Andreu Patron Indalecio

Expediente 194/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
194/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
06/07/2017

Partes del expediente

  • Andreu Patron Indalecio
  • Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; mediante el cual transcribe el proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiete, en el que se advierte que dicho Juzgado se avoca al conocimiento del asunto remitido con motivo del conocimiento previo. En tales condiciones, como lo solicita la autoridad oficiante, remítanse los cuadernos incidentales correspondientes al Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Morelos, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. En tales condiciones, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    ESTE JUZGADO SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TURNO...NP.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual ofrece la prueba testimonial. En ese sentido, con apoyo en el numeral 119 de la ley en consulta, se desecha dicha prueba, ya que es extemporánea al no haber sido ofrecida con la debida anticipación de cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la primera audiencia constitucional (sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia) fijada para las diez horas con veintidós minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, ya que el último día para haberlo realizado fue el veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, sin contar el uno y dos de abril del mismo año, por ser inhábiles, máxime que el promovente no manifiesta en su escrito de cuenta que haya tenido conocimiento de los hechos que pretende probar, con posterioridad a la fecha señalada para la audiencia constitucional. En efecto, cuando la parte oferente tiene conocimiento del hecho o situación cuya certeza pretende probar o desvirtuar, con tiempo anterior al previsto en el artículo 119 de la ley de la materia, teniendo como referencia la audiencia inicial, ya no podrá, válidamente, en periodo posterior ofrecer las pruebas de mérito, en virtud de que ha precluido ese derecho procesal, salvo que esos hechos no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número P./J. 7/96, que por contradicción de tesis sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, tomo III, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B)DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso, mediante el cual ofrece la prueba testimonial. En ese sentido, con apoyo en el numeral 119 de la ley en consulta, se desecha dicha prueba, ya que es extemporánea al no haber sido ofrecida con la debida anticipación de cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la primera audiencia constitucional (sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia) fijada para las diez horas con veintidós minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, ya que el último día para haberlo realizado fue el veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, sin contar el uno y dos de abril del mismo año, por ser inhábiles, máxime que el promovente no manifiesta en su escrito de cuenta que haya tenido conocimiento de los hechos que pretende probar, con posterioridad a la fecha señalada para la audiencia constitucional. En efecto, cuando la parte oferente tiene conocimiento del hecho o situación cuya certeza pretende probar o desvirtuar, con tiempo anterior al previsto en el artículo 119 de la ley de la materia, teniendo como referencia la audiencia inicial, ya no podrá, válidamente, en periodo posterior ofrecer las pruebas de mérito, en virtud de que ha precluido ese derecho procesal, salvo que esos hechos no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número P./J. 7/96, que por contradicción de tesis sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, tomo III, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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