Andreu Patron Indalecio

Expediente 879/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
879/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Andreu Patron Indalecio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 879/2017-I y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 888/2017, en la que resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por ANDREU PATRÓN INDALECIO, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de la sentencia sujeta a revisión, por las consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese el presente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio 12579 signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el auto de once de septiembre del año actual dictado en el RA (P) toca 888/2017; destáquese que se acusa recibo de los autos del juicio de amparo 879/2017-I; asimismo, se admite el recurso de revisión, quedando registrado con el número antedicho. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, MOISÉS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ (personalidad reconocida en foja 268), mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el uno de agosto de dos mil diecisiete; téngase a la parte quejosa haciendo valer RECURSO DE REVISIÓN en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, existe carencia de tóner para las impresoras y la exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado; por consiguiente, se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de agravios, y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Finalmente, hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, y la substanciación del medio de impugnación que hace valer la parte promovente, se ordena agregar a los autos su escrito original de agravios. NOTIFÍQUESE, CORRIÉNDOLE TRASLADO A LAS PARTES COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 879/2017-I, promovido por ANDREU PATRÓN INDALECIO por su propio derecho y en su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido en ese mismo día en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ANDREU PATRÓN INDALECIO por sí y en su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva Estatal, Director de Seguridad Pública del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, Director de Seguridad Pública del Municipio de Zacatepec, Morelos y Director de Seguridad Pública del Municipio de Jojutla, Morelos, contra el acto que hizo consistir en orden de arresto administrativo en su contra y su cumplimiento. SEGUNDO. En proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de garantías, registrándola con el expediente 715/2017; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 14). TERCERO. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, con fundamento en el Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declinó la competencia a favor de este Juzgado Segundo de Distrito, para seguir conociendo del juicio de que se trata, toda vez que este órgano jurisdiccional conoció de los juicios 1554/2016-I y su acumulado 1557/2016-IV, como antecedente del asunto, en el cual también se reclamó la orden de arresto administrativo (fojas 252 a 257). CUARTO. Mediante acuerdo del siete de junio siguiente, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, aceptó la competencia y se avocó a su conocimiento, por lo cual, registró el expediente con el número 879/2017-I; se convalidaron las actuaciones del diverso juicio de amparo 715/2017, no se pidieron informes justificados porque ya obraban en autos, sino solamente se solicitaron constancias a las autoridades que no habían rendido su informe, se comunicó a las partes que las promociones relativas se deberían promover en el presente juicio, se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional QUINTO. Una vez que se integró debidamente el presente juicio, inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa: lo anterior en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad residente en el lugar del juicio. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa, y por ello, en este juicio se analizarán las siguientes leyes y actos de aplicación: a) La orden de arresto administrativo dictado en contra del quejoso y su consecuente privación de su libertad, por los Titulares de la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva Estatal, Director de Seguridad Pública del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, Director de Seguridad Pública del Municipio de Zacatepec, Morelos y Director de Seguridad Pública del Municipio de Jojutla, Morelos. b) El acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/3ªS/101/2015, emitido por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que ordena el arresto del quejoso por siete horas, como medida de apremio. TERCERO. Certeza del acto reclamado señalado con el inciso a) del considerando segundo. No es cierto el acto que señala el quejoso como la orden de arresto administrativo dictada en su contra y su consecuente privación de su libertad que reclamó a los Titulares de la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva Estatal, Director de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Ciudadana del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del Municipio de Zacatepec, Morelos y Director General de Seguridad Pública y Policía Vial, Mando Único del Municipio de Jojutla, Morelos (denominaciones correctas de las autoridades señaladas por el quejoso, como responsables). Esto es así, porque respecto a dicho acto basado en los antecedentes de la demanda de amparo, en los cuales, el quejoso señaló que el veinte de abril de este año policía del mando único, acudieron a la presidencia municipal de Tlalquiltenango, Morelos, donde finge como tesorero municipal, con el propósito de privarlo de su libertad, ya que expresaron que tenían una orden del Tribunal de Justicia Administrativa, dichas autoridades responsables negaron su existencia al rendir su informe justificado, sin que el impetrante haya desvirtuado dicha negativa con prueba alguna. En tal virtud, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en estudio, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado señalado con el inciso b) del considerando segundo. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación; al que acompañó copia certificada del expediente TCA/3ºS/101/2015, documental a la que se le concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por la autoridad en ejercicio de sus funciones. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que la autoridad responsable, Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, en su informe justificado negó el acto reclamado, se tiene por cierto, en virtud de que tiene el carácter de ejecutora en este juicio, aunado a que en el propio acto se señaló siguiente: "GÍRESE EL OFICIO correspondiente a la COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, para que haga efectivo el arresto decretado e informe sobre la ejecución del mismo." Lo que sí se cumplió, en virtud de que obra el oficio CES/UJMSP/6781/2016-Y, signado por el Titular de la Unidad Jurídica en Materia de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, que de su lectura se aprecia que dicha autoridad sí tiene conocimiento de dicha orden, incluso, ordenó su ejecución a la Dirección de Área de la Región Sur Poniente de la Policía Preventiva Estatal, con sede en Zacatepec, Morelos, (foja 178) por tanto, es evidente que se encuentra en posibilidad de participar en la ejecución del arresto cuya certeza, se insiste, se comprobó en párrafos que anteceden. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Respecto del acto reclamado consistente en la orden de arresto decretada en contra del quejoso, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente TCA/3ªS/101/2015 por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Esto es así, toda vez que ante este Juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo 1554/2016-I y su acumulado 1557/2016-IV, formado el primero de ellos, con motivo de la demanda de garantías promovida por Andreu Patrón Indalecio por sí y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra actos de los Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva Estatal, Director de Seguridad Pública del Municipio de Tlalquitenango, Morelos; consistentes en la orden de arresto en el juicio administrativo TCA/3ºS/101/2015. Demanda que se admitió por auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis y, por sentencia terminada de engrosar el diez de febrero de dos mil diecisiete, se determinó sobreseer y negar la protección constitucional al impetrante de amparo respecto de los actos antes precisados; sentencia que fue recurrida en revisión por el quejoso y, actualmente admitido el recurso RA (P) 314/2017, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad. Dicho expediente se tiene a la vista (cuaderno de antecedentes) y se toma en consideración para emitir la presente determinación, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, ya que constituye un hecho notorio que este Juzgado Federal tenga conocimiento sobre la tramitación de un juicio constitucional por razón de su actividad como órgano jurisdiccional Por su parte, en el presente juicio de amparo ANDREU PATRÓN INDALECIO por sí y en su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, reclamó de la Primera, Segunda y Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva Estatal, Director de Seguridad Pública del Municipio de Tlaltizapán, Morelos, Director de Seguridad Pública del Municipio de Zacatepec, Morelos y Director de Seguridad Pública del Municipio de Jojutla, Morelos, la orden de arresto administrativo en su contra y su cumplimiento. Acto que únicamente es cierto respecto del Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y su ejecución encomendada al Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó la citada autoridad judicial al rendir su informe con justificación, pues acreditó la existencia de la orden de arresto decretada en contra del quejoso, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente TCA/3ªS/101/2015, a través de la cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de agosto del dos mil dieciséis, consistente en un arresto por siete horas, como medida de apremio. En conclusión, en ambos juicios de amparo la parte quejosa es Andreu Patrón Indalecio por sí y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, las autoridades responsables son la Primera, Segunda y Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Morelos y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, y es el mismo acto reclamado, que en específico, es el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/3ªS/101/2015 por el Magistrado la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través de la cual determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de agosto del dos mil dieciséis y ordenó el arresto por siete horas decretado en contra del quejoso. Lo antes expuesto conduce a considerar que es improcedente el presente juicio de amparo en virtud de que el acto reclamado, es materia del diverso juicio constitucional 1554/2016-I y su acumulado 1557/201IV, del índice de este juzgado, el cual, por sentencia terminada de engrosar el diez de febrero de dos mil diecisiete, determinó sobreseer y negar al impetrante de amparo, respecto de los actos antes precisados y actualmente se encuentra tramitando el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra dicha sentencia, radicado con el expediente RA (P) 314/2017, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad de Cuernavaca; motivo por el cual, aun no se encuentra firme dicha resolución. Por tal motivo, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Apoya la anterior conclusión, por analogía en el criterio la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), de la Décima Época, registro 2006145, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, materia común, página 265, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. Sin que obste a lo anterior, que la autoridad ejecutora en aquél juicio (Director de Seguridad Pública del Municipio Tlaquiltenango, Morelos), sea una distinta a la señalada en el presente, en virtud de que el acto destacado en ambos juicios es el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/3ªS/101/2015 por el Magistrado la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través de la cual ordenó el arresto decretado en su contra, y es el que puede originar inmediatamente, violación de derechos fundamentales públicos independientemente de los concernientes a los de las autoridades que realizaran su ejecución, pues la circunstancia de que señale otras autoridades ejecutoras equivaldría a motivar la interposición de tantos juicios de amparo, como nuevas autoridades efectúen actos de ejecución, no obstante que siempre se reclame el mismo acto. Apoya la anterior conclusión, la tesis de la Séptima Época, registro 388050, de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en el Informe 1969, materia común página 89, que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, EN CASO DE OTRO AMPARO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN, AUN EN EL CASO DE SEÑALAMIENTO DE UNA NUEVA AUTORIDAD EJECUTORA. Ni la Ley de Amparo del señor presidente Venustiano Carranza, esto es, la anterior a la vigente, promulgada el 18 de octubre de 1919, y, con mayor razón, las leyes de amparo expedidas por el Poder Legislativo de la Federación, el siglo pasado, consignaron, como causal de improcedencia, la determinada en la vigente ley del 30 de diciembre de 1935, en la fracción III de su artículo 73, inspirada en los precedentes a jurisprudencia que fue estableciendo y afinando, en sus tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; acorde con los términos de la norma legal antes invocada, la improcedencia del juicio de amparo se provoca cuando, siendo uno mismo el quejoso en dos o más juicios de garantías, hay identidad, en tales juicios, de autoridades y de actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, siempre que uno de ellos se encuentre pendiente de resolución, en primera o única instancia, o en revisión; en rigor lógico que deben ser idénticos para que opere esa causal de improcedencia, sin perjuicio de que se trate de los mismos quejosos y de las propias autoridades responsables, son los pronunciados y reclamados en amparo por las autoridades ordenadoras, que son en esencia, los que pueden originar inmediatamente, violación de derechos fundamentales públicos independientemente de los concernientes a los de las autoridades que realizaran su ejecución; cualquier otra interpretación que pretendiera darse a la fracción III del invocado artículo 73 de la ley invocada, equivaldría a motivar la interposición de tantos juicios de amparo, como nuevas autoridades efectúen actos de ejecución, no obstante que siempre se reclame el mismo acto legislativo, si se trata, por ejemplo, de una ley decreto, o el propio acto judicial o administrativo, si es una sentencia o una resolución de esa índole los que señalan como actos provenientes de las autoridades ordenadoras." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable al caso, es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, en virtud de que el impetrante lo hizo derivar de la inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades ordenadoras, y no reclamó por vicios propios su ejecución. Tiene aplicación la jurisprudencia 516, registro 394472, Séptima Época, de la Segunda Salade la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 339 materia común, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por último, no ha lugar a examinar los conceptos de violación expresados por el quejoso, al haberse tornado improcedente el presente juicio de amparo, al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda de amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 879/2017-I, promovido por ANDREU PATRÓN INDALECIO, por su propio derecho y en su carácter de TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, contra los actos precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los relativos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy primero de agosto de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.

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