Andrés Zamudio Martínez

Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
263/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Andrés Zamudio Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de uno de junio de dos mil veintidós, se determinó que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental, por ende, que transcurrido tres años contados a partir de esa fecha, se proceda a su destrucción, conforme a los artículos 21 inciso d) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; sin que se ordenara remitir el expediente al archivo definitivo. En consecuencia, remítase este expediente al archivo definitivo como asunto concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comunicación 140/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto número 22/2022 (número de orden 31/2022), derivado del presente juicio de amparo; el cual fue recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); toda vez que al quejoso Andrés Zamudio Martínez, se le notificó el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio OCC/C31/JDM/32/2022, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, remite el comunicado 11942 del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, a través del cual, transcribe el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 362/2022-II, por el que declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Andrés Zamudio Martínez, contra actos de Petróleos Mexicanos S.A DE C.V. (PEMEX), por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 263/2022-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Por otra parte, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, pues comparte el argumento de que el acto reclamado consistente en la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de comunicación, en la plataforma ubicada en Ciudad del Carmen, donde el quejoso desempeña su jornada laboral, tiene ejecución material en Ciudad del Carmen, Campeche, lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia territorial. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/1992, sostuvo que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado, en donde esos actos pudieran exigirse su cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública. De este criterio, emergió la tesis aislada P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, febrero de 1997, visible a foja 118, Novena Época, intitulada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99-SS, señaló las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Criterio que se contiene en la tesis aislada 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 1131/2017, 3/2018, 1352/2017 y 19/2018, sostuvo que el régimen transitorio de la reforma constitucional ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos en empresa productiva del Estado, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Agregó, que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Sobre esa base, concluyó que a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. De las anteriores ejecutorias derivó la tesis aislada 2a. LXXX/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, página 1214, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA. El régimen transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013, ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. De los preceptos reformados y los objetivos perseguidos se advierte que dichos entes son empresas públicas de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Por otro lado, y como el artículo 90 constitucional señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, se concluye que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Por ello y a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. Con este régimen diferenciado se pretende que las empresas productivas del Estado puedan competir con flexibilidad y autonomía en las industrias que se les encomiendan y así cumplir con su mandato constitucional." Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, la lectura integral de la demanda de amparo, revela que el acto reclamado es la prohibición del uso de dispositivos electrónicos o celulares después de concluida la jornada laboral en la plataforma ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se llega a la conclusión de que Petróleos Mexicanos no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la relación entre Petróleos Mexicanos y sus empleados, se equipara como una relación laboral, similar a la posición de un patrón, ya que al contratar los servicios de particulares para llevar a cabo las funciones que está obligado a prestar, mediante el pago de un salario, estableciéndose entre éstos, una relación de subordinación del trabajador hacía el patrón, no actúa con el imperio de su soberanía, que es la característica distintiva de los actos de autoridad. De ahí que, la prohibición del uso de dispositivos electrónicos o celulares después de concluida la jornada laboral en la plataforma ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, de la que se duele el quejoso como trabajador de la Plataforma Marítima de Petróleos Mexicano, no constituye un acto de autoridad susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, sino que se trata una prohibición relacionada con las medidas necesarias para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente laboral, adecuados para los trabajadores. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 205-216, Tercera Parte, página 128, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "PETROLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada I.7o.A.4 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, página 889, que dice: "PETRÓLEOS MEXICANOS. TRATÁNDOSE DE ACTOS RELATIVOS A LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando Petróleos Mexicanos disminuye al quejoso en su nivel de escalafón de empleados con motivo del Acuerdo para Superar la Emergencia Económica de once de enero de mil novecientos noventa y cinco; tal proceder no inviste las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional; en virtud de que los actos que ejecuta Petróleos Mexicanos en relación a sus trabajadores tiene origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde al contenido de la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Norma Fundamental." No se soslaya, que en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el auto inicial de tramite no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció de que Petróleos Mexicanos, no es autoridad por tratarse de una empresa productiva del Estado (similar a lo que acontece con la Comisión Federal de Electricidad) y porque carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Andrés Zamudio Martínez. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Adolfo de Jesús Sánchez Gomar, pues de la certificación de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que el autorizado de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. Asimismo, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ismael Altamirano Hernández, Benet Andrea Amaro Vicarte, Paulina Sánchez Flores y Santiago Pérez Góngora, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. En cambio, no ha lugar por tener autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adahir Joseph Vera Limón, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que la secretaria de juzgado realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que no encontró registro de cedula profesional de licenciado en derecho, a nombre de la persona referida. Por tanto, a Adahir Joseph Vera Limón, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizado únicamente para oir notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades, previstas en el artículo 12 del mencionado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calle Grijalva número 69 altos, Fraccionamiento Reforma, en Boca del Río, Veracruz, lugar que se encuentra fuera del lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia territorial. Ahora bien, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo, de las resoluciones que desechen la demanda, se harán de manera personal. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Rio, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique al quejoso el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo; además, lo requiera, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en Ciudad del Carmen, Campeche, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022 de dicho órgano colegiado, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el promovente las direcciones de correo electrónico sg_adolfo@hotmail.com y corporativosanchez@outlook.com. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2021, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por exhorto al quejoso.

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