detención o que con motivo de ello el elemento aprehensor hizo uso de la fuerza física, causándole lesiones al detenido. Finalmente, en cuanto al argumento del quejoso relativo a que dentro de la carpeta de investigación no obra la cadena de custodia del vehículo de la marca Volkswagen Jetta que fue ocupado por el elemento aprehensor. Tal razonamiento, también resulta ineficaz, toda vez que como bien lo manifestó el juez de la causa tal circunstancia debió de haberlo manifestado al momento que se le entregaron las copias de la carpeta de investigación, además que como acertadamente estimó el propio juez esa circunstancia no tiene una incidencia favorable para dictar un auto de vinculación a proceso. Por todo lo anterior, se estima que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que se estimen infundados e inatendibles los conceptos de violación que respecto al auto de vinculación a proceso formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso Ángel Adrián Echeverría Zavaleta, en contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad; por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

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