Andreu Patron Indalecio
Expediente 511/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Andreu Patron Indalecio
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
por recibida la demanda de amparo promovida por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, en relación con las documentales que la acompañan, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia, en relación a los actos atribuidos al Pleno y Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de siete de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual se decretó el requerimiento de pago con apercibimiento de destitución y la consecuencia derivada de tal acto que el quejoso hace consistir en el inminente destitución del cargo de Tesorero Municipal que ostenta, derivado de la etapa de ejecución de laudo en que se encuentra el expediente laboral ***; Lo anterior, porque el acuerdo donde se formuló el requerimiento de pago con apercibimiento de destitución, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, entendida ésta como aquélla que aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. En efecto, el numeral antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso, lo que reclama el quejoso sustancialmente es el acuerdo de siete de enero de dos mil diecisiete pronunciado en el juicio laboral ***, en el que tan sólo se requirió de pago al ahora quejoso en su calidad de autoridad municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, para lograr el cumplimiento de la condena impuesta en el procedimiento de origen, con apercibimiento de destitución para el caso de negativa, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta por lo que ve a dichos actos. Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudiera resentir el quejoso con las actuaciones reclamadas, no resultan ajenas a la cosa juzgada en el juicio natural, en el cual se impuso a la autoridad municipal demandada y de la cual forma parte el promovente, la obligación de cubrir con su peculio la condena impuesta a favor de la actora en el juicio de origen; y en segundo lugar, el apercibimiento de destitución en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, no puede implicar un acto que pueda ocasionar al promovente del amparo, ni aún por derecho propio, una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues tal consecuencia está condicionada a que el tribunal responsable decida hacer efectivo o no dicho apercibimiento, lo que según lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo hasta este momento no ha acontecido, tanto así que señala su destitución como un acto futuro. Por lo que se reitera, por el momento no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, máxime que conforme al contenido de la demanda si bien ya se practicó el requerimiento de pago, lo cierto es que éste no se verificó ni menciona haberse efectuado algún gravamen en su perjuicio por sí o como autoridad municipal con la diligencia relativa, por lo que por mayoría de razón se puede concluir que el inconforme en su calidad de autoridad municipal no ha resentido alguna afectación a sus derechos sustantivos. Consecuentemente, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento los actos no producen en el quejoso una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta, por cuanto hace a los mismos. Bajo esa tesitura, se obtiene que si la presente demanda de amparo resultó improcedente por cuanto a los actos de molestia que están relacionados con los requerimientos de pago con apercibimiento de destitución, también debe declararse en los mismos términos por lo que respecta a la inconstitucionalidad que reclama la parte quejosa por la fracción II, del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dice: ***; Lo anterior es así, puesto que existen criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se establece que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente en que en todo caso le causa perjuicio al promovente del amparo, y no por sí solos la ley o reglamento considerados en abstracto. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro se hace manifiesta en el caso que nos ocupa, si se tiene en consideración que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el quejoso la hace depender de su aplicación en el requerimiento de pago con apercibimiento de destitución; sin embargo, como resultó improcedente la demanda de amparo contra tal requerimiento y apercibimiento es dable sostener que también no procede admitir la demanda por cuanto a dicha porción normativa que se estima inconstitucional, por lo que se desecha la demanda por cuanto hace a la inconstitucionalidad reclamada del dispositivo legal invocado en su fracción II. A lo anterior se suma la circunstancia de que el juicio de amparo contra leyes es procedente con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, siempre y cuando cause un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, lo cual en el caso no acontece, pues como ya se dijo, el apercibimiento de destitución en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, en el que a su consideración se aplicó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no puede implicar un acto que pueda ocasionar al promovente del amparo, ni aún por derecho propio, una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues tal consecuencia está condicionada a que el tribunal responsable decida hacer efectivo o no dicho apercibimiento, lo que según lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo hasta este momento no ha acontecido, por lo que de cualquier forma resulta improcedente la demanda de amparo contra la inconstitucionalidad de tal precepto legal en la fracción señalada. En tales condiciones, al resultar improcedente la demanda de amparo por cuanto a los actos precisados en párrafos precedentes, de conformidad con los ordinales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. No es óbice lo anterior, que en la demanda de amparo el quejoso manifieste que "como Tesorero municipal nunca fui llamado a juicio o que se me haya notificado legalmente algún laudo en el cual se me condenara, por lo que me deja en total estado de indefensión las actuaciones arbitrarias de las autoridades mencionadas como responsables", ya que tal circunstancia no altera la decisión adoptada en este acuerdo, en virtud de que el requerimiento de pago formado al quejoso como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, no se le hizo en su calidad de parte procesal, esto es, como parte demandada a la que forzosamente se le debe emplazar y notificar en el juicio laboral, para deducir sus derechos, sino como autoridad vinculada al cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ***, en cuyo caso no es necesario que sea emplazado o notificado previo al acto de molestia que reclama, por lo que lo alegado no es impedimento para desechar la demanda de amparo por improcedente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 16,208 expedientes
- Andreu Patron Indalecio1924/2018
- Andreu Patron Indalecio1925/2018
- Andreu Patron Indalecio986/2017
- Andreu Patron Indalecio148/2021
- Andreu Patron Indalecio604/2021
- Andreu Patron Indalecio1953/2018
- Andreu Patrón Indalecio634/2016
- Andreu Patron Indalecio1728/2018
- Andreu Patron Indalecio852/2017
- Andreu Patron Indalecio2039/2018
- Andreu Patron Indalecio752/2017
- Aneida Magali Diaz Corrales2073/2017