Andy Pool Araujo Vega

Expediente 577/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
577/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Andy Pool Araujo Vega y Otros.
  • Andy Pool Araujo Vega
  • Abel Ivan Laura Quispe
  • Abel Ivan Laura Quispe y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El diez de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión, previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de diez días que establece el numeral 86 de la propia ley, en contra del auto de nueve de septiembre del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por ello, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y del artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado, ello, en virtud, de que en cinco de agosto del año que transcurre, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ahí precisados. Por lo tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la licenciada María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en el escrito inicial de demanda los quejosos Andy Pool Araujo Vega, Valeria Sadith Maza Aguilar, Abel Iván Laura Quispe y Lissete Araujo Vega señalaron como actos reclamados en el presente juicio lo siguiente: "a) La detención, aseguramiento y/o alojamiento ilegal de los hoy quejosos en la estación migratoria de LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, por más de 36 horas. b) La privación de su libertad personal fuera de procedimiento con fines de deportación y/o expulsión y su ejecución. c) La ejecución de cualquier orden de deportación y/o expulsión que se haya emitido en su contra, fuera de procedimiento, por afectar nuestra esfera jurídica al incurrir el quejoso en dicho supuesto. d) La negativa de realizar los trámites migratorios del hoy quejoso tendientes a regularizar y obtener su legal estancia en México, en términos del artículo 52 fracción V inciso a), 132 fracción I, 133 fracción III y IV, 136 y demás relativos de la Ley de Migración. e) La negativa de recibir y tramitar la solicitud realizada con apego al artículo 102 de la Ley de Migración. [.]" (sic) Que de la constancia remitida por la autoridad responsable se advierte: -Copia certificada de las documentales de liberación, con números de oficios ORBC/EMTIJ/3110/2022; ORBC/EMTIJ/3109/2022; ORBC/EMTIJ/3111/2022; y, ORBC/EMTIJ/3112/2022; todos de fecha dieciocho de agosto del año en curso, en la que se les previene para que en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, den seguimiento al procedimiento indicado en esa área o en su defecto regularicen su situación migratoria en México. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que desde el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, los aquí quejosos quedaron en libertad de la estancia migratoria en la que se encontraban alojados y se les informa de la posibilidad de realizar las gestiones correspondientes para regularizar su situación migratoria en México. De lo anterior, es evidente que ante tal circunstancia han cesado los efectos del acto reclamado; toda vez que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional, el acto reclamado existía, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio se dejó sin efecto el mismo, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: El ataque a su libertad por la detención ilegal de la cual refería el promovente eran objeto los directamente agraviados Andy Pool Araujo Vega, Valeria Sadith Maza Aguilar, Abel Iván Laura Quispe y Lissete Araujo Vega de nacionalidad peruana y la deportación, expulsión o traslado sin juicio previo. Actos que han cesado sus efectos, toda vez que de la constancia que remite la autoridad responsable se advierte, inicialmente otorgo oficios de libertad, con número ORBC/EMTIJ/3110/2022; ORBC/EMTIJ/3109/2022; ORBC/EMTIJ/3111/2022; y, ORBC/EMTIJ/3112/2022; de fecha dieciocho de agosto del año en curso; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (cinco de agosto de dos mil veintidós), la autoridad señalada como responsable les otorgó salida de la estación migratoria y les hizo saber la posibilidad de realizar la gestión para regularizar su situación migratoria en México. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los quejosos, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, a fin de que se impongan del contenido de las documentales remitidas en autos por la autoridad responsable Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, en esta ciudad, relativas a las constancias que integran el expediente administrativo de los quejosos. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como correspondan el oficio signado por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, mediante el cual comunica que los aquí quejosos no se encuentran a disposición de la autoridad que representa; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto a lo informado, toda vez que si bien informa que la autoridad indicada para conocer y dar respuesta al requerimiento que le fue realizado es la Oficina de Representación en Tijuana, Baja California, dicha autoridad ya informó lo conducente a la liberación de los directamente agraviados mediante oficio con folio 10707. Asimismo, téngasele designando como delegados a las personas que menciona en su respectivo informe, y, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico para el contacto respectivo, lo que se toma en consideración para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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