Andrey Diaz Ojeda
Expediente 1605/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1605/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Andrey Diaz Ojeda
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de que suscribe en representación de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el que interpone el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés por este juzgado. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, del referido escrito y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, así como un disco versátil digital, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que estime procedente acordar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUJEOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la constancia de notificación de dos de julio del año en curso levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, realizada al directo quejoso ******, se advierte que NO RATIFICÓ la demanda de amparo promovida a su favor por ******. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo; por tanto, se dejan sin efecto las providencias aquí dictadas. De igual manera, de la razón actuarial de cuenta, se aprecia que la parte quejosa manifestó que señala al promovente de amparo como su autorizado; por tanto, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, en virtud de que acreditó el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se dio fe del buen estado físico, mental y de salud del citado quejoso, lo anterior para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguense a los autos los informes signados por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán y Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, sin hacer mayor pronunciamiento en virtud de lo acordado en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************a favor de ********************en la que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública y otras autoridades, lo siguiente: La detención e incomunicación de********************En consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 1605/2023. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, la persona que actúa en representación del directo quejoso, menciona que ********************fue ilegalmente detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como que se encuentra incomunicado. En ese sentido, la demanda de amparo se ubica en los supuestos de urgencia a que se refiere el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo. En consecuencia, respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación, con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de dicho acto, para el efecto de que de inmediato se permita al directo quejoso entablar comunicación con su familia, abogado o persona de confianza, y cesen los que permitan la incomunicación del directo quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y de aquellos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituirlos en el goce de sus derechos humanos. También se decreta la suspensión de plano, para el efecto que las autoridades responsables brinden al quejoso agua, alimentos adecuados y proporcione condiciones dignas de internamiento propias a su naturaleza humana, debiendo asegurarse del correcto estado de salud del directo quejoso. Respecto de los actos privativos de la libertad que reclama (detención), con fundamento en los artículos 15, 126, en relación con el 103, todos de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cese de inmediato la ilegal detención fuera de procedimiento que se esté ejecutando en su perjuicio. Dicha medida no surte efecto alguno en caso de que la privación de la libertad, detención y/o retención del quejoso derive de un procedimiento legalmente previsto, instaurado por autoridad competente. Asimismo, se le requiere a las autoridades responsables para que informen si en el caso hubo flagrancia o no, respecto de la conducta atribuida al directo quejoso o bien, si fue detenido en cumplimiento a algún mandamiento de captura; de igual forma, deberá precisar las modalidades del hecho delictuoso que se le atribuyen y si se impuso alguna medida cautelar, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas. Ahora, si el quejoso ********************se encuentra a disposición de la autoridad responsable, con motivo de la comisión de algún delito se concede la suspensión de plano, para el efecto de que sea puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial. En caso de haber sido puesto a disposición de la autoridad ministerial y de surtirse alguna de las hipótesis a que se contraen los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 constitucional, podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis, según sea el caso, a partir del momento en que fueron puestos a su disposición, para lo cual la autoridad correspondiente deberá informar y remitir constancia certificada de esa diligencia (puesta a disposición); en la inteligencia de que si no se trata de una detención con motivo de flagrancia o urgencia, deberá ordenar la libertad inmediata del directo quejoso, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Si la detención fue con motivo del cumplimiento de alguna orden de aprehensión, la suspensión tendrá el efecto de que sea puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial competente. Asimismo, para el caso de que el acto privativo de la libertad tenga su origen en algún arresto administrativo que se esté ejecutando en contra del directo agraviado, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de PLANO SOBRE DICHO ACTO será para el efecto que de inmediato cese el arresto administrativo, ya que de consumarse haría físicamente imposible restituir al directo quejoso en el goce de los derechos humanos que estiman violados. En el entendido, que aun en el supuesto en que el directo quejoso hubiera sido trasladado a un centro de retención administrativo diverso al primigeniamente recluido, corresponderá al titular del centro donde actualmente se encuentre, dar cabal cumplimiento a la medida cautelar decretada, siempre y cuando corresponda a la misma naturaleza del acto materia de reclamo. En mérito de lo anterior, las autoridades responsables deberán informar por oficio, dentro del término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento de esta resolución y prevéngasele que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo, y 123 apartado A fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con independencia de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir con su conducta, según lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Numeral que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]." De igual modo, en el informe que rinda la autoridad responsable deberá comunicar si tiene implementado lineamientos o protocolos que garanticen que médicos, abogados y familiares tienen acceso con los quejosos, siempre y cuando quienes deseen acceder se ciñan a los lineamientos de seguridad del lugar de reclusión. Además, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordena constituir al actuario adscrito a este Juzgado, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Progreso, o bien, según la información que se reciba, en donde se afirme o se pueda advertir que el directo quejoso se encuentre privado de su libertad personal, a fin de que: Requiera la presencia de ********************; A efecto de determinar si sufrió o no tortura alguna, deberá cerciorarse del estado físico, mental y de salud que guardan el directo agraviado, debiendo dar fe de las lesiones que presente y le requiera para que manifieste si cuentan con otras lesiones, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para tal efecto realice, así como si lo desea, manifiesten cómo y quiénes causaron las lesiones; de igual manera, lo cuestione acerca de si sufrió incomunicación o no; si fue cuestionado por los elementos aprehensores o análogos acerca de si cometieron o no delito alguno, utilizando para obtener confesión alguna, cualquier medio de intimidación o violencia física o mental. Asimismo, el Actuario deberá dar fe del lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso ******************** y del contenido del registro de detención, así como el motivo de la misma, a fin de asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención figuren en registros fácilmente disponibles y accesibles al interesado. Lo anterior en términos del Protocolo de Estambul y de la Convención Contra La Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de determinar si existe tortura y en caso de ser existente la misma, dar la correspondiente vista al Ministerio Público para la indagación correspondiente. También, le requiera para que ratifique, si es que quiere hacerlo, el contenido de esta demanda, en la inteligencia que de no hacerlo en el momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes, se tendrá por no presentada y la medida cautelar decretada se dejará sin efectos, y verifique si es su deseo autorizar en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al promovente. Por otra parte, se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciba el oficio dirigido a la autoridad que no estuviese en turno, apercibida que en caso de ser omisa al respecto, con fundamento en el segundo de los citados artículos, se tendrá por legalmente hecha la notificación a la autoridad que vaya dirigido el oficio, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. De igual manera, a fin de vigilar el cumplimiento de esta determinación judicial, se comisiona al actuario que de tener conocimiento de la intervención de diversa autoridad, por no haber sido señalada, por desconocimiento de su participación por el promovente, sin necesidad de nuevo acuerdo, le comunique mediante oficio esta determinación, la cual estará obligada a acatar en sus términos, sin perjuicio de que no haya sido señalada expresamente como responsable, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención está vinculada al cumplimiento de la suspensión de plano. En ese sentido, si al momento de la notificación a las autoridades responsables, refieren que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al actuario para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por el Secretario la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, Esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. Asimismo, como solicita el promovente, y toda vez que el usuario "********************" y "******************** se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios para consultar y recibir notificaciones en el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones electrónicas en comento. De igual forma se le tiene proporcionando correos electrónicos y números telefónicos, los cuales podrán ser utilizados para entablar comunicaciones no procesales. Debido a la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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