Anel Pallet González
Expediente 559/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- ANEL PALLET GONZÁLEZ y Otros.
- Anel Pallet González
- DANOY DÍAZ RODRÍGUEZ y Otros.
- Danoy Díaz Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Por ello, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y del artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado, ello, en virtud, de que en dos de agosto del año que transcurre, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ahí precisados. Por lo tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en ocho de agosto de dos mil veintidós, se aperturó incidente de suspensión en el que se negó la suspensión provisional y en resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en el escrito inicial de demanda los quejosos los quejosos Anel Pallet González y Danoy Díaz Rodríguez señalaron como actos reclamados en el presente juicio lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS 1. De las autoridades señaladas bajo los incisos "A", "B", "C" y "D" del apartado anterior se reclama la orden, ejecución, prolongación, aval y/o tolerancia de la detención arbitraria realizada a los quejosos el 23 de julio de 2022. 2. De las autoridades señaladas bajo los incisos "A", "B", "C" y "D" del apartado anterior se reclama la orden, ejecución, aval y/o tolerancia de la incomunicación a la que se han sujetado los quejosos desde el 23 de julio de 2022 hasta la fecha de la presentación de la demanda. 3. De las autoridades señaladas bajo los incisos "A", "B", "C" y "D" del apartado anterior se reclama la orden, inminente ejecución, aval y/o tolerancia de devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera, no adrnitir, o los actos materiales justificados bajo cualquier forma jurídica que pretendan trasladar a los quejosos fuera del territorio nacional. 4. De las autoridades señaladas bajo los incisos "A", "B", "C" y "D" del apartado anterior se reclama la omisión de reconocer la condición de refugiados de los Quejosos, así como sus efectos y consecuencias." Que de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte: -Copia certificada de las documentales de liberación, con números de oficios ORBC/EMTIJ/3120/2022 y, ORBC/EMTIJ/3121/2022; ambos de veintidós de agosto del año en curso, en la que se les previene para que en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, den seguimiento al procedimiento indicado en esa área o en su defecto regularicen su situación migratoria en México. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que desde el veintidós de agosto de dos mil veintidós, los aquí quejosos quedaron en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados y se les informa de la posibilidad de realizar las gestiones correspondientes para regularizar su situación migratoria en México. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: El ataque a su libertad por la detención ilegal de la cual refería el promovente eran objeto los directamente agraviados Anel Pallet González y Danoy Díaz Rodríguez de nacionalidad cubana y la deportación, expulsión o traslado sin juicio previo. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de la constancia que remite la autoridad responsable se advierte, inicialmente otorgó oficios de libertad, con número ORBC/EMTIJ/3120/2022 y, ORBC/EMTIJ/3121/2022; de fecha veintidós de agosto del año en curso; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (dos de agosto de dos mil veintidós), la autoridad señalada como responsable les otorgó salida de la estación migratoria y les hizo saber la posibilidad de realizar la gestión para regularizar su situación migratoria en México. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del once de octubre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, ello tomando en consideración de que las partes se notificaron por medio de lista en uno de septiembre siguiente. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas del once de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, mediante el cual se desechó de plano la ampliación de demanda; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Comisionado y del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, mediante los cuales comunica que los aquí quejosos no se encuentran a disposición de la autoridad que representa; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Asimismo, téngasele designando como delegados a las personas que menciona en su respectivo informe, y, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo; asimismo, proporcionando una cuenta de correo electrónico para el contacto respectivo, lo que se toma en consideración para los efectos legales correspondientes. En otro orden, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse a dicho órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que solicita. Notifíquese.
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