Andrés Martinez Perez
Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/07/2022
Partes del expediente
- Andrés Martinez Perez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Andrés Martínez Pérez, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, transcurrió del cinco al dieciocho julio de dos mil veintidós, con exclusión de los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintidós, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Destino del expediente (susceptible de destrucción) En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental, al resolverse: "PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Andrés Martínez Pérez, en términos de los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. (.)" Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios S.A./2805/2022 y S.A./2806/2022 de la Presidenta y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, rinden sus informes justificados, en el sentido de que son ciertos los actos reclamados. Como justificación de su informe remiten copia certificada de las constancias siguientes: 1. Copia certificada del auto once de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 255/2019. 2. Citatorio de trece de junio de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente laboral 255/2019. 3. Emplazamiento de catorce de junio de dos mil veintidós, dentro los autos del expediente laboral 255/2019. Por otra parte, las autoridades responsables informan que a partir del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se realizó el cambio de denominación de la autoridad responsable, por lo que ahora se denomina Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que adjuntaron a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Finalmente, a efecto de que transcurra la vista ordenada en este auto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las doce horas con un minuto del treinta de junio de dos mil veintidós, para su desahogo. Notifíquese por lista.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Andrés Martínez Pérez, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y de otra autoridad, radíquese con el número de expediente 255/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Andrés Martínez Pérez. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les pida dicho informe. En el entendido que los actos reclamados son los siguientes: 1. Al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, la negativa de proveer lo necesario para que se celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 255/2019. 2. Al Actuario en funciones de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, la omisión de realizar las notificaciones correspondientes, encomendadas dentro del expediente laboral 255/2019. Por tanto, las autoridades responsables deberán informar expresamente si es cierto o no el acto reclamado, en su caso, hacer las aclaraciones o precisiones que consideren pertinentes, pues el silencio sobre algún punto del acto reclamado, equivale a una omisión, lo que dará lugar, salvo prueba en contrario, a presumir cierto el acto reclamado de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, a la omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. TERCERO INTERESADO. El quejoso señala que desconoce la existencia del tercero interesado, sin embargo, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en una omisión de las autoridades responsables en el juicio laboral 255/2019, por tanto, una vez que se reciban los informes justificados solicitados, de advertirse su existencia, se proveerá lo conducente a su emplazamiento. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado la parte quejosa. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La presuncional legal y humana. 2. Instrumental Pública de Actuaciones. 3. Los diversos criterios sostenidos por el Tribunal y los que hayan sido sustentados por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuando a la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la instrumental pública de actuaciones se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Por otra parte, no ha lugar a tener como prueba los diversos criterios sostenidos por el Tribunal (sic) y los que hayan sido sustentados por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, en razón de que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación de las normas jurídicas, para establecer el alcance o significado de la ley, la cual, se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 215 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Jesús Martín Pech Díaz, Carmen Lara Zavala, José Martin Mata Lara y Macedonio Novelo Camara, pues de la certificación secretarial, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "josemartin27". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el autorizado, el correo electrónico lic.mata27@outlook.com. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a José Martin Mata Lara, con el nombre de usuario "josemartin27", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que sea ingresado el nombre de usuario "josemartin27" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables.
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