Andres Velazquez Novalina

Expediente 1166/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 38 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1166/2020
Año
2020
Actuaciones
38
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Andres Velazquez Novalina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Efectos del amparo. Con base en lo anteriormente expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, solicitado por Andrés Velázquez Dovalina, para efecto de que la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique que la presente resolución causó ejecutoria, deje sin efectos la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, y una vez que se allegue de mayores elementos para resolver, como ya se expuso en el cuerpo del presente amparo, y emita una resolución tocante al cambio de domicilio de Andrés Velázquez Dovalina, y su menor hijo A.V.A, en la cual deberá contrastar los derechos de las partes, a la luz del interés superior del menor. .". Inconforme con dicha determinación la parte quejosa, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta Ciudad, quien lo registró bajo el número 9/2022 y mediante ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida; en atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficios 646 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y 2700 de siete de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, copia certificada de la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 376/2013, relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diecinueve de octubre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 376/2013, relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el diecinueve de octubre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y fundando y motivando su nuevo actuar hizo saber los nuevos hechos y motivos de su nueva determinación sobre el cambio del domicilio en el que consideró las manifestaciones del entonces adolecente ahora mayor de edad para realizar el cambio de domicilio de depósito; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique la resolución causó ejecutoria, deje sin efectos la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, y una vez que se allegue de mayores elementos para resolver, como ya se expuso en el cuerpo del presente amparo, emita una resolución tocante al cambio de domicilio de Andrés Velázquez Dovalina, y su menor hijo A.V.A, en la cual deberá contrastar los derechos de las partes, a la luz del interés superior del menor. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 376/2013, relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el diecinueve de octubre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y fundando y motivando su nuevo actuar hizo saber los nuevos hechos y motivos de su nueva determinación sobre el cambio del domicilio en el que consideró las manifestaciones del entonces adolecente ahora mayor de edad para realizar el cambio de domicilio de depósito; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. No es óbice a lo anterior, las diversas manifestaciones que vierte la tercera interesada en su escrito de uno de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de que la autoridad responsable no se ajusta a los lineamientos de la ejecutoria de amparo ya que la autoridad no consideró atendiendo a los antecedentes que guarda los autos del juicio de controversia familiar ya había cesado la obligación de darle alimentos a su hijo. Al respecto, dígase que lo anterior es inoperante y no ha lugar acordar favorable sus consideraciones toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, además de dicha ejecutoria nunca se le dio lineamiento alguno a la responsable en la forma en que debía resolver respecto al cambio de domicilio de depósito del entonces adolecente ahora mayor de edad, ya que se le dio libertad de jurisdicción primeramente para agotar todas las cuestiones alternas para allegarse de la información necesaria que le permita determinar en protección del entonces menor hijo de la partes contendientes en el juicio natural, y si con base a los elementos recabados considera necesario el cambio de domicilio, lo podía realizar, empero, de manera fundada y motivada, esto además, con libertad de jurisdicción, lo que así aconteció ya que de autos se desprende que el adolecente menor ya alcanzó su mayoría de edad, quien además si declaró ante la autoridad responsable, por lo anterior, sus manifestaciones fueron tomadas en cuenta en el nuevo estudio de la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y ahora lo que pretende atacar la tercero son cuestiones diversas, por tal razón, este juzgado no puede analizar sus argumentos, de hacerlo así, se estaría excediendo en los alcances que se dieron el ejecutoria de mérito, ya que nunca fue materia de estudio la cuestión que ahora combate en su escrito de referencia. Por lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la tercera interesada a efecto de que lo haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa y tercero interesada María Naghelli Aviña Campos, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Efectos del amparo. Con base en lo anteriormente expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, solicitado por Andrés Velázquez Dovalina, para efecto de que la Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique que la presente resolución causó ejecutoria, deje sin efectos la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, y una vez que se allegue de mayores elementos para resolver, como ya se expuso en el cuerpo del presente amparo, y emita una resolución tocante al cambio de domicilio de Andrés Velázquez Dovalina, y su menor hijo A.V.A, en la cual deberá contrastar los derechos de las partes, a la luz del interés superior del menor. .". Inconforme con dicha determinación la parte quejosa, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta Ciudad, quien lo registró bajo el número 9/2022 y mediante ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, determinó confirmar la sentencia recurrida; en atención a lo anterior, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficios 646 de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y 2700 de siete de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, copia certificada de la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 376/2013, relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diecinueve de octubre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 376/2013, relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el diecinueve de octubre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y fundando y motivando su nuevo actuar hizo saber los nuevos hechos y motivos de su nueva determinación sobre el cambio del domicilio en el que consideró las manifestaciones del entonces adolecente ahora mayor de edad para realizar el cambio de domicilio de depósito; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dentro del término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique la resolución causó ejecutoria, deje sin efectos la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, y una vez que se allegue de mayores elementos para resolver, como ya se expuso en el cuerpo del presente amparo, emita una resolución tocante al cambio de domicilio de Andrés Velázquez Dovalina, y su menor hijo A.V.A, en la cual deberá contrastar los derechos de las partes, a la luz del interés superior del menor. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el diez de noviembre de dos mil veinte, en autos del expediente 376/2013, relativa a Convivencias del Orden Familiar, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el diecinueve de octubre del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación con libertad de jurisdicción en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y fundando y motivando su nuevo actuar hizo saber los nuevos hechos y motivos de su nueva determinación sobre el cambio del domicilio en el que consideró las manifestaciones del entonces adolecente ahora mayor de edad para realizar el cambio de domicilio de depósito; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. No es óbice a lo anterior, las diversas manifestaciones que vierte la tercera interesada en su escrito de uno de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de que la autoridad responsable no se ajusta a los lineamientos de la ejecutoria de amparo ya que la autoridad no consideró atendiendo a los antecedentes que guarda los autos del juicio de controversia familiar ya había cesado la obligación de darle alimentos a su hijo. Al respecto, dígase que lo anterior es inoperante y no ha lugar acordar favorable sus consideraciones toda vez que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue cumplido en sus términos tal y como quedó señalado en párrafos que anteceden, además de dicha ejecutoria nunca se le dio lineamiento alguno a la responsable en la forma en que debía resolver respecto al cambio de domicilio de depósito del entonces adolecente ahora mayor de edad, ya que se le dio libertad de jurisdicción primeramente para agotar todas las cuestiones alternas para allegarse de la información necesaria que le permita determinar en protección del entonces menor hijo de la partes contendientes en el juicio natural, y si con base a los elementos recabados considera necesario el cambio de domicilio, lo podía realizar, empero, de manera fundada y motivada, esto además, con libertad de jurisdicción, lo que así aconteció ya que de autos se desprende que el adolecente menor ya alcanzó su mayoría de edad, quien además si declaró ante la autoridad responsable, por lo anterior, sus manifestaciones fueron tomadas en cuenta en el nuevo estudio de la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y ahora lo que pretende atacar la tercero son cuestiones diversas, por tal razón, este juzgado no puede analizar sus argumentos, de hacerlo así, se estaría excediendo en los alcances que se dieron el ejecutoria de mérito, ya que nunca fue materia de estudio la cuestión que ahora combate en su escrito de referencia. Por lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la tercera interesada a efecto de que lo haga valer en la vía y forma en que corresponda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por María Naghelli Aviña Campos, tercero interesada mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte para los afectos legales a que haya lugar, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por José Carlos Flores Vargas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte para los afectos legales a que haya lugar, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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