Andreu Patron Indalecio
Expediente 566/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Andreu Patron Indalecio
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de cinco de abril del dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Andreu Patrón Indalecio, en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en la falta de emplazamiento al expediente laboral ***, sus efectos y consecuencias y otro. Por otra parte, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta Andreu Patrón Indalecio, en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, puesto que con la copia certificada del nombramiento que le otorga el Presidente de dicho municipio, acredita su carácter. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 566/2017-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por Andreu Patrón Indalecio, en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en la emisión del auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se le requiere de pago bajo apercibimiento de multa, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento dentro del expediente laboral ***. Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Asentado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que en relación con los actos reclamados consistentes en la emisión del auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se le requiere de pago de lo condenado bajo apercibimiento de multa, así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento dentro del expediente laboral ***, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se afecta la esfera jurídica de derechos del quejoso. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. *** La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5o. *** [.]". En efecto, el artículo 5 de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de amparo y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el peticionario de amparo reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, la emisión del auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, en el que se requiere de pago bajo apercibimiento de multa así como su inminente ejecución y la falta de emplazamiento dentro del expediente laboral ***. En el caso concreto, en relación con los actos reclamados consistentes en el acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se requiere de pago bajo el apercibimiento de multa, así como su inminente ejecución, no son susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, el inconforme con la calidad de servidor público municipal, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a hacer efectivo el apercibimiento que pesa en su contra con que se le requirió en auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en términos de los numerales antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61 de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento y se le imponga multa; pues tal evento depende, a saber: 1.-De la actividad previa del propio peticionario frente al mandato judicial, es decir, cuando el Actuario adscrito a la autoridad responsable, le requiera del cumplimiento de pago y éste se niegue a dicho pago. 2.- El Actuario de cuenta al Presidente Ejecutor de dicha contumacia. 3.- Que el Presidente Ejecutor determine que sí es procedente aplicar alguna de las fracciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, convoque al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que en sesión determinen hacer efectivo el apercibimiento de multa. 4.- En sesión de Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, decidan ejercer o no las atribuciones que les confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y hagan efectivo dicho apercibimiento y ordenen se multe al infractor. Por otra parte, el restante acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento como tercero interesado en el juicio laboral ***, tampoco le depara perjuicio alguno, ya que la parte demandada en el juicio laboral del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo es el Ayuntamiento de Tlalquitenango, Morelos, no así el quejoso en el presente juicio, quien además no cuenta con la representación en controversias jurisdiccionales en las que dicho Ayuntamiento sea parte, pues de conformidad con el artículo 45 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, esta le corresponde a los Síndicos. Cabe destacar que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial, que ocupa el cargo de Tesorero Municipal a partir del uno de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no le depara perjuicio al no haber sido emplazada en el juicio laboral, ya que no fue la autoridad demandada ni tiene la representación de la misma, así como tampoco le depara perjuicio en su persona, pues el cargo lo asumió y contrajo las obligaciones inherentes al mismo, por lo que no le depara perjuicio la falta de su llamamiento al juicio, máxime que el perjuicio de no haber sido emplazado lo concreta en la afectación que en su persona puede causar el auto de requerimiento reclamado, el cual como se demostró antelación, su ejecución es de realización futura e incierta. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por Andreu Patron Indalecio, por propio derecho, y en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra los actos que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en la emisión del auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, en el que se requiere de pago, la falta de emplazamiento dentro del expediente laboral ***, así como su ejecución, efectos y consecuencias. Notifíquese personalmente.
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