Andreu Patron Indalecio
Expediente 1659/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1659/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Andreu Patron Indalecio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1659/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que suscribe el fedatario adscrito, mediante la cual refiere la imposibilidad de notificar a la parte tercero interesada ALBERTO SALGADO PÉREZ la sentencia de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por los motivos que expone. En las relatadas circunstancias, se ordena se le practique a la parte tercero interesada de referencia, la notificación de la citada resolución, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo....RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ÚNICO.- SE SOBRESEE...
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1659/2016-I, promovido por ANDREU PATRÓN INDALECIO, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos; respecto de los actos que reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnados a este órgano jurisdicción el mismo día, ANDREU PATRÓN INDALECIO, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de los actos que reclamaron del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente Ejecutor y Actuario adscritos a dicho Tribunal. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Finalmente, habiéndose continuado con el trámite correspondiente, se dio inicio a la celebración la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia , que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y su aclaración, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se hacen consistir en el La falta de emplazamiento del aquí quejoso al juicio laboral 06/1842/13, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y, El apercibimiento de destitución contenido en el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 06/1842/13. TERCERO. Es cierto el acto que se reclama de las autoridades responsables, Presidente y Tercer Arbitro, y actuario del Tribunal Estatal de Conciliación en el Estado de Morelos; pues así lo manifestaron, al rendir informe con justificación; al que acompañó copia certificada del expediente 06/1842/13, al que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, en el que el Presidente Ejecutor, ordenó requerir de pago al Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, con apercibimiento de destitución dentro del juicio laboral 01/1842/13, este juzgador advierte de oficio la actualización de la casual de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Resulta pertinente, precisar los antecedentes del juicio de origen: En diligencia de diecinueve de junio de dos mil trece, dictada en el juicio laboral 06/1842/13, compareció Ramiro Pérez Montes, en su carácter de sindico propietario del Ayuntamiento municipal de Tlaquiltenango, para dar por terminada la relación de trabajo que tenía con Alberto Salgado Pérez, motivo por el cual se les tuvo a dichos, celebrando convenio y se elevó a categoría de laudo ejecutoriado. En diligencia de doce de julio de la presente anualidad, se decretó auto de requerimiento de pago y se ordenó que se constituyera la parte actora y el actuario adscrito a la autoridad responsable, en el domicilio de la parte demandada Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, para efecto de requerir de pago, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, al Tesorero municipal de dicho Ayuntamiento, se haría acreedor a la aplicación de la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. El nueve de septiembre del año en curso, el Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, realizó la diligencia de requerimiento de pago con Enrique Zavala Castillo, quien le refirió que era auxiliar del Ayuntamiento y que no contaban con fondos suficientes para realizar el pago total de la cantidad. Por lo expuesto, tenemos que la consecuencia legal del auto reclamado, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta. De acuerdo el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, el auto de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio laboral 06/1842/13, no constituye la última resolución dentro de la ejecución del mismo, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento de ejecución, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa o bien dentro de dicho procedimiento siempre y cuando se vulneren derechos sustantivos de la parte promovente. En ese orden de ideas, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por "última resolución" o bien dentro de éste, siempre y cuando vulnere derechos sustantivos de la parte quejosa, en forma genérica, la que declara cumplida la sentencia, o en su caso, la que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde por la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica resoluciones a autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia o convenio, que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutoria que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia respectiva, por lo que una vez que se dicte la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, respecto del juicio natural, será procedente promover el juicio de garantías que ahora improcedentemente se intenta. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 27/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, es pertinente para el Juzgador dejar asentado que el auto que en la especie se combate no constituye la última resolución dictada para llevar a cabo la ejecución de la sentencia definitiva, ya que debe distinguirse entre lo que se entiende por una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia" y por una resolución dictada "en ejecución de sentencia"; la primera debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiere de otra determinación legal; en cambio, la resolución dictada en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo. En ese sentido, la improcedencia en el presente juicio deriva que el auto que combate en ejecución de laudo, y por ende, no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución de sentencia, por lo tanto no es de reclamarse en esta vía. Sirve de apoyo en lo anterior la jurisprudencia PC.XVIII.J/10 L (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Octavo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, Noviembre de 2015, que a la letra establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Aunado a ello, la parte quejosa en la parte conducente a los conceptos de violación, expresa que la autoridad responsable ordenó la ejecución del acto reclamado con apercibimiento de destitución, en aplicación de la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil, sin embargo, dicho apercibimiento son actos futuros de realización incierta que acaecerían hasta que se diera el supuesto de que la parte quejosa incurriera en incumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 06/1842/13; actos que también son improcedentes en términos del artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción I, este interpretado a contrario imperio, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la intelección de las citadas porciones legales, tenemos que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso de forma real y actual. Luego, podría decirse que el amparo solo procede contra actos que a la presentación de la demanda, existan y estén afectando la esfera jurídica del quejoso. La regla de que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha de presentación de la demanda, está contenida en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, Octavo Época, pagina 15: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." La idea de que el juicio de amparo sólo procede contra actos actuales, podría dar lugar a excluir su procedencia contra actos futuros. Ciertamente existe una improcedencia contra actos de ese tipo, pero está acotada. Existen dos tipos de actos futuros: 1) los futuros de inminente realización y 2) los futuros e inciertos. Los futuros de inminente realización, derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve. Los futuros e inciertos, son aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Tiene apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época, página 2321, que a continuación se transcribe: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." De lo anterior se advierte claramente que el acto reclamado es de realización futura e incierta y que en la actualidad no causan un perjuicio directo e inmediato en la esfera jurídica del impetrante de garantías, puesto que sin duda alguna, un acto reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar una afectación a una persona mediante la lesión directa de sus intereses jurídicos y debe estarse verificando, desde luego, en la temporalidad en que la demanda de garantías es presentada, respecto de su persona, en sus bienes o en su patrimonio y, sólo es hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de iniciar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada mediante la instauración del juicio de garantías, pero de ninguna forma como acontece en la especie, con anterioridad a que se presente dicha afectación. Por tanto, resulta inconcuso que en el caso, el actuar de la autoridad al momento de la presentación del escrito de solicitud de amparo no permite que surja el derecho del ejercicio constitucional del amparo, puesto que, como quedó establecido, se requiere de la certeza y afectación actual del acto en la esfera jurídica del gobernado, lo que en la técnica del juicio de amparo se conoce como el principio de agravio personal y directo, que encuentra su fundamento en la parte inicial del precepto 6° de la Ley de Amparo, y que en la parte que interesa establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Encuentra apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia Tesis: VI.2o.138 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación XI, Marzo de 1993, Pagina 197de la Octava Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "ACTO INMINENTE. CARACTERISTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión." El artículo trascrito en el párrafo que precede establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte o que el acto o la ley que se reclame, y en el caso, no se actualiza dicha afectación debido a que aún no se ha determinado si es procedente o no, destituir al quejoso, por lo que no hay una afectación a su esfera jurídica, y el acto que se combate en esta vía constitucional resulta ser futuro de realización incierta, toda vez que no existe la certeza de que se ejecute el acto reclamado. En este orden de ideas, la inexistencia de un acto de autoridad que lesione las garantías o derechos humanos del peticionario, no da materia al juicio de amparo, puesto que tal aseveración no puede constituir motivo suficiente para otorgar el carácter de inminente a los actos que llegasen a perpetrar, puesto que no son susceptibles de causar una afectación actual al interés jurídico reclamado, siendo una condición indispensable para considerar existente el perjuicio a que se refiere el citado artículo 6 de la Ley de Amparo, que es básico para la procedencia del juicio de amparo, siempre que sea actual e inmediato, característica de la cual no reviste el acto que se reclama en esta vía constitucional. En dicho sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia que señala que el agravio necesario para justificar la acción de amparo, debe ser actual, como se corrobora con la siguiente trascripción del referido criterio jurisprudencial: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Consecuentemente, por las razones antes expuestas al haberse actualizado las casuales de improcedencia prevista por el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, y fracciones XXI y XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, íbidem, respecto del acto reclamado consistente en el apercibimiento de destitución contenido en el auto de diez de marzo de la presente anualidad, en el juicio laboral 06/1842/13. Por otra parte, no se hace pronunciamiento alguno con relación a las diversas causales de improcedencia que invocaron las autoridades responsables, pues el hecho de que operen o no, resulta irrelevante, ya que en modo alguno variaría el sentido que sustenta la presente ejecutoria. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, tesis 2a./J.54/98, página 414, cuyo de rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos a la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". QUINTO. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento del aquí quejoso al juicio laboral 06/1842/13, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Este Juzgador, considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XII de la ley de amparo de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal judicial, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Ahora bien, de las constancia que remitió la autoridad responsable, en su informe justificado, se advierte que las partes en el juicio natural, son únicamente como parte actora Alberto Salgado Pérez, y como demandado el Ayuntamiento de Tlalquitenango, Morelos. En ese orden, se tiene que los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; dicho en otros términos, parte es todo aquél que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar todos los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano correspondiente, demandando el cese de esa violación. Consecuentemente el aquí quejoso ANDREU PATRÓN INDALECIO, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, no forma parte en el juicio de origen; por tanto, no existe afectación en su esfera jurídica, ya que se reitera, es ajena a la relación procesal establecida en el procedimiento generador de los actos reclamados, y por tanto la autoridad no estaba obligada a emplazarlo por ello se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Es aplicable, por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1513, tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Asimismo, es aplicable la tesis número XVII.4o.11 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1777, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. CARECE DE INTERÉS PARA RECLAMAR SU OMISIÓN, A QUIEN NO LE PERJUDICA. Únicamente a quienes perjudique la falta de emplazamiento, les corresponde defender sus derechos y denunciar las irregularidades que pudieran haber existido en la falta de llamamiento a juicio y, por tanto, deviene inatendible la defensa de tales derechos por persona diversa." En ese contexto, al no haber demostrado el impetrante de amparo, plenamente una afectación real, actual y directa a su esfera jurídica, por parte de las responsables al no haber sido emplazado, ya que como quedó visto de las actuaciones remitidas por éstas, no se advierte transgresión a ningún derecho subjetivo, ya que no formar parte de la en el juicio laboral 06/1842/13, y por ende no era necesario su emplazamiento. En consecuencia, al no demostrarse la afectación de la quejosa en su interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia citada. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto a la ejecución del acto reclamado que se le atribuye a la actuaria adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, máxime que no se combatió por vicios propios. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 231, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, Apéndice de 1995, tomo VI, Séptima Época, que es del tenor siguiente: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En ese orden, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ANDREU PATRÓN INDALECIO, por su propio derecho, y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclamó al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Presidente Ejecutor y Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en apercibimiento de destitución contenido en el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 06/1842/13, por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución; así como por la falta de emplazamiento del aquí quejoso al juicio laboral 06/1842/13, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por el razonamiento contenido en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entro en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIME TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que da fe. JMDC Con esta fecha se giraron los oficios con los números 67806, 67807 y 67808
- Principal
En veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, Encargado del trámite de la sección de Amparo, CERTIFICA: que los datos, fechas e información plasmados en el presente proveído los constaté personalmente y bajo esas circunstancias, doy cuenta al Juez con la promoción 58341.- Conste. Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la acumulación del juicio de 1660/2016-I, al juicio de amparo en que se actúa 1659/2016-I, por los motivos que expone; el que se agrega a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Al respecto, dígasele al promovente que no ha lugar a iniciar el incidente de acumulación solicitado, por las siguientes consideraciones: En principio hay que puntualizar que la Ley de Amparo vigente no contempla expresamente la figura procesal de la acumulación, pero ello en modo alguno implica su proscripción y, por tanto, que no se pueda aplicar de manera supletoria la legislación correspondiente. Sin embargo, en los citados juicios de amparo, no se está ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos idénticos que puedan resolverse en una misma sentencia, para así otorgar mayor certeza jurídica a los quejosos, en cuanto a que en una misma resolución se analizarán aquellos actos que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento. Lo anterior es así, en virtud de que de la demanda que dio origen al juicio de amparo 1659/2016-I, se reclama en esencia la falta de emplazamiento al juicio laboral 06/1842/13 y el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, en el cual se ordenó el requerimiento de pago con apercibimiento de destitución de cargo, como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, así como sus consecuencias. De la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1660/2016-I, se advierte que se reclama la falta de emplazamiento al juicio laboral 06/1842/13 y el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, en el cual se ordenó el requerimiento de pago con apercibimiento de multa, en su carácter de Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, así como sus consecuencias. De lo anterior, se advierte que si bien es cierto, los quejosos reclaman de la misma autoridad, el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 06/1842/13, lo cierto es que dicho auto, contiene diferente apercibimiento y consecuencia jurídica para cada uno de los quejosos, por lo que, se trata de actos diversos, que no deben ser resueltos de forma acumulada, sino que deben estudiarse de forma separada, para lograr una tramitación más diáfana en los juicios de garantías; además, para evitar el pronunciamiento de una sentencia complicada, (confusa en su comprensión, y en el eventual caso de que en ella se conceda el amparo, oscura para su cumplimiento), sin contar los problemas en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Por lo anterior, no ha lugar a iniciar el incidente de acumulación solicitado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Andreu Patron Indalecio1886/2017
- Andreu Patron Indalecio1381/2017
- Andreu Patron Indalecio1137/2016
- Andreu Patron Indalecio879/2017
- Andreu Patron Indalecio606/2021
- Andreu Patron Indalecio1514/2016
- Andreu Patron Indalecio1076/2017
- Andreu Patron Indalecio1894/2018
- Andreu Patrón Indalecio628/2017
- Andreu Patron Indalecio1900/2018
- Andreu Patron Indalecio1907/2018
- Andreu Patron Indalecio1121/2017