Andres Flores Velazquez
Expediente 1634/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1634/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Andres Flores Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se sobreseyó en el presente juicio; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción I. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 1634/2023, promovido por *****, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través del buzón judicial, ****** promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en la resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado. Así, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es el siguiente La omisión de acordar el escrito presentado en fecha treinta de junio de dos mil veintitrés en autos del juicio ordinario civil de interdicto para retener la posesión 622/2022 de su índice, que se traduce en la falta de pronunciamiento respecto el cierre de la etapa de pruebas para posteriormente dictar la correspondiente sentencia definitiva. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Ahora bien, los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, atendiendo a lo establecido en el considerando tercero de la presente resolución. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, esto, porque el presente asunto deriva de un juicio civil. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social, en razón de que el asunto deriva de un proceso civil entre particulares. V. POSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Ahora bien a fin de decidir respecto la concesión o negativa de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa con efectos restitutorios, resulta pertinente tomar en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 338/2022 sostuvo que deberá analizarse si los efectos restitutorios de la concesión de la suspensión serán transitorios o definitivos. En dicha ejecutoria, se estableció que el beneficio será transitorio si en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión. Lo que no coincidirá con los efectos de una sentencia estimatoria, y por ende no se considerará que el juicio de amparo quede sin materia, sino que por el contrario, la suspensión cumpliría con su objetivo, pues restituiría provisionalmente el derecho y esa restitución provisional terminaría con motivo de la ejecutoria. Y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Siendo este último supuesto la excepción a la regla general. Por lo que podrá concederse la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, únicamente cuando se esté en la posibilidad de desincorporar a la parte quejosa del derecho que le fue otorgado con la medida cautelar en caso de que se dicte una sentencia adversa a su pretensión. La tesis que se formó con motivo de dicha contradicción es la siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Entonces, en el caso a estudio, este Juzgador estima que no es posible conceder la suspensión definitiva, ya que si se concede dicha medida cautelar para que la autoridad responsable acuerde el escrito presentado ante la responsable en fecha treinta de junio de dos mil veintitrés y se pronuncie respecto de la secuencia procesal del juicio de origen, ello implicaría darle efectos definitivos a la suspensión, los cuales no se podrían retrotraer en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente sea adversa a sus pretensiones. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ******, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el cuatro de agosto del año en curso, informa que no ha sido devuelto el oficio 21597/2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, por lo que solicita una prórroga para remitir la pieza postal del acuse de recibo de mérito. Por tanto, al no existir impedimento legal alguno, se le concede una prórroga de tres días hábiles para que remita la citada pieza postal, la cual comenzará a correr a partir de la notificación realizada por lista del presente acuerdo, en virtud de la trascendencia del presente auto; asimismo, se le reitera a la autoridad el apercibimiento decretado en auto de cuatro de agosto de la presente anualidad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Andrés Flores Velázquez; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, para que sean relacionados al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertida la solicitud del ocursante en el sentido de que se realicen las intimaciones convenientes a fin de que la autoridad responsable de contestación al escrito de treinta de junio del año en curso; sin embargo, dicho acto es el que precisamente se reclama en esta vía, por lo que la omisión que atribuye será analizada al emitirse la sentencia definitiva en este juicio. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Tizimín, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos la pieza postal del acuse de recibo correspondiente al oficio 21597/2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, con el que se le solicitó lo rindiera. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este acuerdo, envíe a este órgano de control constitucional la pieza del acuse de recibo correspondiente al oficio 21597/2023 de siete de julio de dos mil veintitrés, al que le correspondió el número de pieza postal RA027397767MX. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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