Andreu Patron Indalecio
Expediente 1953/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1953/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Andreu Patron Indalecio
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente por Andreu Patrón Indalecio, por derecho propio y en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, hubiese recurrido el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8º y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite el diverso juicio de amparo ******, promovido por *********, por derecho propio y en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, contra actos del Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Lo anterior, en virtud que mediante auto de tres de diciembre del año en curso, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con motivo del conocimiento previo que se tuvo del diverso juicio ********; radicado en este mismo órgano jurisdiccional, tal como se desprende del oficio 43980/2018, suscrito por el Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito y que igualmente se acompaña al memorial de cuenta, por lo que, en cumplimiento al proveído antes citado, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1953/2018-C, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso, el promovente del amparo reclama al Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, los siguientes actos a saber: a). El acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente administrativo *********, a través del cual se ordena la efectividad de una multa impuesta en su perjuicio por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; y, b). La ejecución que se pretende realizar de la multa impuesta, a través del formato de requerimiento de pago de dieciséis de febrero del año en curso, con número de oficio 447/1aS/17, por un importe de *******; c). La notificación del acta relativa al requerimiento de pago, así como los efectos y consecuencias derivadas de la ejecución de la multa. Sin embargo, tales actos no son susceptibles de combatirse en esta instancia constitucional, ya que previo a su impugnación en esta vía extraordinaria, debe agotarse el recurso que contempla la ley secundaria en observancia al principio de definitividad que rige este procedimiento de amparo. Ello, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que establece la improcedencia del juicio de amparo "contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso, debe precisarse que contra el acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se impuso a la parte quejosa una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, que rige el juicio administrativo de donde emana el acto de molestia, y en el cual la parte inconforme funge como autoridad demandada, como así se aprecia de las constancias integrantes del juicio de amparo ******, del índice de este Juzgado de Distrito, que constituye el antecedente directo de este asunto y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concede a las partes contendientes la oportunidad de hacer valer el recurso de reconsideración contra los acuerdos o providencias dictadas por las salas que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que en ese sentido, el artículo 104, de dicha legislación, dispone: "104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala.". Luego entonces, si la legislación que rige la tramitación del procedimiento de origen, contempla la existencia de un medio ordinario de defensa que puede y debe hacerse valer contra el acuerdo aquí reclamado, es incuestionable que la promovente de amparo, debió agotar el recurso de reconsideración mencionado, previo a la promoción de este juicio de amparo, pero al no hacerlo así, tal como se confiesa en el escrito aclaratorio de la demanda, es inconcuso que cobra vigencia la hipótesis normativa contemplada en la fracción XVIII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, por lo que por mayoría de razón debe desecharse la demanda por cuanto al acuerdo que se combate. Ello, sin que pase inadvertido que la parte quejosa pueda sufrir un detrimento en su patrimonio con motivo de la multa impuesta por la autoridad responsable, pues aún bajo esa circunstancia no es procedente admitir a trámite la demandada de amparo de que se trata, dado que tal acontecimiento no exenta a la promovente de hacer valer el recurso ordinario contemplado en la ley que rige la tramitación del acto, previo a la promoción del juicio constitucional, tal como se sostiene en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 20013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: (.) No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la imposición de una multa a la parte quejosa, su ejecución y además efectos y consecuencias inherentes. De modo que, los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño en el procedimiento ni aún por equiparación, por ser parte como autoridad demandada en el juicio de origen y, por ello, está obligado a agotar el recurso procedente, como en el caso del recurso ya mencionado. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último, porque el texto del artículo antes invocado, esto es, el numera 104, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es claro al establecer expresamente la procedencia de la reconsideración contra las providencia o determinaciones emitidas por la Sala, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional, para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de reconsideración, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, la parte inconforme debe agotar el aludido medio ordinario de defensa; de ahí que, sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal, en virtud de haberlo solicitado en su escrito de demanda y autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona.
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